UPyD apoya la sentencia del TC sobre el Duero

Frente a las "pretensiones tardonacionalistas" que "no demanda la sociedad".

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REDACCIÓN HO / EUROPA PRESS / EL NORTE DE CASTILLA.-  El candidato de Unión Progreso y Democracia (UPyD) a la Junta de Castilla y León, Félix Sánchez Montesinos, ha mostrado su apoyo a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) acerca de las competencias del Duero ya que, en su opinión, se anulan las "pretensiones tardonacionalistas" del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera.

En un comunicado, Sánchez Montesinos ha aclarado que esta reivindicación sobre el Duero "no es un deseo, ni una demanda" de la sociedad castellanoleonesa, por lo que ha pedido a la "gran coalición" formada, a su juicio, por PP y PSOE, que "no inventen problemas de corte nacionalista" y que se preocupen "por los verdaderos problemas como el éxodo juvenil y el hundimiento de los agricultores y ganaderos".

Asimismo, el candidato de UPyD ha pedido que la sentencia "se cumpla en sus propios términos" y que no se busque "una forma de incumplirla por la puerta de atrás".

La sentencia del Tribunal Constitucional en torno a la cuenca del Duero constituye todo un misil en la línea de flotación del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. A nadie se le oculta, como recuerda El Norte de Castilla, que la gestión del agua ha sido una de las grandes apuestas políticas del Gobierno de Juan Vicente Herrera a lo largo de la legislatura que ahora concluye (las otras dos, igualmente fallidas, han sido la fusión de las cajas de ahorro y la lucha contra la despoblación).

Apoyándose en el precedente de Andalucía, que consiguió a través de su última reforma estatutaria hacerse con la gestión básica de la cuenca del Guadalquivir, la Junta ha dedicado en los últimos tres años esfuerzos dignos de mejor causa a conseguir un traspaso de competencias similar al andaluz. En ello ha topado durante este tiempo con la actitud renuente y dilatoria del Gobierno de Rodríguez Zapatero -quien paradójicamente hoy se reúne con Griñán para buscar una salida al varapalo dado a la Junta andaluza por el TC-, que nunca ha estado por la labor, utilizando como freno el carácter internacional del Duero, un factor diferencial respecto al Guadalquivir.

Aunque nadie lo ha confesado abiertamente, siempre ha planeado la razonable sospecha de que el Gobierno socialista bajo ninguna circunstancia estaba dispuesto a ceder las competencias del agua mientras la Junta no asumiera las correspondientes a la Justicia, pendientes de transferir desde el año 2000.

El pulso político existente al respecto se ha zanjado de un plumazo con el fallo del Tribunal Constitucional sobre el recurso presentado por la Junta de Extremadura contra el Estatuto de Castilla y León. Con ello, la aspiración de la Junta de controlar la gestión de la cuenca del Duero se ha evaporado. El alto tribunal despeja cualquier duda sobre el papel nuclear del Estado (sinónimo en este caso de Administración central) como titular de la gestión básica de la cuenca del Duero.

Queda abierta únicamente la posibilidad de concertar fórmulas de cogestión entre ambas administraciones, como de hecho ya estaba previsto en el anterior Estatuto de Castilla y León. Pero lo que es la Confederación Hidrográfica seguirá adscrita al Gobierno de la nación.

Ello supone un monumental revés político para la Junta que había convertido la gestión del Duero en una especie de 'casus belli' contra el Gobierno Zapatero. Y sobre todo despoja al nuevo Estatuto de Castilla y León de su principal expectativa, que no era otra precisamente que el traspaso de las competencias sobre el agua. En materia competencial, los únicos aspectos relevantes eran precisamente los relativos al agua y a la posibilidad de fundar una Policía autonómica, a cuya creación ha renunciado la Junta de antemano. Y en materia de financiación, una invocación a los principios de suficiencia financiera que ya se ha demostrado que era papel mojado. El verdadero 'leiv motiv' que justificó la última reforma estatutaria era la competencia sobre el agua y, de hecho, así lo resaltaba el propio presidente de la Junta en el prólogo incluido en su edición oficial. Sin la gestión de la cuenca del Duero, Castilla y León se queda con un Estatuto fallido.