75 años de la primera Ley del Aborto en España, al amparo del republicanismo catalán

De inspiración anarquista, el decreto de terminación artificial buscaba controlar la calidad racial. En el Cardenal de Barcelona, escenario del primer aborto legal en plena la Guerra Civil, se mató a entre 1.200 y 2.000 nonatos. 

LA GACETA, por José Mª Zavala.- Hace 75 años se aprobó en Cataluña la primera Ley del Aborto de la historia de España. De inspiración anarquista, esta norma se constituyó con un objetivo eugenésico, pues trataba de controlar científicamente la calidad racial de las generaciones futuras. Fue muy avanzada para su época, ya que ponía escasas objeciones a las mujeres que deseaban interrumpir sus embarazos.

PropagandaEl pabellón de maternidad del hospital Cardenal de Barcelona fue escenario, durante la Guerra Civil, del primer aborto legal practicado en nuestro país. Una mujer casada, de 25 años, yacía tendida sobre una de las cuatro camas, dispuesta a poner fin a su embarazo al amparo del decreto de “terminación artificial” (tal fue el eufemismo empleado entonces por las autoridades republicanas) del 25 de diciembre de 1936, publicado el 9 de enero de 1937 en el Diari Oficial de la Generalitat.

El documento había sido rubricado por el conseller en cap (primer ministro), Josep Tarradellas, y por los consejeros de Sanidad y Asistencia Social y de Justicia, Pere Herrera, de la CNT, y Rafael Vidiella, de UGT. Su inspiración se debía, en última instancia, a la ministra de Sanidad anarquista, Federica Montseny, primera mujer ministra de la Europa occidental.

El doctor Félix Martí Ibáñez, director general de Sanidad del Gobierno catalán, en plena Guerra Civil española, se sentía orgulloso de haber participado en el alumbramiento de un decreto abortivo como aquel, inédito en España. Para justificar su necesidad, Martí se amparaba en que la República Federal Suiza había incorporado el aborto a su legislación ya en 1916; igual que lo hizo luego Checoslovaquia, en 1925, también para restringir la maternidad. Martí alardeaba de que incluso el Japón imperialista lo había autorizado en el año 1929 como medida eficaz contra el excesivo aumento de la natalidad; así como la Unión Soviética, en el Código de 1926.

Al servicio de la raza

 Y ahora, en la España republicana, el decreto de 25 de diciembre comenzaba señalando la necesidad de evitar los abortos clandestinos que ponían en peligro la vida de la madre: “Hay que acabar –se propugnaba en la introducción– con el oprobio de los abortos clandestinos, fuente de mortandad maternal, para que la interrupción del embarazo pase a ser un instrumento al servicio de los intereses de la raza y efectuado por aquellos que tengan solvencia científica y autorización legal para hacerlo”.

La reforma tenía de esta manera un claro y polémico objetivo eugenésico, pues trataba de controlar científicamente la calidad racial de las generaciones futuras, eliminando, como en el caso de la primera mujer sometida a un aborto legal, el riesgo de otro hijo con una enfermedad congénita. Se privaba así injustamente del derecho a la vida, a juicio de la mayoría de la clase médica, a los embriones sospechosos de padecer algún tipo de tara no deseada por la madre.

La legislación de 1936 era realmente avanzada para su época, dado que ponía escasas objeciones a las mujeres que deseaban interrumpir su embarazo. Los abortos se clasificaban en cuatro categorías: eran “terapéuticos”, si paliaban la mala salud física o mental de la madre; “eugenésicos”, como acabamos de ver, si se pretendía evitar la transmisión de enfermedades mentales o defectos físicos, además de combatir el incesto; “neomaltusianos”, para aplicar un control voluntario y eficaz de la natalidad; y “personales”, si por razones éticas o sentimentales se quería acabar con la maternidad no deseada.

Amas de casa

El doctor Martí presumía, en sus memorias, de que en un único mes (junio de 1937) se habían practicado 300 abortos en el Hospital Clínico, de los cuales nada menos que 21 se realizaron en una sola mañana. Pero una investigación realizada en los archivos del hospital, en el año 1981, reveló la existencia de 162 casos durante todo el año 1937, 64 de ellos en pacientes de Cataluña y el resto de otros lugares de España. Solamente 13 pacientes contaban menos de 21 años; algunas eran milicianas y la mayoría, amas de casa. Extrapolando esos datos, se ha estimado finalmente entre 1.200 y 2.000 el número total de abortos cometidos al amparo de la Ley en el bando republicano.