El Tribunal Europeo de DDHH falla, por unanimidad, en contra del 'suicidio asistido'

El Tribunal Europeo de DDHH falla, por unanimidad, en contra del 'suicidio asistido'

Avala una vez más que no es posible invocar la Convención Europea de Derechos Humanos para exigir la legalización de la eutanasia o defender un supuesto 'derecho' al suicidio asistido, del que los Estados no han de ser garantes.

REDACCIÓN HO.- La Sección Primera del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, ha emitido hoy lunes su esperada sentencia en torno al caso Haas Vs. Suiza (Solicitud Nº 31322/07) sobre el pretendido "derecho al suicidio asistido".  En concreto, y por unanimidad,  los jueces han rechazado la demanda interpuesta por un cuidadano suizo que exigía que se condenara al Estado de su país por no haberle suministrado la sustancia que reclamaba para suicidarse. Un caso sobre el que los defensores de la eutanasia presionaron con el fin de que una sentencia favorable abriera camino a sus demanda de legalización en los distintos estados europeos. La sentencia sí que es cierto que acaba reconociendo un cierto "derecho al suicidio", pero nunca a que el Estado sea su garante o deba facilitarlo. Más al contrario, señalan, el Estado está obligado a garantizar la conservación de la vida de sus ciudadanos en virtud del artículo 2, que protege el derecho a la vida.

En concreto, el asunto trataba de plantear la cuestión de si, "en el marco del derecho al respeto de la privacidad, el Estado debe garantizar que un hombre enfermo que desean suicidarse para obtener una sustancia letal sin prescripción médica, a pesar de la legislación, para que pudiera morir sin dolor y sin riesgo de fracaso ".  El Tribunal de Justicia ha respndido que no, ya demás por unanimidad.

Señala la sentencia que se trata en particular de proteger a cualquier persona de una decisión precipitada, así como de prevenir abusos", sobre todo "en un país como Suiza que permite bastante fácilmente la asistencia al suicidio", señaló en su sentencia.  Los jueces europeos subrayan "los riesgos de abusos inherentes a un sistema que facilite el acceso al suicidio asistido" y por eso consideraron que la negativa a suministrar al demandante el pentobarbital sódico que reclamaba es una garantía para "la protección de la salud, la seguridad pública y la prevención de infracciones penales.

Si bien se reconoce algún tipo de 'derecho al suicidio', el Tribunal Europeo rechaza la existencia, en virtud de la Convención Europea, un derecho al suicidio asistido en el cual el Estado tenga que actuar como garante.

Gregor Puppinck, director de la ECLJ, toma nota con satisfacción de que la nueva decisión de la Corte, que confirma una vez más que no es posible invocar la Convención Europea de Derechos Humanos para exigir la legalización de un supuesto derecho a la eutanasia o el suicidio asistido

El solicitante en el caso juzgado, con un trastorno mental grave, quiso suicidarse con una sustancia sujeta a prescripción de conformidad con la legislación suiza. Fuera del marco establecido por esta legislación, trató en vano de obtener una exención para hacerse con la sustancia sin receta médica. Se quejaba en su demanda de que esta imposibilidad socava su derecho a la intimidad, protegido por el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por lo tanto, que la demandante, el Estado debería haber previsto el suicidio medicamento medios. En este caso, el demandante no sufría de una enfermedad mortal, ni le impidió suicidarse por sus propios medios.

Para responder a esta pregunta, la Corte recordó en primer lugar el ámbito de aplicación amplia del concepto de "privacidad", que ha sido ampliado por sucesivas interpretaciones, incluyendo el derecho a la autonomía y desarrollo personal. Así, en el caso Pretty contra el Reino Unido de 2002, el Tribunal consideró que la elección de los candidatos para evitar lo que a su juicio sería una muerte indigna y dolorosa también entraba en la "esfera privada", cubierta por el ámbito del el artículo 8 de la Convención.

Bajo esta jurisprudencia, y la incorporación de los términos del Tribunal Federal Suizo, el Tribunal admite que "el derecho de las personas a decidir cómo y cuándo debe poner fin a la vida, siempre y cuando sea capaz de forjar su propia voluntad al respecto libremente, y actuar en consecuencia, es un aspecto del derecho al respeto de la vida privada en virtud del artículo 8 de la Convención ".

El Tribunal limita así la existencia de este 'derecho' a dos condiciones, una relativa a la calidad de la voluntad de la persona interesada, ptra a su capacidad para actuar en consecuencia. Esta última condición de la capacidad para actuar en consecuencia indica que este derecho existe en la medida en que pueda ser aplicado a ti mismo, para los magistrados de la Corte. 

Además, la Corte recuerda que la Convención debe interpretarse en su conjunto, por lo tanto, insta a consultar la sección 2 de la Convención, que garantiza el derecho a la vida. En este sentido, la Corte recuerda que dentro de los países miembros del Consejo de Europa no hay coincidencia sobre el derecho de un individuo sobre la manera y cuándo quiere poner fin a su vida y observa que la mayoría de los estados dar "más peso a la privacidad del individuo y su derecho a poner fin; concluye que el margen de discreción de los Estados en este ámbito es considerable. En cualquier caso, el principio de respeto a la vida "exige a las autoridades nacionales para evitar que un individuo a poner fin a su vida si su decisión no libremente y con conocimiento".

Así, a pesar del reconocimiento de una forma de "derecho al suicidio", el Tribunal ha rechazado las alegaciones del autor de que existe una supuesta obligación positiva para el Estado a tomar las medidas necesarias para que un suicidio rápido y sin dolor. Aún más, el Estado está obligado a garantizar la conservación de la vida de sus ciudadanos en virtud del artículo 2, que protege el derecho a la vida. Cuando se crea la posibilidad de recurrir al "suicidio asistido" -como es el caso en Suiza- el Estado conserva el deber de diligencia para evitar los abusos en el uso de esta opción a la luz de su deber de proteger la vida de sus ciudadanos, según el fallo europeo.

  • Texto de la resolución, en francés:

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=880260&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649