Garzón podrá ejercer como consultor colombiano durante un año

La Comisión Permanente del GCPJ ha adoptado la decisión por la mínima: tres votos frente a dos.

REDACCIÓN HO / EUROPA PRESS.- La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este martes, por tres votos favorables frente a dos en contra, conceder a Baltasar Garzón, suspendido de sus funciones como juez, la situación de "compatibilidad por periodo de un año", para que pueda ejercer como asesor del gobierno colombiano dentro de la misión que la Organización de Estados Americanos (OEA) tiene en ese país.

El CGPJ ha adoptado esta decisión teniendo en cuenta un informe de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que indica que no hay ningún inconveniente para que Garzón, pese a la suspensión que recae sobre él, pueda desempeñar esa labor, ya que "no se han adoptado en ninguna de las tres causas seguidas frente al mencionado magistrado medidas cautelares que impidan su residencia fuera de España".

Así mismo, el CGPJ ha tomado en consideración un documento de la propia OEA, de fecha 9 de mayo de 2011, en el que se señala que, como consultor, Garzón "no tendrá ningún tipo de inmunidad que afecte a la situación procesal que pueda tener en España".

Dos votos discrepantes

La autorización se concede por entender el CGPJ que se mantienen las mismas circunstancias que se tuvieron en cuenta en mayo de 2010, cuando se dio permiso a Garzón para ejercer como asesor de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI), pese a haber sido suspendido a raíz de la decisión del TS de sentarle en el banquillo por el caso de la Memoria Histórica. Los vocales Almudena Lastra y Antonio Dorado, según han informado fuentes del Consejo, han mostrado su discrepancia respecto de esta decisión.

Los otros tres vocales que conforman la Comisión Permanente, además de conceder el permiso, entienden que los efectos económicos del acuerdo deberán ajustarse a las previsiones de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Durante el debate de este asunto en la Comisión Permanente, Lastra ha fundamentado su oposición en el hecho de que, con carácter general, no es posible conceder compatibilidad a quien, como es el caso de Garzón, no ejerce actualmente jurisdicción y, por lo tanto, no ve afectado el ejercicio de su función. A juicio de esta vocal, la actividad que pretende desarrollar Garzón en Colombia es de carácter internacional, por período superior a seis meses, y por ello no se trata de un supuesto de actividad compatible, sino que es uno de los que acarrean la declaración en la situación administrativa de servicios especiales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 351 b) de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Por su parte, Antonio Dorado entiende que no procede la concesión de compatibilidad dada la situación administrativa en que se encuentra el solicitante, y añade que la declaración en la situación de servicios especiales en la carrera judicial no le fue reconocida por este mismo Consejo el año pasado.

Tras el TPI, Colombia

El pasado 11 de abril, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, confirmó durante su visita oficial a España que, cuando termine la labor que desarrolla en el TPI, Baltasar Garzón asesorará a su gobierno en temas relacionados con el proceso de paz, dentro de la misión que la OEA tiene establecida en Colombia.

El pasado mes de diciembre, la Comisión Permanente del CGPJ prorrogó de forma indefinida el permiso concedido Garzón para trabajar para la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) con los votos a favor del presidente del CGPJ, Carlos Dívar, y los vocales Manuel Almenar y Margarita Robles. Entonces también se registró el voto en contra de Antonio Dorado, en tanto que Almudena Lastra se abstuvo.

A Garzón le había sido concedido en mayo de 2010 un primer permiso de siete meses para trasladarse a La Haya, pero no se le otorgó el estatus de juez "en servicios especiales" que Garzón había solicitado.

Actualmente el polémico juez acumula dos suspensiones, pues está procesado por supuesta prevaricación en el caso de la Memoria Histórica y también será juzgado por ordenar intervenir conversaciones de imputados de la trama "Gürtel" con sus abogados en prisión.