Aprobará previsiblemente hoy el anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que supondrá que el fiscal, y no el juez de instrucción como hasta ahora, dirigirá la investigación en el proceso penal.

REDACCIÓN HO.- El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, llevará este viernes al Consejo de Ministros la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC), que otorga al Fiscal la investigación de los delitos y las faltas, con el convencimiento de que la legislatura culminará el próximo marzo y que el nuevo modelo de proceso penal podrá ver la luz antes de esa fecha, informa Europa Press.

Entre los aspectos más novedosos y sobre todo polémicos de esta reforma, en la que el Ministerio de Justicia, lleva trabajando durante meses, el fiscal, y no como hasta ahora el juez de instrucción, dirigirá las investigaciones. De esta forma, los representantes del Ministerio Público podrán poner fin a un procedimiento en el momento en el que no se consideren acreditados indicios de delito y serán los encargados de dirigir las labores de investigación de la policía judicial, tarea que hasta ahora correspondía a los jueces

Además, crea la figura del juez de garantías, encargado de velar por los derechos fundamentales del "investigado", que sustituye al antes denominado "imputado", y la del juez de audiencia preliminar, que examinará la validez del material probatorio y decidirá si se debe formular acusación contra esa persona.

Medios de comunicación

Con la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal se dice pretender también acabar con la denominada 'pena de telediario'. De esta forma, prohíbe facilitar durante la fase de investigación la identidad y las imágenes del detenido, mientras que establece que será el fiscal quien autorice dar el resto de información a los medios de comunicación.

Justicia ha puesto especial empeño en dar la máxima protección tanto a los derechos del detenido como a los del ofendido. Así, la norma recogerá un 'Estatuto de Víctimas' y delimitará detalladamente la intervención de las comunicaciones, los registros domiciliarios, la mediación, el principio de oportunidad, la protección de datos o las investigaciones encubiertas llevadas a cabo por los denominados 'agentes dobles'. La actuación del funcionario de la Policía Judicial con una identidad supuesta venía recogida  hasta ahora escuetamente en el artículo 282 bis de la actual LECrim.

Técnicamente, el Ministerio presentará este viernes al Gobierno dos anteproyectos que forman "un todo", uno que regula por ley orgánica los derechos fundamentales vinculados al proceso penal y otro que desarrolla lo anterior por ley ordinaria. El primero de ellos está integrado por 16 artículos que también contemplan las medidas limitativas de libertad, la intimidad de los investigados o lo concerniente a la protección de datos.

Delimitación de la acusación popular 

La norma, que busca declarar la culpabilidad "más allá de toda duda razonable", también limita la figura de la acusación popular, de forma que los sindicatos, las administraciones públicas, los partidos políticos no la puedan ejercer.  Tampoco podrá personarse la acción popular cuando la víctima del delito y el fiscal pidan el sobreseimiento del caso, aunque se tendrá en cuenta la relevancia pública del proceso.

La redacción de la nueva LEC ha incorporado sugerencias de la Comisión de modernización del lenguaje jurídico con el fin, se apunta, de alcanzar la máxima claridad de cara al ciudadano.

Con la reforma, el fiscal dará los primeros pasos de la investigación, la cual se extenderá a lo largo de 12 meses prorrogables para causas de gran complejidad como las relativas al terrorismo o al crimen organizado. El texto pretende también consolidar "una segunda instancia penal" y situar los derechos de defensa conforme a los estándares de Europa.

Entre otros puntos, también recoge que las exploraciones corporales  -por ejemplo al extraer muestras de ADN al detenido- se hagan siempre en presencia del personal médico autorizado junto con la autorización judicial. Durante el juicio, podrá haber careos entre testigos y el acusado podrá sentarse en compañía de su abogado defensor, y no como hasta que lo hace separadamente.

Recelos en torno a la independencia del fiscal

 Las asociaciones de jueces han defendido la necesidad de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) pero exigen que se adopten también medidas para garantizar la autonomía e independencia del Ministerio Público, mostrando sus reticencias sobre el hecho de que la dirección de la instrucción penal recaiga en manos del Ministerio Fiscal si su Estatuto Orgánico sigue contemplando la dependencia al Ejecutivo. A este respecto, Justicia responde que en "los países de nuestro entorno" el Ministerio Público está también relacionada con el Ejecutivo y, sin embargo, dirige la instrucción, y, ante estos temores, añade que el juez de garantías controlará sus decisiones.

 Por encima del principio de jerarquía que cumplen hoy en día los fiscales, con la reforma de la LEC deben seguir el de autonomía para que "ese fiscal al que se le adjudique la investigación de un caso no pueda ser dirigido por un superior, porque se pondría en tela de juicio la tutela judicial", ha dicho el portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV), Marcelino Sexmero.

En la misma línea se han pronunciado el portavoz del Foro Judicial Independiente (FJI), Javier Varona, quien ha destacado que "el principal riesgo de la modificación que se plantea" es no dotar a los fiscales de esa independencia. Los cambios en la LEC, tras más de 130 años en vigor, son "necesarios" para los tres portavoces, aunque Llarena ha dicho que el anuncio de la reforma es "un acto de vistosidad" por parte del Ministerio de Justicia.

También el portavoz de la la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llarena, considera que el anuncio persigue "diluir la polémica" surgida el mes pasado cuando ante el malestar de la Fiscalía se retiraron en el Congreso las enmiendas al proyecto de ley de agilización procesal que afectaban al proceso penal. Sobre la clarificación de la figura del "imputado", que pasará a denominarse "investigado", Sexmero ha señalado que viene motivado por las quejas de políticos y personalidades públicas imputadas.

Por otra parte, el proyecto ha sido reclamado durante años por la Fiscalía que considera que es "la reforma más necesaria para el Ministerio Público" y "la obra legislativa más relevante para la necesaria modernización de la Justicia española". Así lo destacó el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, esta semana en la toma de posesión como fiscal de sala del Tribunal Supremo de Pedro Crespo, uno de los miembros de la Comisión Redactora para la reforma de la LEC.

El PP: la medida irá en detrimento de la independencia del proceso

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, avisaba ya este martes de que ceder las investigaciones criminales a la Fiscalía "choca" con un modelo de Fiscalía General del Estado que está organizada bajo los principios de dependencia jerárquica y cuyo titular es nombrado por el Gobierno. "Ésa no es la mejor fórmula para garantizar la independencia en las investigaciones", ha asegurado la dirigente 'popular' en rueda de prensa en la Cámara Baja.

Sáenz de Santamaría ha abundado en que esa fórmula que plantea el Ejecutivo está reñida con una Fiscalía "que está organizada como está organizada" y con la que se han vivido "muchos casos de decisiones cuando no imposiciones" del propio Gobierno. En este sentido, la portavoz del primer partido de la oposición ha querido dejar claro que en las leyes procesales el PP buscará "siempre" que se cumpla que las investigaciones criminales se hagan con "agilidad", en defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos y con la "necesaria" independencia.

Trámites

El Ministerio remitirá el texto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al Consejo Fiscal, a la Abogacía Española y a departamentos de Derecho Procesal y Derecho Penal de diferentes universidades en vista a que llegue a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para finales de octubre. Valorará también consultar al Consejo de Estado, en función de los informes remitidos por las anteriores entidades.

El ministro también llevará este viernes al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de los tribunales de instancia, por la que se transformarán los tradicionales juzgados unipersonales en órganos colegiados.

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