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Vie, 25/05/2012 - 15:55h

El negocio del aborto: Morín, de un humilde barrio de Lima a una mansión de 4,2 millones de euros

La acusación particular solo dispone de diez días para presentar sus escritos ante el tribunal.

REDACCIÓN HO / LA RAZON, Miguel Soria.- Las jóvenes que acudían a los centros abortistas del peruano Carlos Guillermo Morín pagaban entre 3.000 y 6.000 euros po rabortar. Al supuesto ginecólogo no le importaban ni la edad ni las semanas de embarazo que llevaban, este punto sólo era relevante para elevar el precio de la interrupción. Como adelantó ayer La Razón en una información recogida por HO, la titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, Elisabet Castelló, ha imputado al médico y a una docena de sus colaboradores un total de 115 abortos ilegales según la nueva ley del aborto, realizados más allá de las catorce semanas de gestación en sus abortorios en 2007.

Los abortos que se perpetraban en Barcelona terminaban con la vida de fetos de hasta 30 y 35 semanas –a las 40 las mujeres salen de cuentas–.  En 2005 Ginemedex, una de sus negocios más activos, facturó 1,5 millones de euros. La propia juez reconoce en el auto que los ·ingentes ingresos" que obtenía le permitían llevar "un elevado nivel de vida". Con este dinero y el que le reportaban el resto de centros, Morín vivía, y aparentemente vive,  en una de las zonas más pudientes de Barcelona. En Sant Cugat del Vallés, en un chalé con vistas a un campo de golf. Nada que ver con su origen humilde.  Antes de viajar a España Morín vivía en el humilde barrio de Trujillo en Lima. Su patrimonio actual, fraguado gracias a terminar con la vida de neonatos, podría calificarse de pequeña fortuna ya que los agentes inmobiliarios tasan su casa en 4,2 millones de euros. A su caserón, con jacuzzi, piscina y un amplio jardín, hay que añadir sus coches de lujo, entre ellos un Ferrari. Las chicas que pasaban por sus manos le pagaban en dinero negro, por lo que las auditorías nunca revelaban la verdadera cuantía que movía el peruano y su esposa, María Luisa, que pasó de ser su paciente a su mayor apoyo.

La juez que instruye el caso concluye que las clínicas Ginemedex, TCB y CBMMC perpetraban sus abortos con la asistencia de cinco ginecólogos, tres anestesistas y dos psiquiatras que trabajaban en estos centros para "dar apariencia de legalidad con sus supuestos informes psiquiátricos", como refleja la investigación de la instructora Castelló. No sólo se juzga al dueño de las clínicas de abortos ilegales. A este cargo se añade intrusismo profesional, reunión ilícita y falsedad documental. Este punto es una de las novedades que aporta la investigación de la juez de Barcelona,  ya que refleja que numerosos documentos que atestiguaban problemas psicológicos eran falsos. Están en blanco, "muchos de ellos están sin firmar", asegura Carlos Pérez Roldán, vicepresidente del Centro Jurídico Tomás Moro (CJTM), personado como acusación particular en el caso.

La juez ha dado diez días a quienes ejercen la acusación  particular –E Cristians, el Colegio de Abogados de Barcelona, el partido Alternativa Española y el CJTM– para presentar sus escritos. Poco tiempo para los cuatro delitos de los que quieren acusar a los 13 imputados en el caso. "Se juzgan 115 abortos ilegales y queremos denunciar a los participantes en estos hechos de cuatro delitos. No sabemos si podremos tener preparado toda la documentación", explica Carlos Pérez Roldán.

Otro punto clave de la investigación es el papel de las jóvenes que abortaron. "Ellas creían que reunían las condiciones para poder interrumpir su gestación, por eso es relevante que la jueza haya decidido no imputarlas y archivar el proceso contra todas ellas", añade el letrado. Las asociaciones provida no han ocultado su satisfacción por la decisión. La portavoz de Derecho a Vivir, la doctora Gádor Joya, señala que "el caso Morín es tan solo la punta del iceberg del despiadado negocio del aborto en España", y añade: "es necesario perseguir el fraude de ley permanente de los empresarios del aborto. Una vuelta a la ley del 85 no es suficiente para frenar los desmanes de los patronos de la industria del aborto". Desde Red Madre, Esperanza Puente pide "que se haga Justicia porque este hombre ha hecho lo que le ha dado la gana durante muchos años con esa indigna profesión. Que lo pague con la cárcel" añade.

A la juez Castelló todavía le quedan asuntos por resolver. En especial la presunta evasión fiscal que abría cometido Morín, porque desviaban "importantes ingresos" a sociedades de Luxemburgo. Por ello, en diciembre de 2008 la magistrada interrogó a jóvenes extranjeras que abortaron en alguna de las clínicas catalanas de las que el peruano ha obtenido toda su fortuna.

Así eran las trituradoras de la clínica

  • El ginecólogo peruano compró tres trituradoras, una de ellas industrial, para deshacerse de los fetos de los abortos practicados, algunos de más de 30 semanas de gestación.
  • Una de ellas estaba situada en la clínica TCB. Detrás de la mesa de recepción de las clientas, había una puerta que escondía una pica de lavabo y debajo de ésta estaba situado el triturador industrial. En palabras de Morín, él no compró ninguna trituradora sino que se la encontró instalada al comprar el local.
  • Según declaró un testigo protegido, en los casos en que los abortos ilegales terminaban por la noche se metían los fetos en el congelador y se trituraban al día siguiente para no molestar a los vecinos con el ruido de la máquina. El triturador tenía capacidad para 400 kilos por hora, pesa 95 kilos y es utilizado en mataderos y pescaderías.

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CFuencisla Jue, 24/02/2011 - 09:08h

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