Convivencia Cívica Catalana se querella contra la Generalidad

Por no incluir en la preinscripción de los alumnos una casilla que permita optar por el castellano como lengua vehicular.

• El Supremo ordena a la Generalidad catalana que aplique la sentencia del TC

REDACCIÓN HO / Europa Press.- El presidente de la asociación Convivencia Cívica Catalana (CCC), Francisco Caja, presenta este miércoles una querella criminal contra la Consejería de Enseñanza de la Generalidad, pues considera que, al no incluir en el documento de preinscripción escolar una casilla para la escolarización en castellano de los alumnos, incurre en un delito de prevaricación.

Como informó Noticias HO, el 9 de diciembre de 2010 el TS dictó tres sentencias que ordenan al Gobierno autonómico “adaptar su sistema de enseñanza” a lo dispuesto en la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, “que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán”.

Caja ha explicado en una rueda de prensa que la Consejeria "se ha convertido en un delincuente" por publicar a sabiendas una resolución injusta –porque no se ajusta a derecho–,  lo que supone para CCC un delito de prevaricación. Así mismo, ha apuntado que la querella irá directamente contra la directora general de atención a la familia, Meritxell Ruiz, como firmante de la resolución que contiene ese formulario, y a la consejera Irene Rigau, que es la responsable última de la orden.

El presidente de CCC ha explicado que, después de presentar la querella, Rigau deberá resolver el recurso de inmediato y, si confirma la resolución "incurrirá en un delito de ilegalidad", algo que augura probablemente sucederá.

Según Caja, la resolución positiva de la querella puede comportar para la consejera y a directora general una inhabilitación para ejercer en la función pública de entre siete y diez años.

El dirigente ha asegurado que CCC pretende agotar todas las acciones legales posibles, y ha advertido de que Rigau está incurriendo en desobediencia a los tribunales y se le puede aplicar un procedimiento de ejecución forzosa, "si se empecina" en aplicar la inmersión lingüística en contra de las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) contra el Estatut y el Tribunal Supremo (TS) contra la inmersión.

Además de este procedimiento penal, la entidad presidida por Caja presentará un contencioso-administrativo por la vía ordinaria contra la resolución del Govern, por vulnerar el derecho constitucional de recibir una enseñanza bilingüe, algo que –afirma CCC– desea la mayoría de la población catalana.

Por otra parte, Francisco Caja ha asegurado que la Generalidad ha incurrido también en un delito de responsabilidad patrimonial, por los 17 años de inmersión lingüística en los que no ha aplicado la enseñanza bilingüe, de modo que tres familias ya están en trámites con CCC para pedir indemnizaciones de hasta 3000 euros cada una.

"Reclamarán indemnizaciones por el tiempo que han estado sin la prestación básica", ha dicho Caja, quien ha animado a todas las familias que sientan vulnerados sus derechos a pedir estas indemnizaciones.