Mercasevilla: Sube el número de beneficiados por la cara reconocidos por la Junta andaluza

El PP denunciará ante el Tribunal de Cuentas al gobierno Griñán por la gestión de los EREs exigiendo responsabilidades políticas, mientras la Junta reconoce 32 nuevos casos, que elevan a 70 "el fraude de cuatro" del que habla Chaves.

REDACCIÓN HO.- El PP va a denunciar ante el Tribunal de Cuentas la gestión de la Junta de Andalucía por el escándalo de los expedientes de regulación de empleo (EREs), que se presenta ya como "el mayor escándalo de corrupción en la historia de las autonomías". El anuncio se realizaba en la misma jornada de ayer en la que, después de que el vicepresidente Manuel Chaves afirmara en televisión que el caso de robo millonario al contribuyente era cosa de "cuatro gentes", el consejero de empleo andaluz, Manuel Recio, reconocía sus servicios de inspección han detectado 32 nuevos casos fraudulentos, que elevan a un total de 70 las "discordancias" que aprecia el ejecutivo regional, que en todo caso sigue empeñado en minimizar el caso subrayando que "son meras incidencias" que "sólo afectan al 0,04 %" del total de casos que ha analizado.

Durante su intervención en el Pleno del Parlamento en el marco de una interpelación sobre política general en materia de expedientes de regulación de empleo, a iniciativa del PP-A, Recio apuntaba que la investigación se inició el pasado 17 de enero sobre el conjunto de los ERE "vivos" y que se ha extendido a un total de 35 empresas; añadía que el Gobierno andaluz también va a remitir al juzgado el resultado de un "primer análisis" del estado de todas las ayudas a empresas con cargo a la partida 31L que gestionaba la dirección general de Trabajo y cuyos destinatarios no sean trabajadores. 

Según ha precisado Recio, se trata de 130 ayudas que han recibido casi 87 millones de euros. De este total, 13 han ido destinadas a ayuntamientos (cerca de 3,3 millones). Ha querido dejar claro que la finalidad de estos fondos es "la adecuada, apoyar el mantenimiento y la creación de empleo", al tiempo que ha defendido la "honorabilidad" de estas empresas que han recibido ayudas. No obstante, ha considerado que la única forma que tiene el Gobierno andaluz para acabar con las "especulaciones" que existen es remitir la información sobre todas estas ayudas al juzgado. De igual modo, Recio ha indicado que las ayudas han ido a parar a personas con una situación de "extrema dificultad" que han tenido que ser ayudadas. Sobre las irregularidades detectadas, ha dicho que el Gobierno andaluz no prejuzga la culpabilidad, "como sí hace el PP". "Los presuntos ilícitos tendrán la ocasión de explicar ante los tribunales cuáles son sus circunstancias, si así lo estima la juez", ha apostillado, y ello conocidos los esfuerzos del PSOE por apartar del caso a la juez que sevillana que se decidió a investigar el escandaloso fraude.

El diputado del PP andaluz Carlos Rojas destacaba por su parte como el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero aseguraba este jueves en una entrevista concedida al periódico 'El País' que los tres consejeros que antecedieron en el cargo a Recio "decidían las ayudas directas del fondo de reptiles". "Guerrero reconoce que esto ha sido la política general de la Junta y no hechos aislados, como la Junta ha venido sosteniendo", ha añadido, enfatizando también que Guerrero asegurara que los consejeros "han tenido más interés o menos en adjudicar las ayudas, según la relación que tuviera con las empresas". "Eso está tipificado en el Código Penal y se llama tráfico de influencias".

El diputado del PP se preguntaba para cuándo se aprobará una comisión de investigación en el Parlamento y para cuándo la dimisión del ex consejero de Empleo y secretario general del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera, y la del propio Recio. Asimismo, ha pedido al Gobierno andaluz que entregue el informe de la investigación interna en el Parlamento y que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, explique "dónde están los millones repartidos". En su opinión, en esta situación se dan dos responsabilidades: "quien repartió los fondos sin control legal y quien conoció estas patrañas y miró para otro lado". "Todo parece indicar que estamos ante una trama con un denominador común: el PSOE", ha concluido.

El PP subraya la dimensión del escándalo

Desde el principal partido de la oposición se insiste en que estamos ante el mayor escándalo de corrupción de la historia de las autonomías y no dejan de exigir a la Junta que se investigue, y en concreto en el Parlamento andaluz. Así se expresaba Javier Arenas en la cámara en demanda a Griñán : "esto no se trata de actos individuales, sino de toda una trama. Como eso hay que investigarlo en sus responsabilidades políticas, yo le demando una vez más la comisión de investigación, Y señor presidente: si usted no la acepta yo le pido que presente su renuncia como presidente de a Junta de Andalucía.

Griñán sigue insistiendo en la transparencia

Pero José Antonio Griñán respondía insistiendo en la transparencia y en considerar que asta con la actuación judicial: "No puede haber mayor transparencia. Lo que no puede ser es que ustedes quieran hacer prejuicios [en referencia al PP], que quieran condenar previamente. Este caso, como otros muchos, encierra irregularidades, que vamos a depurar. Pero encierra también una serie de ayudas que han salvado muchos empleos y han ayudado a muchas empresas".

Respuesta del líder socialista andaluz, que durante los años de 2005 a 2007 estuvo recibiendo sin parar informes de la intervención de Hacienda, en los que se alertaba ya que el proceso de pagar a empresas para cerrarlas prejubilando a los trabajadores era un proceso trampa.  

Es por ello que el popular Esteban González-Pons afirmaba ayer que Griñán está tan manchado o más que Manuel Chaves: si esto fuera Alemania, dice, hace ya semanas que ambos estarían en su casa: "Griñán, desde 2005, conocía los informes que advertían de las pensiones de lujo que se estaban pagando con dinero de los parados. Y no sólo no hizo nada, sino que aceptó llegar hasta ser presidente de la Junta de Andalucía sabiendo que tenía semejante gusano en el armario". Al final, el PP ve repetición de doctrina socialista: "El PSOE, en el caso de los EREs, está aplicando la misma doctrina que en caso Faisán: pagan los de abajo y se salvan los de arriba, pagan los funcionarios y se salvan los políticos. Pagan los chusqueros y se salvan los de West Point".

Pero siguiendo el guión, el número dos de Chaves, Gaspar Zarrías, definía de este modo la política de EREs que ha desvelado un fraude masivo a las arcas públicas: "Una política exitosa de apoyo a las empresas en crisis, de apoyo al sistema productivo, a los trabajadores para que no queden en el desamparo tras una crisis que ellos no habían provocado".