"Es hora de exigir responsabilidad por el inicuo modelo lingüístico catalán"

"Es hora de exigir responsabilidad por el inicuo modelo lingüístico catalán"

Reflexiones de Convivencia Cívica Catalana ante la sentencia favorable del TS a los tres padres que vieron vulnerados sus derechos a raíz de la exclusión del castellano impuesta en Cataluña.

REDACCIÓN HO.-  El Tribunal Supremo se ha pronunciado en términos inequívocos sobre el modelo lingüístico implantado en las escuelas de Cataluña: "Como afirma el motivo y en contra de la doctrina del Tribunal Constitucional, esa exclusión de hecho del castellano como lengua vehicular pervierte el modelo lingüístico establecido en la Constitución de conjunción lingüística o de bilingüismo integral, de modo que se implanta un modelo de inmersión lingüística contrario al espíritu y a la letra de la Constitución". El Presidente de Convivencia Cívica Catalana, Francisco Caja, acompañado de los tres padres que obtuvieron la sentencia favorable a sus peticiones, valoraron en una muy concurrida rueda de prensa el fallo. Las principales conclusiones las exponemos a continuación.

En primer lugar, Caja hizo un poco de historia. El inconstitucional modelo llamado de inmersión lingüística fue implantado por el gobierno catalán en el curso 1993-4, mediante diversos decretos (Decreto 75/1992, de 9 de marzo, Decreto 94/1992, de 28 de abril, y Decreto 95/1992, de 28 de abril). De nada sirvió que el 23 de diciembre el Tribunal Constitucional en su sentencia 337/94 se pronunciara en términos inequívocos acerca de la inconstitucionalidad de la exclusión de cualquiera de las lenguas cooficiales como lengua vehicular. Esa sentencia en ningún caso legitimaba la constitucionalidad del modelo de inmersión lingüística, sino el de conjunción lingüística o de bilingüismo integral (un modelo en el que ambas lenguas cooficiales son utilizadas como lenguas vehiculares). Pero, como dice la sentencia, ese modelo constitucional había sido pervertido ya por el gobierno de la Generalidad.

Pero, al César lo que es el del César: el gobierno catalán contó con los colaboradores necesarios para el mantenimiento de ese modelo inconstitucional. Con el PSOE primero y el PP, más tarde. En 1996 el PP accede al gobierno mediante un pacto con CiU, el llamado pacto del Majestic, y consiente la situación de inconstitucionalidad que el modelo de inmersión lingüística supone. La situación se agravará en 1998 con la entrada en vigor de la Ley 1/1998, de Política Lingüística, que supondrá la elevación de ese sistema a rango de Ley. El PSOE y el PP no sólo no impugnarán esa ley ante el Tribunal Constitucional sino que impedirán que el Defensor de Pueblo interponga el recurso de inconstitucionalidad solicitado por Convivencia Cívica Catalana contra la misma. Las presiones que ejercieron sobre el ombudsman español destacadas figuras de ambos partidos, sumadas a las amenazas del propio Presidente Pujol, hicieron finalmente desistir al entonces Defensor del Pueblo, el Sr. Álvarez Miranda, de su decisión de interponer el recurso.

En resumen, la irresponsabilidad de los dos grandes partidos nacionales, que han preferido vulnerar la Constitución para gobernar con los nacionalistas antes que llegar a los necesarios acuerdos de Estado entre ellos, y la permanente deslealtad constitucional de los nacionalistas han hecho posible el mantenimiento de un sistema lingüístico escolar que vulnera gravemente el derecho de educación y el principio de igualdad.

Durante 17 años los escolares catalanes han sufrido un modelo lingüístico escolar inicuo y es hora de exigir responsabilidades por ello. Lejos de ello los nacionalistas se han apresurado a declarar que no acatarán la sentencia, que no modificarán una sola coma del actual sistema de inmersión. Su actitud certifica la naturaleza antidemocrática de la ideología que profesan. Atentar contra las bases del Estado de derecho el algo que no puede quedar impune. Nos jugamos en este envite los fundamentos de la democracia: la separación de poderes. Porque el fallo de la sentencia es inequívoco:

"Declaramos el derecho del recurrente a que el castellano se utilice también como lengua vehicular en el sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Cataluña, y en consecuencia y para ello la Generalidad deberá adoptar cuantas medidas sean precisas para adaptar su sistema de enseñanza a la nueva situación creada por la declaración de la Sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán".

Sts cuca: «que anulamos por no ser conforme con el Ordenamiento Jurídico y declaramos el derecho de la recurrente a que el castellano se utilice también como lengua vehicular en el sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Cataluña, y en consecuencia y para ello la Generalidad deberá adoptar cuantas medidas sean necesarias para adaptar su sistema de enseñanza a la nueva situación creada por la declaración de la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán, incluyendo el derecho de los niños en educación infantil a recibir la enseñanza en la lengua peticionada por los padres y de igual modo declaramos que el modelo oficial de preinscripción en educación infantil ha de preguntar por la lengua habitual a los padres o tutores de los niños preinscritos en los cursos escolares en centros sostenidos con fondos públicos".

Afortunadamente en nuestro ordenamiento jurídico existen los medios para hacer que las sentencias se lleven a puro y debido efecto. Desafiar al Estado es una estrategia insensata. Es la que parece que los nacionalistas han adoptado. Pero la inmersión lingüística está herida de muerte. Sin duda los nacionalistas pueden prolongar su agonía. Pero con ello sólo lograrán acelerar la muerte de su propio proyecto político que ahora, despojado de sus máscaras, se revela como un proyecto intrínsecamente antidemocrático.

Conclusiones e implicaciones de las sentencias: 

1.- El único sistema educativo legal hoy para Cataluña acorde con el Ordenamiento Jurídico sería:

  • Educación infantil y primer ciclo de primaria: En la lengua de educación elegida por los padres, excluyendo el sistema de atención individualizada. El modelo de preinscripción debe preguntar por la lengua familiar habitual para poder planificar necesidades lingüísticas.
  • Primaria y ESO: Modelo de conjunción lingüística o bilingüismo integral: Se excluye explícitamente la inmersión lingüística y obliga a que, tanto el castellano como el catalán sean lenguas vehiculares, en proporciones que pueden ser variables según el grado de normalización de cada lengua (entorno socio-lingüístico). Este trato de favor a una lengua siempre será “transitorio, suficientemente motivado y nunca excluirá a la otra como lengua de educación”. Ninguna lengua puede ser considerada “preferente” o “única”, ni normativamente ni de hecho.

2.- Las sentencias obligan a la Generalitat a adaptar su sistema educativo:

  • El Tribunal Supremo no se limita a resolver tres casos puntuales, sino que analiza y juzga el sistema educativo, el fallo, explícitamente, afecta al sistema global y obliga* a un cambio en el sistema de enseñanza, para adaptarlo a la situación tras la STC 31/2010.(*el fallo utiliza el término “deberá adaptar” , y no “podrá adaptar”).

3.- Las sentencias rebaten con contundencia los argumentos de la Generalitat y las sentencias del TSJC

  • Las sentencias anulan, “dejando sin ningún valor ni efecto” las resoluciones  administrativas de Educació y las sentencias del TSJC. (No se limita a “revocarlas”)

4.- La Política lingüística de la Generalitat ha ido demasiado lejos, extralimitándose en las competencias constitucionales y los mandatos judiciales, que han interpretado a su conveniencia.

  • También es responsable de esta situación el Estado que debería controlar y corregir estos excesos.

EJECUCIÓN: 

ART. 104

1. Luego que sea firme una sentencia, se comunicará en el plazo de diez días al órgano que hubiera realizado la actividad objeto del recurso, a fin de que, una vez acusado recibo de la comunicación en idéntico plazo desde la recepción, la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo y en el mismo plazo indique el órgano responsable del cumplimiento de aquél. 

2. Transcurridos dos meses a partir de la comunicación de la sentencia o el plazo fijado en ésta para el cumplimiento del fallo conforme al artículo 71.1.c), cualquiera de las partes y personas afectadas podrá instar su ejecución forzosa.

3. Atendiendo a la naturaleza de lo reclamado y a la efectividad de la sentencia, ésta podrá fijar un plazo inferior para el cumplimiento, cuando lo dispuesto en el apartado anterior lo haga ineficaz o cause grave perjuicio.

ART. 112 LEY REGULADORA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

 Transcurridos los plazos señalados para el total cumplimiento del fallo, el Juez o Tribunal adoptará, previa audiencia de las partes, las medidas necesarias para lograr la efectividad de lo mandado, y singularmente, previo apercibimiento, podrá:

a) Imponer multas coercitivas de 25.000 a 250.000 pesetas a las autoridades, funcionarios o agentes que incumplan los requerimientos del Juzgado o de la Sala, así como reiterar estas multas hasta la completa ejecución del fallo judicial, sin perjuicio de otras responsabilidades patrimoniales a que hubiere lugar la imposición de estas multas le será aplicable lo previsto en el artículo 48.

b) Deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder.