ERE: Sigue la obstrucción de la Junta andaluza a la Justicia

Griñán se opone a que la juez acceda a todas las actas de los expedientes falsos aprobados por su gobierno.

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Además, la Fiscalía Anticorrupción también ha designado al fiscal Manuel Fernández Guerra para que, junto al también fiscal Juan Enrique Egocheaga, participe en esta investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla en torno a esta posible trama.

A preguntas de los periodistas en Linares (Jaén), Griñán ha considerado que, "después de todo lo que se ha dicho", la postura de la Junta, del Consejo de Gobierno y de los servicios jurídicos coincide con la opinión de la Fiscalía.  

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, investiga como es sabido esta posible trama de prejubilaciones fraudulentas financiadas con fondos autonómicos y su relación con el acuerdo rubricado entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), al objeto de librar 647.869.157,45 euros durante los últimos años para la reestructuración de empresas en crisis. Y es que con la citada fórmula, según la investigación, los libramientos de ayudas habrían eludido la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización administrativa.

Las subvenciones e incentivos otorgados mediante este método, ni siquiera publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), constituyen según la Policía Judicial un "incumplimiento flagrante" de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

La Consejería de Empleo, en una 'investigación' paralela, ha elevado a la juez Mercedes Alaya un reducido total de 72 prejubilaciones falsas, que el gobierno andaluz prefiere denominar como "intrusos", y otras 111 con algún tipo de "discordancias administrativas" en los expedientes de regulación de empleo promovidos por al menos una treintena de empresas andaluzas con cargo a este fondo de 647.869.157,45 euros. 

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