La Justicia ordena expedientar a Chaves por el caso Matsa

Duro varapalo de la Justicia a los enjuagues de la Junta de Andalucía, que trató de tapar las subvenciones del vicepresidente del Gobierno a la empresa en la que su propia hija ejercía como gerente.

REDACCIÓN HO/EUROPA PRESS.- El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ordenado "la apertura de un expediente sancionador" a Manuel Chaves, como reclamaba la denuncia presentada por el Partido Popular contra un acuerdo de la Junta de Andalucía. Según el TSJA, los demandantes "están legitimados” para esta petición.

De esta forma, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anula el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 31 de julio de 2009, que rechazó expedientar al actual vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, en relación a la subvención otorgada por ese mismo Consejo de Gobierno andaluz a la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa), en la que trabajaba su hija, Paula Chaves Iborra.

El TSJA expone que la resolución impugnada es "arbitraria e injustificada" dado que "lo realmente trascendente era si el alto cargo cuando presidió el Consejo de Gobierno de 2009 ratificando la subvención y aprobando el gasto a favor de la empresa Matsa, conocía que su dirección, asesoramiento o administración tenía alguna parte el miembro de su familia y ello con independencia de su intervención directa con la Administración".

Estiman así los magistrados de la Sala el recurso presentado por el PP, mientras afirman que la decisión del Consejo de Gobierno "vulnera el reglamento de la potestad sancionadora, e ignora los principios constitucionales consagrados en los artículos 103.1 y 9.3 de la Carta Magna".

En el fallo, lo "realmente trascendente" no es si la Junta tenía o no conocimiento de la relación de Paula Chaves con la empresa Matsa, sino si Chaves, cuando presidió el Consejo de Gobierno del 20 de enero de 2009, ratificando la subvención a favor de esta empresa, conocía la relación contractual de su hija.

Señala el Tribunal que Paula Chaves pertenecía a Matsa desde julio de 2007 "con funciones de asesoramiento jurídico" y que la relación laboral era conocida por su padre, por lo que la investigación debe centrarse en esos hechos "y no en una mera interpretación jurídica del precepto".