La Xunta se enfrenta ya a dos impugnaciones, la de Galicia Bilingüe ante la UE y la que el un arquitecto asesorado por esta plataforma cívica ha presentado ante el gobierno de Núñez Feijóo.

REDACCIÓN HO.- El pasado 1 de febrero de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) la convocatoria para el contrato de servicios correspondiente a la “redacción de proyecto básico y de ejecución de las obras de rehabilitación del edificio de la antigua fábrica de tabacos para infraestructuras judiciales en A Coruña”. 

Poco después de la fecha del anuncio, el 8 de febrero, el arquitecto Manuel del Valle, interesado en participar en el concurso, se puso en contacto con Galicia Bilingüe (GB) para solicitar asesoramiento ya que la documentación del contrato, 72 folios con lenguaje técnico, estaba disponible únicamente en gallego. Además, tras haber solicitado expresamente por teléfono que se le facilitara también en español se le negó y se le dijo que de seguir interesado, “puede contratar un traductor de gallego a español a su cargo”. 

 GB accedió a la solicitud del arquitecto y comprobó la veracidad de los hechos constatando que la empresa adjudicataria S.P.I. Galicia S.A es una Sociedad Pública Mercantil con participación al 100% de la Xunta de Galicia, siendo la Administración mandante la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia. El presupuesto, que asciende a 600.000 euros, con ejecución de obra estimada en 20 millones, está sujeto a “regulación armonizada” y al tratarse de sector público se le aplica íntegramente la Ley de contratos de sector público de 2007 que debe garantizar la “publicidad, concurrencia y transparencia” en la documentación de la convocatoria. En el caso de este ciudadano no se le proporciona la documentación en una lengua oficial y se le obliga a costear una traducción cuyo importe aproximado sería de 2000 euros. 

Galicia Bilingüe recomendó al arquitecto afectado que presentara un escrito al fax o la dirección de correo electrónico que figuran en el anuncio de la convocatoria para que quedara constancia de la solicitud, lo que hizo el 11 de febrero. Una vez transcurrido el plazo de 6 días que establece la UE para satisfacer este tipo de demandas, Galicia Bilingüe redactó los escritos pertinentes para que Manuel del Valle pudiera interponer un recurso especial, lo que se materializó el martes 22. Este recurso deberá ser resuelto por la Xunta de Galicia. 

 Por otra parte, GB presentó el pasado 24 de febrero la documentación necesaria para impugnar ante la UE la citada convocatoria, ya que no se ha querido usar el idioma oficial de un Estado miembro. La impugnación podría llevar consigo la anulación de la convocatoria, la obligación de traducir los pliegos del concurso y la publicación de los mismos. Los plazos para los licitantes comenzarían a partir de entonces a contar desde cero. 

Galicia Bilingüe quiere llamar la atención sobre "esta inaudita actuación" que, "no sólo constata otro incumplimiento más de las promesas electorales del señor Feijoo en lo que se refiere al respeto del bilingüismo en la Administración, sino que ni siquiera a instancias de un ciudadano se reconocen sus derechos, lo que demuestra el empeño del actual gobierno de la Xunta en perpetuar el monolingüismo del bipartito aun a costa de incumplir la legislación española y europea y de limitar el acceso de un ciudadano a un concurso público".

"La legislación vigente reconoce el derecho tanto a Manuel del Valle, natural de Cantabria y residente en Sevilla, como a cualquier otro licitante de Galicia o de otra comunidad autónoma interesado en un contrato del sector público a recibir la documentación en español", añade GB. 

El equipo jurídico de GB ha apreciado otras posibles irregularidades en el proceso, tales como el uso de criterios de selección cualitativa como criterios de adjudicación, el no exigir la solvencia técnica obligatoria, o la falta de transparencia al citar una partida del presupuesto en que se le cobra al adjudicatario un 6% de la facturación total sin especificar en virtud de qué norma lo puede cobrar. También han llamado la atención de los abogados de la plataforma en defensa de la libertad lingüística en obligaciones como la de obtener las copias en papel en determinado local comercial a cargo del licitador, si bien siendo éstas cuestiones que trascienden la labor de GB, la asociación en principio no hará nada al respecto.