El Gobierno aprueba con eufemismos su Ley de 'Muerte Digna'

El Gobierno aprueba con eufemismos su Ley de 'Muerte Digna'

«<a href="http://www.hazteoir.org/noticia/36899-i-jornadas-dav-frase-muerte-digna-quiere-conseguir-que-personas-maten-otras">I Jornadas DAV: "La frase 'muerte digna' quiere conseguir que unas personas maten a otras</a>»
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REDACCIÓN HO.-  Una ley de 'muerte digna' para "mejorar la calidad de vida del paciente". Es lo que hemos tenido que oír hoy en boca de la ministra de Sanidad, Leire Pajín, al tratar de argumentar la ley. El Ejecutivo de Zapatero quiere evitar un rechazo cívico como el que suscitó la reforma de la ley del aborto. Por eso abre las puertas a la eutanasia con esta ley bajo palabras amables como las que se refieren a facilitar al enfermo terminal la ausencia de dolor, o aludiendo a otros como el deseo de evitar el ensañamiento terapéutico. Pero lo cierto es que, en vez de una reclamada y plausible ley nacional de cuidados paliativos, lo que nos encontramos es con un texto que contempla ya bajo enredos verbales el "derecho a morir" o que obliga a los profesionales sanitarios a garantizar la sedación "paliativa" que acorta la vida.

Tal es el deseo de disimular su contenido que finalmente el gobierno de Zapatero ha decidido cambiarle el nombre de "Ley de muerte digna" y pasa a llamarlo "Ley Reguladora de los Derechos de la Persona en el Proceso Final de la Muerte", aunque es consciente de que popularmente se le seguirá denominando "Ley de Muerte Digna". Y para que todo se revista de mayo sigilo, la aprobación de anteproyecto por el Consejo de Ministros coincide con la de las primeras ayudas para los damnificados por el terremoto registrado en Lorca (Murcia), tragedia en la que los ciudadanos, y con ellos los medios de comunicación, tienen puestos sus ojos. 

La norma, como presumíamos, calca las rechazables de Andalucía o Aragón sobre este tema: igualará en todo el Estado "los derechos" de los pacientes en la asistencia paliativa, tanto en la sanidad pública como en la privada. Su objetivo, dicen, es "impedir que en algunas comunidades se muera peor que en otras" sobre todo después de lo que consideran una "persecución", la gran polémica  originada por el doctor Luis Montes a raíz del caso Leganés.

El derecho fundamental que reconocerá será el de garantizar a los enfermos terminales una sedación paliativa que acorte la vida, que justifican en que le permita a paciente "morir sin dolor, sin sufrimiento innecesario y sin ensañamiento terapéutico". Se respetará la voluntad del paciente que podrá renunciar a un tratamiento que le alargue artificialmente la vida.

El enfermo también tendrá derecho a recibir apoyo emocional de sicólogos, apoyo espiritual según sus creencias religiosas y a estar acompañado en el momento final por sus familiares respetando además su intimidad y la de su familia.

Otro aspecto importante será la regulación de la muerte domiciliaria. Estos pacientes podrán ser atendidos en casa si desean morir en su domicilio. Por eso la ley garantizará una adecuada coordinación con los servicios hospitalarios de cuidados paliativos para que la asistencia en el domicilio tenga la calidad necesaria.

La ley refuerza otros derechos ya existentes como el de manifestar las últimas voluntades sobre el tratamiento o los cuidados paliativos que quiere recibir en el proceso de la agonía. Se trata de lo que conocemos como testamento vital, un documento que solo tienen suscrito en España 81.000 personas, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad. Como las otras leyes autonómicas de Andalucía, Aragón o Navarra, la norma estatal tampoco reconocerá la objeción de conciencia.

Después de pasar mañana por el Consejo de Ministros, el gobierno enviara el anteproyecto a los órganos consultivos pertinentes y al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para 'consensuarlo' con las Comunidades Autónomas. El Ejecutivo pretende que el proyecto sea remitido a las Cortes en el mes de junio.

Una ley y su comparsa: la campaña de Montes

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