¿Debe la Seguridad Social cubrir gratuitamente los medicamentos de turistas pensionistas de la UE?

Bruselas denuncia a España por negar a los pensionistas de la UE el acceso a medicamentos gratis.

REDACCIÓN HO.- España no lo tiene fácil, por un lado la gravedad de la crisis económica propia, por otro, el deber de España de atenerse a la normativa europea.

Desde Bruselas llega la noticia recogida por Europa Press, la Comisión Europea ha decidido denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TUE) por negar a los pensionistas de otros Estados miembros que residen temporalmente en territorio español el acceso a medicamentos gratuitos. Bruselas cree que las normas españolas no se ajustan a la legislación de la UE, ya que discriminan a los jubilados de otros países de la UE.

En virtud de la legislación sobre seguridad social de la UE, los titulares de pensiones que residen temporalmente en otro Estado miembro pueden utilizar su Tarjeta Sanitaria Europea para recibir la asistencia que necesiten en las mismas condiciones que los pensionistas cubiertos por el régimen del Estado miembro visitado.

Sin embargo, en enero pasado el pleno del Parlamento Europeo aprobó definitivamente la nueva norma comunitaria cuyo objetivo es acotar los derechos de los pacientes que viajan para recibir tratamiento en otro Estado miembro, por ejemplo para saltarse una lista de espera, y evitar así que se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera de los sistemas sanitarios nacionales.

Entonces, España denunció que las propuestas iniciales supondrían un coste adicional para la seguridad social de 2.000 millones de euros al año. Los Estados miembros tienen ahora dos años y medio para incorporar la norma a sus respectivas legislaciones nacionales.

Esta directiva es más restrictiva que el plan original de la Comisión y aumenta el número de casos en los que se necesita autorización previa para ir a tratarse en el extranjero con el objetivo de limitar el 'turismo sanitario', tal y como quería España. En general, la directiva establece que los europeos no necesitan autorización previa de su país de origen para recibir tratamiento en otro Estado miembro y tienen derecho a que se les reembolse el coste a la vuelta, hasta la cantidad que se les habría pagado de ser atendidos por su sanidad nacional.

La presidencia española introdujo nuevas limitaciones para los pacientes que quieren ir a tratarse a otro Estado miembro. El borrador de directiva obligaba a la sanidad pública española a pagar el tratamiento de un paciente español que acuda a una consulta privada de otro país de la UE, incluso aunque no estuviera concertada. El acuerdo final permitirá a España exigir autorización previa para los tratamientos privados en el extranjero y denegarla alegando que no garantizan una calidad suficiente.

El compromiso final dispone que si un jubilado residente en España va a tratarse a su país de origen, será este Estado de afiliación el que pague. En el caso del alemán residente en Mallorca que va a Berlín, sería la sanidad alemana la que se haría cargo de los gastos. En el resto de casos, será el país de residencia el que pague. Es decir, si el mismo jubilado va a tratarse a Francia, sería España la que pague.

El problema viene ahora, cuando la Comisión Europea ha decidido denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TUE) por negar a los pensionistas de otros Estados miembros que residen temporalmente en territorio español el acceso a medicamentos gratuitos. Según la legislación española, los pensionistas tienen derecho a la gratuidad de los medicamentos. Por esta razón, el Ejecutivo comunitario sostiene que los jubilados de otros Estados miembros deberían también tener acceso a medicamentos gratuitos cuando residan temporalmente en España.

Sin embargo, las autoridades españolas niegan los medicamentos gratis a los titulares de pensiones de la UE alegando que la Tarjeta Sanitaria Europea no indica que son pensionistas. España exige a estas personas que presenten un certificado suplementario expedido por sus servicios nacionales de seguridad social que acredite en español que el interesado percibe una pensión estatal.

En opinión de la Comisión, ello vulnera la normativa comunitaria y "discrimina a los pensionistas de la UE que residen temporalmente en España". "Además, la exigencia de presentar ese certificado suplementario contradice la finalidad de la Tarjeta Sanitaria Europea, que es simplificar los procedimientos y reducir las formalidades para las personas aseguradas que necesitan atención sanitaria durante una estancia temporal en otro Estado miembro", sostiene Bruselas.