El Estado "estudia" pedir indemnizaciones por la crisis del pepino

Lo habitual en nuestro Gobierno, reaccionar tarde y mal. La imagen de España no es que haya sido dañada, se ha permitido que quede por los suelos, como los pepinos.

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REDACCIÓN HO.- El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha anunciado que la Abogacía del Estado "está estudiando" toda las acciones legales disponibles para pedir indemnizaciones por los "perjuicios" generados en el sector hortofrutícola español por el brote de la bacteria 'E.coli' en Alemania.

En la sede de su Departamento, Caamaño ha afirmado que parece, en principio, "evidente" que se ha desatado "una alerta sin fundamento" y ha añadido que su Ministerio junto con la Abogacía del Estado están trabajando desde el primer día por "verificar" esta situación y "construir jurídicamente" una salida a la crisis del pepino.

¿Habrá escuchado el ministro las declaraciones de la ministra de Sanidad alemana?

En este sentido, el ministro ha señalado que las normas de la Unión Europea permiten emitir una "alerta temprana" pero ha enfatizado que, "obviamente, quien lo pone en marcha tiene que asumir unas responsabilidades".

En los informativos del día, se podían escuchar las declaraciones de la ministra de sanidad alemana, quien ha confirmado que "los pepinos españoles no son la fuente del brote de la variante de la bacteria E. coli que ha causado 15 muertes y afectado a más de 1.400 personas en Alemania", Cornelia Prüfer-Storks. Sin embargo, Cornelia ha eludido pedir disculpas a España y asumir responsabilidades.

De este modo, ha indicado que la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) puede activar este mecanismo pero debe ser consciente de que esa alerta genera "una cadena de responsabilidades en caso de que no se haya hecho el uso debido del mismo en los términos más adecuados o se haya manejado sin la debida prudencia". De hecho, ha añadido, el Tratado de la Unión Europea establece una vía específica para exigir responsabilidades.

La Abogacía "atenta" desde el principio

"En este momento estamos estudiando que, si no existe una vía específica para indemnizar, como se ha hecho en el caso de la colza, si no existe una vía propia de la Unión Europea para subsanar los perjuicios que se hubieren causado, existe una vía que estamos estudiando que es el llamado recurso de incumplimiento que nos permitiría, en su caso, exigir responsabilidades para hacer frente a los perjuicios que, si así se acredita, innecesariamente se han cometido en los sectores productivos españoles afectados", ha explicado.

El recurso por incumplimiento es un recurso dirigido contra un Estado miembro que no cumple las obligaciones previstas en la normativa comunitaria. Tanto la Comisión Europea como un Estado miembro pueden iniciar este procedimiento.

Finalmente, Caamaño ha puesto de manifiesto que los servicios jurídicos del Estado han estado "atentos" desde el primer momento a esta crisis, poniéndose en contacto con la Secretaría de Estado de la Unión Europea, el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.