Informe ANDOC: La libertad de conciencia violada de forma estructurada

Informe ANDOC: La libertad de conciencia violada de forma estructurada

Se presentará el miércoles 22 en el Consejo de Europa, sobre las vulneraciones del derecho a la objeción de conciencia de profesionales de la Sanidad Pública.

NOTA DE PRENSA / ANDOC.- El próximo miércoles, 22 de junio, la Asociación para la defensa del Derecho de Objeción de Conciencia (ANDOC) presentará  en una Audiencia pública ante el Consejo de Europa, en Estrasburgo su INFORME sobre los atentados al derecho de libertad de conciencia del personal médico.

El Informe ha sido elaborado en colaboración con el Centro Europeo para la Ley y la Justicia (ECLJ) y da cuenta de la situación de varios profesionales de la sanidad, que están siendo discriminados por haber querido ejercer este derecho fundamental, reconocido por normas legales europeas e internacionales.

Este informe será presentado por el Dr. Esteban RODRÍGUEZ MARTÍN, ginecólogo; por el Profesor José Antonio DÍEZ FERNÁNDEZ, Profesor de Derecho y Coordinador General de ANDOC, y por el Dr. Grégor PUPPINCK, Director del Centro Europeo para la Ley y la Justicia, ECLJ, Estrasburgo.

Antecedentes legislativos

A partir de la ley de julio del 2010, la libertad de conciencia de los personales de salud es violada de manera estructurada. El reporte presenta detalladamente las causas de la vulneración de este derecho fundamental, y aporta ejemplos precisos, nominativos, de profesionales sanitarios que han sido obligados a participar en un aborto, así como en los procedimientos de “cribado genético” con finalidad eugenésica.

Esta nueva situación se debe a que, a partir de la ley de julio 2010, el aborto ya no es considerado en España como una excepción al derecho a la vida, sino como un derecho autónomo y exigible al personal de salud y a la sociedad en general. La legislación española parte, de este modo, del principio erróneo que las profesiones médicas tienen la obligación profesional y moral de practicar el aborto, ya sea que se trate de un aborto “a solicitud” (hasta la 14ta semana), o “eugenésico”. Es únicamente de manera excepcional y restrictiva, que las profesiones médicas pueden pedir que se haga valer su objeción de conciencia.

Un derecho fundamental sometido a una autorización administrativa

Contrariamente al principio según el cual todo derecho fundamental se ejerce “de pleno derecho”, la ley española somete el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia a un procedimiento administrativo estricto. Este procedimiento, presentado formalmente como declarativo, implica, de hecho, una autorización previa: la Administración se reserva en realidad la posibilidad de rehusar la comunicación del objetor de conciencia por diversos motivos.

La creación de una lista negra de objetores             

La obligación de declararse como objetor ante la Administración, tiene como consecuencia la creación de un registro nominativo de objetores de conciencia. Además, esto constituye un medio de presión sobre el personal médico.

Un derecho fundamental subordinado a una interpretación restrictiva

La autoridad administrativa encargada de mantener el registro de los objetores rehúsa frecuentemente las declaraciones por el motivo que el objetor de conciencia no está “directamente implicado” en el procedimiento del aborto, o por razones de plazos de tiempo.

Los médicos de atención primaria, a pesar de ser los primeros que se enfrentan con las peticiones de aborto, no están autorizados a ejercer su derecho a la objeción de conciencia. Ellos tienen la obligación de remitir la mujer que desea abortar a un especialista, y firmar la “derivación” requerida para poder abortar.

En algunas comunidades autónomas, como Andalucía, las violaciones son aún más numerosas. La Consejería de Sanidad envía instrucciones oficiosas a los profesionales de la salud informándoles del carácter “obligatorio” del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. La contratación en el Servicio de salud de Andalucía está supeditada a la condición de no ser un objetor de conciencia.

ANEXO

Estas vulneraciones estructuradas violan directamente normas europeas e internacionales:

Resolución 1763 de PACE del 7 de octubre del 2010, sobre la “Objeción de conciencia en la atención médica”

§1Ninguna persona, hospital o institución será coaccionada, considerada civilmente responsable o discriminada debido a su rechazo a realizar, autorizar, participar o asistir en la práctica de un aborto, eutanasia o cualquier otro acto que cause la muerte de un feto humano o un embrión, por cualquier razón.

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea

Artículo 10 §2: « Se reconoce el derecho a la objeción de conciencia de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio.»

Recomendación 1518 de PACE (2001) sobre el “Ejercicio del derecho de objeción de conciencia al servicio militar en los Estados miembros del Consejo de Europa”

“(…) el derecho de objeción de conciencia es un aspecto fundamental del derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Europea de Derechos Humanos.”

Convención de Oviedo del 4 de abril de 1997[1]

Art. 12: “Sólo podrán hacerse pruebas predictivas de enfermedades genéticas o que permitan identificar al sujeto como portador de un gen responsable de una enfermedad, o detectar una predisposición o una susceptibilidad genética a una enfermedad, con fines médicos o de investigación médica y con un asesoramiento genético apropiado.”

Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, del 13 de diciembre del 2006

Art. 10: “Los Estados Partes reafirman el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de ese derecho por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás. “

CorteEDH, Tysiac c. Polonia, 20 de marzo del 2007

Es posible basarse en el artículo 9 de la Convención europea de los Derechos Humanos, con el fin de justificar una objeción de conciencia, si el individuo que objeta participa de manera activa o pasiva en el procedimiento en cuestión.

CorteEDH, R. R. c. Polonia, 26 de mayo del 2011

Los Estados deben organizar los servicios de salud de tal manera que se garantice al mismo tiempo “el ejercicio efectivo de la libertad de conciencia de los profesionales de la salud, dentro de su marco profesional” y el derecho de los “pacientes de acceder a los servicios a los cuales tienen derecho según la ley aplicable”.

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