CCOO frenó con amenazas una investigación interna sobre los ERE fraudulentos

Tanto Comisiones como UGT cobraban un 1% de los ERE fraudulentos andaluces. Aumenta el escándalo, pero nadie asume responsabilidades.

• La Junta se enfrenta a la juez por las actas de los ERE

REDACCIÓN HO.- Comisiones Obreras decidió paralizar en 2009 una investigación interna que quería aclarar las irregularidades de los ERE fraudulentos. En este sentido, la sección textil y química (Fiteqa) de Málaga propuso informar a la ejecutiva regional "de las posibles irregularidades de los fondos públicos en la Federación de Andalucía".

Sin embargo, tal y como cuenta El País, la iniciativa se frenó en seco tras las amenazas de destituir a la ejecutiva malagueña y sustituirla por una gestora. Y es que los que querían realizar esta investigación propusieron dar información "sobre prejubilaciones con fondos públicos" a la Dirección General de Trabajo de la Junta.

El sindicato abrió una comisión instructora que abrió un expediente sancionador a la ejecutiva de Málaga. Finalmente, en noviembre de 2009 se cerró el caso, después de que retiraran tres puntos propuestos cinco meses antes y que habrían destapado la práctica irregular en los ERE.

El secretario general de CCOO en Andalucía, Francisco Carbonero, ha admitido que conoció la petición de investigar el caso, pero niega que estuviera al tanto de las amenazas de expulsar a los que denunciaron las prácticas irregulares. Y es que se ha descubierto que tanto Comisiones como UGT cobraban un 1% de los ERE fraudulentos llevados a cabo en Andalucía, a través de su participación en Atlantis Seguros (el 40% del capital). En el expediente de Delphi en Cádiz, la minuta de Atlantis alcanzó 1,2 millones, cobrado a través de la consultora Uniter.

Petición de perdón desde el PSOE

En medio del momento de convulsión, propio de un final de cinclo, que abierto por el propio Zapatero vive el PSOE, el partido no hace sino sumar escándalos de corruptelas. Andalucía es un serio problema con los EREs fraudulentos. No hay aunción de respñonsabilidades y sí intentos de obstrucción a la justicia, pero el asunto ya no se puede esconder por más tiempo.La secretaria de Organización de los socialistas andaluces, Susana Díaz, pedía ayer perdón con la boca pequeña:

"Estamos viviendo un episodio que nos entristece, nos abochorna, por el que pedimos perdón a los ciudadanos. Perno no vamos a consentir que intereses electorales confundan una parte minúscula con el todo"

Un armario acorazado custodia las actas de la Junta

Las actas de los Consejos de Gobierno de la Junta de Andalucía de 2001 a 2010 están desde ayer bajo custodia de la juez que investiga el caso de los ERE, tras el auto del pasado lunes en el que le reclamaba estas actas como medida cautelar hasta que el Tribunal Supremo decida si son o no secretas. La Junta se mostró ayer "muy satisfecha" del dispositivo habilitado, que consta un armario acorazado en el que se depositaron las actas y de la vigilancia permanente de la Guardia Civil con cámaras de seguridad. 

Las 480 actas se guardarán en 11 sobres lacrados, a la espera de que el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, órgano adscrito al Tribunal Supremo, decida sobre el conflicto abierto entre la juez y la Junta, que tras un aviso de delito de desobediencia, accedió a entregar las actas bajo la fórmula acordada. El Supremo podría tardar entre dos o tres meses en resolver si tiene razón la Junta o la instructora. La juez Alaya quiere conocer si los Consejos de Gobierno adoptaron algún acuerdo o conocieron alguna decisión relativa al fondo con el que se financiaron los expedientes irregulares. 

 La insólita ceremonia del trslado de actas la presenciaron el juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, el comandante de la Guardia Civil encargado de la vigilancia de los edificios judiciales sevillanos y la juez instructora, Mercedes Alaya. 

El objetivo de la Junta respecto al traslado de las actas era reforzar la seguridad de los juzgados con medidas especiales, ya que "entendemos que estos documentos, de máxima importancia, deben tener la máxima seguridad", según las fuentes consultadas.  En su investigación interna a la que ya ha dado carpetazo, la Consejería de Empleo detectó 183 irregularidades, de las que 111 define como "discordancias administrativas" y 72 intrusos o personas que nunca trabajaron en las empresas beneficiadas. 

La juez, por otra parte, ha pedido a la Junta un funcionario de refuerzo que apoye la tramitación de los tres sumarios de gran volumen que investiga: los ERE de la Junta, los cuatro sumarios en que se encuentra desgajado el caso Mercasevilla y la investigación sobre el delito societario del ex máximo accionista del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera.  Dicha petición fue entregada el pasado 31 de marzo a la Delegación de la Consejería de Justicia en Sevilla y aún no ha recibido respuesta, según indicaron a Efe fuentes del caso. 

Alaya ya fue eximida la semana pasada por la Junta de Jueces de Sevilla del reparto de nuevos asuntos penales durante seis meses, dado el volumen de los que ya tramita.