REDACCIÓN HO / EUROPA PRESS.- El fiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista se ha opuesto a la declaración del secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, como testigo en la causa en la que se investiga el chivatazo a ETA en el bar 'Faisán', al considerar "normales" las llamadas que intercambió la noche anterior a la delación con dos de los tres imputados.

Bautista ha defendido este argumento durante una vista ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal en la que se ha analizado el recurso de apelación presentado por la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), que ejerce la acusación popular, contra el auto del juez instructor Pablo Ruz en el que rechazaba llamar a declarar a Camacho, número dos del Ministerio del Interior.

La asociación solicitaba la declaración argumentado que entre el 1 de mayo y el 16 de septiembre de 2006 el ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, y el jefe superior de Policía del País Vasco, imputados en la causa junto a un inspector de Álava, contactaron con un número fijo y dos móviles de la Subsecretaría del Ministerio de Interior que eran utilizados por Camacho.

El representante del Ministerio Público ha defendido que las llamadas entre Camacho y los imputados, una de las cuales se produjo el 3 de mayo de 2006 (día antes del chivatazo), deben enmarcarse en la relación de jerarquía que existía entre ambos y en el contexto de la 'operación Urogallo', con la que se pretendía detener a los responsables etarras que se dedicaban al cobro del denominado 'impuesto revolucionario'.

De la misma forma, ha defendido que las llamadas señaladas por DyJ no fueron analizadas por el equipo de investigación que trató de esclarecer el chivatazo y que García Hidalgo ya ha declarado en esta causa que "no sabía nada" sobre la delación, lo que le hace suponer que su interlocutor (Camacho) "tampoco".

El fiscal también ha diferenciado el caso de Camacho y el del ex comisario general de Información Telesforo Rubio, que tuvo que declarar para explicar si el jefe de la investigación, Carlos Germán, pidió a sus superiores borrar la conversación en la que el dueño del 'Faisán', Joseba Elosua, admitía el chivatazo, como había indicado ante el juez el comisario jefe accidental de la Unión Central de Inteligencia, José C. A juicio de Bautista, Rubio tenía "conocimientos generales sobre la operación y el secretario de Estado no".

Dignidad y Justicia, por su parte, han defendido la comparecencia del número dos de Interior alegando que en la causa han declarado todos los responsables políticos y policiales que mantuvieron contacto telefónico en las horas previas al chivatazo a excpeción de Camacho, que además llamó al director general de Policía a "un teléfono de seguridad" (de tarjeta prepago), con lo que habría pretendido "proteger la confidencialidad de sus comunicaciones".

El juez Ruz acordó el pasado 1 de febrero la identificación de tres teléfonos que estaban asignados a la Subsecretaría del Ministerio del Interior, uno de los cuales era utilizado por Antonio Camacho, después de constatar las llamadas que intercambió con García Hidalgo. Sin embargo, tres días más tarde, rechazó la posibilidad de interrogarle por "la irrelevancia del tráfico de llamadas", que se podía achacar, a su juicio, a la "relación orgánica y funcional" que el secretario de Estado mantenía con sus interlocutores.

Los magistrados Ángel Hurtado (ponente), Fernando García Nicolás y Julio de Diego serán los encargados de dictar un auto en el que se determinará si respaldan los argumentos del juez instructor de no citar a Camacho o se inclinan por revocarlos y ordenar, por tanto, que preste testimonio.

En la causa están imputados por un delito de colaboración con organización terrorista (penado con hasta 10 años de cárcel) y otro de revelación de secretos (con un máximo de 3 años) el ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo; el jefe superior de Policía del País Vasco; y el inspector José María Ballesteros.

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