El Gobierno refuerza el sometimiento ciudadano ultimando la ley de 'Igualdad de Trato'

Un nuevo comisariado político, a modo de autoridad supranacional designada por el Gobierno, tendrá plena capacidad para vigilar en todos los ámbitos de la vida cotidiana el cumplimiento de la ley, que se anuncia para esta legislatura. Un puesto para el que Pajín estaría preparando a Aído.

REDACCIÓN HO.-  Más recorte de libertades. Leire Pajín quiere que la llamada Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación sea su gran broche final, y pretende aprobarla en esta misma legislatura para que entre en vigor en 2013. La ministra ha escogido esta mañana los micrófonos amigos de la SER para celebrar el centenario del Día Internacional de la Mujer que se celebra este martes 8 de marzo, confirmando este aspecto. Ha precisado que la ley  "está siendo discutida en el Consejo Económico y Social" y que busca disponer de mecanismo "contra todo tipo de discriminación". Según diferentes fuentes informativas, la ministra de Sanidad podría estar de hecho preparando el camino a la ahora su número dos y ex ministra de Igualdad, Bibiana Aído, para que sea la imagen y la marca de la nueva ley.

Y es que como la intención es que la normativa se cumpla en todos los ámbitos de la vida cotidiana de los ciudadanos para vigilar su cumplimiento se creará la autoridad para la igualdad de trato y no discriminación: Será unipersonal, con personalidad jurídica propia y con plena capacidad pública y privada.  La siempre cuestionada Bibiana Aído es uno de los nombres que suenan con más fuerza para ocupar el puesto,.

Según informa la COPE, el anteproyecto con el que se está trabajando contempla que esta autoridad supranacional, que funcionará a modo de comisario político, será nombrada por el gobierno, sin necesidad de consenso. Su mandato durará seis años y no podrá ser cesada salvo que renuncie voluntariamente.

Marcado carácter sancionador

Como destaca el diario ABC, la seriedad con que se ha tomado el Gobierno de Zapatero su ley integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación se observa en las sanciones previstas para los infractores. Los que no cumplan esta norma se enfrentan a multas que van desde los 150 euros (para las infracciones leves) hasta los 500.000 (para las muy graves), pero la ley es tan poco precisa a la hora de valorar el grado de infracción que al final todo quedará en manos del órgano administrativo sancionador.

Cuando las infracciones sean muy graves y los hechos sancionados tengan una relevancia «extraordinaria» (no se define qué es extraordinario), los órganos administrativos competentes podrá imponer una sanción accesoria, además de la multa, que podrá ser la supresión, cancelación o suspensión total o parcial de ayudas oficiales que la persona sancionada tuviese reconocidos o hubiera solicitado, el cierre del establecimiento en que se haya producido la discriminación o el cese de actividad económica o profesional desarrollada por la persona infractora.

Las sanciones se aplicarán con arreglo a varios criterios, que dejan la puerta abierta a la interpretación y la subjetividad: la intencionalidad de la persona infractora, la naturaleza de los daños causados, la permanencia de las repercusiones, el número de personas afectadas, la repercusión social de las infracciones, la reincidencia por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza y el beneficio económico que se hubiera generado para la persona autora de la infracción.

De leve a muy grave 

Tendrán la consideración de infracciones leves (entre 150 y 10.000 euros) las conductas que incurran en irregularidades "meramente formales por la inobservancia de lo establecido" en la ley siempre que no tengan el carácter de grave o muy grave. Será infracción grave (entre 10.001 y 60.000 euros) el acoso discriminatorio, así como las represalias y el incumplimiento de un requerimiento administrativo específico. La comisión de una tercera infracción leve en el plazo de un año se considerará ya grave.

Se considerarán infracciones muy graves (entre 60.001 y 500.000 euros) las conductas de acoso discriminatorio cuando impliquen vejaciones graves en los derechos fundamentales de las personas o generen un grave perjuicio económico o profesional de las mismas. También será sancionada con esas multas la presión grave ejercida sobre las autoridades y empleados públicos, en el ejercicio de las potestades administrativas para la ejecución de las medidas previstas en esta ley. La incoación e instrucción de los expedientes sancionadores y la imposición de las correspondientes sanciones corresponderá a cada Administración Pública en el ámbito de sus competencias.

El anteproyecto también prevé que cuando resulte necesario para proteger los derechos de la víctima, los jueces y tribunales podrán acordar la restricción o interrupción de la prestación de servicios o de retirada de datos de páginas de internet.

El PP pide al Gobierno que haga "más políticas reales de igualdad de trato y menos marketing". en alusión a la nueva iniciativa legal que prepara el Gobierno. María Dolores de Cospedal, que se refirió en estos términos al asunto, resaltó cómo la puesta en marcha de la ley coincide, por un lado, con un escenario electoral y, por otro, proviene «del Gobierno que ha hecho el mayor recorte de derechos sociales de la democracia».

Tras asegurar que no conocen el contenido de una ley-estrella para la recta final de la legislatura, sí planteó sus dudas sobre el sistema de sanciones que pretende imponer y por el cual, "parece que hay que demostrar la inocencia" en lugar de la culpabilidad. Recordó, tal y como ha informado ABC, que informes del CGPJ han alertado del riesgo de que con esta nueva ley se solape la tarea de otros organismos e instituciones del Estado, con los que pueda entrar en colisión, y expresó su temor de que se organice un sistema de "comisarios políticos" para la aplicación de un texto que calificó de intervencionista y que avanza, dijo, en la política prohibiciones puesta en marcha por el Gobierno socialista.