Inquisición laica

Inquisición laica

«<a href="http://www.hazteoir.org/alerta/39019-si-educacion-diferenciada-si-libertad-no-ley-desigualdad" style="text-decoration: none; color: #003871; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none initial;">Sí a la educación diferenciada, sí a la libertad</
<strong style="text-decoration: none; color: #003871; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none initial;"><a href="http://www.hazteoir.org/alerta/35366-nuevo-instrumento-control-social-ley-igualdad-trato-y-no-discriminacion" style="text-decoration: none

ALBA, Luis Losada Pescador.- Decía Montesquieu que la democracia debe guardarse de dos excesos: “el espíritu de desigualdad, que la conduce a la aristocracia, y el espíritu de igualdad extrema, que la conduce al despotismo”. Voilá. La Ley de Igualdad de Trato amenaza con convertirse en un Gran Hermano que todo lo ve, todo lo oye, todo lo controla. La autonomía de la voluntad, la presunción de inocencia, la libertad de cátedra, la libertad educativa y la independencia judicial están en riesgo. Es la culminación del proyecto de ingeniería social de Zapatero con la guinda de una ‘alta autoridad de igualdad’ que actuaría a modo de inquisición laica durante 6 años. De ahí las prisas de Pajín para dejarlo todo atado y bien atado.

La Ley es clara al afirmar que los centros diferenciados no podrán recibir ayudas o subvenciones públicas. Pajín se muestra orgullosa porque tanto el Consejo de Estado como el Consejo Fiscal señalan que esta restricción no limita ni la libertad educativa ni la libertad religiosa. En cambio, todos los órganos consultivos –CGPJ, Consejo de Estado, CES y Consejo Fiscal- advierten al Gobierno que negar el concierto a la diferenciada obligaría a modificar la LOE. Pajín hace oídos sordos.  Y desde luego supone un atentado contra el 27.3 de nuestra Constitución que consagra la libre elección de los padres que la educación que desean para sus hijos. Un derecho contemplado en el art. 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el art 2 de la Convención de la UNESCO relativa a la lucha contra las discriminaciones en materia de enseñanza y el art. 14 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE del 2000.

El acoso a la educación diferenciada no es el único. La Ley Pajín también otorga legitimidad a los sindicatos –a los que Zapatero reclamaba cariño- para denunciar presuntos discriminaciones en el ámbito laboral. Los sindicatos se convertirían así en una especie de policía de igualdad colisionando con el Estatuto de los Trabajadores y quebrando lo dispuesto en la sentencia del Supremo de 27 de enero de 2009 que considera incluido en el principio de la libre empresa el derecho del empresario de buscar la rentabilidad del contrato de trabajo. Además, el empresario será el responsable de los actos discriminatorios o contrarios a la igualdad que practiquen sus trabajadores. Es decir, si un trabajador margina a otro por razón de su raza, por ejemplo, el responsable no será el trabajador discriminador sino la empresa para la que trabaja.

¿Justicia?

En cuanto a los clientes, se cercena el derecho de admisión y se interviene en las políticas comerciales. Así por ejemplo, las compañías se seguro se verán forzadas a incrementar las primas a las mujeres para evitar la supuesta discriminación de los hombres. Los cálculos actuariales –corazón del negocio del seguro- y las políticas de admisión se verán afectados por la Ley. Los clubes privados y los colegios mayores regidos por sus propios criterios y estatutos se verán afectados por la ley. Y los propietarios de viviendas, también. Si niegan el arrendamiento a alguien, tendrán que ser ellos quienes demuestren que su negativa no supone discriminación alguna, negando así la libertad de contrato.

Curiosamente la Ley Pajín también otorga legitimidad a las asociaciones de trabajadores autónomas legalmente constituidas desde hace al menos dos años y que trabajen específicamente en pro de la igualdad.

¿Por qué esta previsión legal de los autónomos?, ¿pensaba quizás la ley en UPTA, asociación hermana de UGT?, ¿se trata de construirla industria de la igualdad de manera similar a como se ha construido la industria del maltrato?

Tampoco los medios de comunicación escapan del la Ley Gran Hermano. En su art.23 se censura las actitudes o contenidos que “puedan causar discriminación”. Una redacción suficientemente ambigua como para quepa todo y nada al mismo tiempo. Una inseguridad jurídica contraria a la doctrina jurisprudencial de que las conductas reprochables deben estar tipificadas y acotadas. Así lo señala el CGPJ, el CES y el Consejo Fiscal que censuran que haya “guardianes abstractos de la legalidad”. Además, en su art. 28 se invierte la carga de la prueba negando la presunción de inocencia. Toda una patada al derecho y a nuestra tradición jurídica. Patada innecesaria si lo que se pretende es garantizar la igualdad y la no discriminación, contempladas en la directiva de TV Sin Fronteras traspuesta en la Ley 25/1994. ¿O es que se pretende una suerte de espada de Damocles sobre los medios que no se atienen al dogma delo políticamente correcto? Tal parece, porque el art. 46.1 establece penas de cierre de negocio o inhabilitación profesional para quien se salga del redil.

Por último, la Ley también establece “represalias” para aquellos que colaboren o participen en procesos administrativos o judiciales que vulneren la igualdad o supongan discriminación. Es decir, se reserva la posibilidad de sancionar a los jueces violando gravemente la independencia del poder judicial.

¿Y quién vigilará el cumplimiento del nuevo dogma? Además de los sindicatos, asociaciones de autónomos y partidos políticos, la ley prevé crear una Fiscalía especial de Igualdad y una Alta Autoridad de Igualdad. Se trata de una especie de inquisición laica nombrada por el Gobierno por un período de 6 años. Sus dictámenes agotarían la vía administrativa eliminando el recurso de alzada. Nueva anomalía. La colisión con el Defensor del Pueblo ha sido puesta de manifiesto por los órganos consultivos. Pero al Gobierno le da igual. Quiere disponer de una oficina de inquisidores –funcionarios o laborales- antes de abandonar el Gobierno. De ahí la tramitación por procedimiento de urgencia. Sería la peor herencia para el próximo Ejecutivo. La consolidación de una policía que vigilara de forma arbitraria los nuevos dogmas del zapaterismo. ¿Apoyará esto CiU?

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