REDACCIÓN HO / LIBERTAD DIGITAL, Ángela Martialay.- El Ministerio del Interior no aportó a la causa del chivatazo a la red de extorsión de ETA sus actas de negociación con la banda criminal. Según han señalado fuentes jurídicas a Libertad Digital, el Ejecutivo alegó que esas actas no existían y que, por tal motivo, no podía entregárselas al magistrado del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz.

En el auto hecho público este martes donde se alza parte del secreto del sumario, el juez señalaba que había solicitado los datos del encuentro que tuvo lugar el 22 de junio de 2006 entre ETA y los tres emisario del Gobierno porque "su realidad, alcance y significado" es "preciso aclararlo y valorarlo" ya que "se considera pertinente, necesario, útil y posible para los fines de la presente investigación en aras al completo esclarecimiento de los hechos investigados". Dicha reunión se produjo dos días después de que la Policía detuviera a trece miembros de la red de extorsión de la banda criminal; los mismos etarras que no pudieron ser arrestados un mes y medio antes porque se frustró la operación en torno al establecimiento de Joseba Elosúa.

Para profundizar en esta línea de investigación, Ruz acordó la práctica de diversas diligencias enviadas a la Secretaría de Estado de Seguridad y a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno. En concreto, el magistrado preguntó si constaban en el Ministerio del Interior antecedentes o documentación relativos a la citada reunión, quiénes estuvieron presentes, si el Ejecutivo conservaba el acta o resumen alguno de dicho encuentro por parte del Gobierno, que facilitara la identidad de sus emisarios, informando al mismo tiempo de las responsabilidades públicas que hubieran tenido en el pasado.

En cambio, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero sí que identificó a sus interlocutores a los que posteriormente Ruz tomó declaración en calidad de testigos. Además, el magistrado interrogó a diversos mandos policiales del momento en el que se produjo el soplo. Según han señalado fuentes de la investigación, estos testigos negaron haber recibido presiones por parte del Gobierno para rebajar la intensidad en la lucha antiterrorista y rebajar el número de detenciones a miembros de ETA.

Ruz investiga si detrás del chivatazo se cometieron dos delitos: uno, de revelación de secretos (penado con hasta tres años de prisión) y otro, de colaboración con banda armada (cuya condena máxima es diez años de cárcel según la legislación vigente).