Los colectivos en defensa de la familia rechazan la reforma del Registro Civil

Incluso los propios funcionarios de Justicia han protestado por los perjuicios que conllevará.

• El Estado podrá decidir los apellidos de tus hijos
• Pide a los Grupos Políticos en el Senado que rectifiquen su apoyo 
• La reforma del Código Civil avanza hacia la destrucción de la familia como institución jurídica relevante
  
• La reforma hace desaparecer el libro de familia

REDACCIÓN HO.- Las asociaciones cívicas en defensa de la familia rechazan el acuerdo alcanzado en el Congreso en la tramitación del proyecto de ley de Registro Civil, por el que será un funcionario del Registro Civil quien decida el orden de los apellidos en el caso de que los padres no sean capaces de ponerse de acuerdo en un plazo de tres días. En este sentido, denuncian las nefastas consecuencias de la reforma.

El presidente de HazteOir.org Ignacio Arsuaga, afirma que "se trata de una medida absurda, que no soluciona nada y crea un problema hasta ahora inexistente" y ha indicado que "no es lógico ni responde a la realidad pensar que el funcionario del Registro esté más interesado en el bien del menor que los propios padres en la inmensísima mayoría de los casos".

Igualmente, señala que la reforma "avanza hacia la destrucción de la familia como institución jurídica relevante" y pide a los Grupos Parlamentarios de la oposición que "varíen radicalmente en el Senado y en el Pleno del Congreso el apoyo prestado a esta reforma en la Comisión de Justicia". Los ciudadanos, de hecho, están apoyando con interés la alerta promovida por HO en este sentido.

Y es que, como concluye Arsuaga, la reforma "supone un ataque frontal a la institución familiar, al eliminar el Libro de Familia, un instrumento fundamental para identificar para identificar a la familia como una unidad jurídicamente relevante". Además, considera que el hecho de sustituir este documento por el llamado Código Personal "aísla al individuo frente al Estado y contribuye a la eliminación de los vínculos fundamentales que sostienen la sociedad".

En declaraciones a Europa Press, el presidente del Instituto de Política Familiar (IPF), Eduardo Hertfelder, ha calificado como "una auténtica tomadura de pelo" que el orden de los apellidos lo decida el funcionario y ha explicado que lo que se está haciendo es que "sea el Estado el que tome posesión de todas las cosas. Así, ha apuntado que éste "es un pasito más al dominio del Estado a la hora de usurpar los derechos de los padres". Además, ha criticado que "lo que podría ser un chiste de mal gusto se convierte en una realidad".

Los propios funcionarios  advierten de los perjuicios de la reforma

Tampoco hay que olivar que es una reforma con la que dicrepan muchos funcionarios de Justicia. En este sentido, cabe recordar la manifestación que rpotagonziaron el pasado abril en Guadalajara para protestar contra la Ley del Registro Civil y la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) cuandi estaba en trámite en el Congreso, ya que a su juicio elimina la cercanía del servicio con los ciudadanos.

El presidente de la Junta de Personal de la Administración de Justicia de Guadalajara, Carlos Loscertales,explicaba entonces que lo que prevé la ley es reformar el sistema actual centralizándolo en oficinas generales que se van a constituir en cada comunidad autónoma, lo que a su juicio, supondrá eliminar la cercanía que tenían los ciudadanos para acceder al registro civil.

Asimismo, advertía que se producirá una restricción a la movilidad de los trabajadores, se reducirá la oferta de empleo público y se cambiará el estatus jurídico de los empleados, que se redistribuirán en otras áreas de los juzgados. Loscertales ha indicado que, aunque aún no se ha decidido quién atenderá los nuevos registros civiles -que podrían pasar a manos de empleados autonómicos, municipales o incluso se podrían externalizar-, la nueva ley supondrá "cambiar a funcionarios preparados y con experiencia por otros".

En Castilla-La Mancha hay actualmente medio centenar de funcionarios encargados de los registros civiles y unos 2.000 en el ámbito nacional, precisamente la cantidad de puestos de trabajos que Loscertales cree que se van a "liquidar" con la entrada en vigor de la nueva ley. Por ello, abogaba por mantener los actuales puestos de trabajo y ampliarlos, porque, "sólo en Guadalajara, ya hay un déficit de funcionarios en Registro Civil, a pesar de que la preparación de la plantilla sea alta".

Por otra parte, Loscertales ha aprovechado su comparecencia para criticar la situación de los juzgados de Guadalajara, que ha calificado de "absolutamente calamitosa" por la falta de juzgados y de plantilla.

Ha estimado que Guadalajara necesita un juzgado de lo penal, otro de lo social y uno más de lo contencioso, así como un refuerzo de plantilla en el juzgado de Menores, un juzgado específico de mercantil y otro sobre la violencia contra la mujer.