Sinde se quita de en medio al razonar en profundidad su polémica ley

Sinde se quita de en medio al razonar en profundidad su polémica ley

Los ciudadanos protestan hoy ante el Senado frente al intento del PSOE de aprobar de forma acelerada y sin consenso la liberticida 'Ley Sinde', que la propia ministra es incapaz de sostener al derivar en Salgado.

REDACCIÓN HO.- La ley, que permitirá al Gobierno cerrar páginas web bajo la excusa de proteger los derechos de autor, ya ha sido bautizada popularmente con el nombre de la ministra como 'Ley Sinde'. Sin embargo, Ángeles González-Sinde, que en los pasillos del Senado confiaba esta mañana ante los periodistas en que el resto de grupos apoyara la medida, ya adelantaba que ella se quita de en medio en la defensa pormenorizada de una norma que lleva su sello y que suscita un amplísimo rechazo cívico por su cariz claramente abusivo -como ha sentenciado por ejemplo la Justicia europea al pronunciarse frente al canon digital: los detalles de la norma, afirmaba, les corresponde explicarlos a la ministra de Economía, Elena Salgado, ya que se incluye en la Ley de Economía Sostenible:

"La Ley de Economía sostenible es una ley amplia que tendrá incidencia sobre muchos y distintos ámbitos de la economía española, ¿no? Entonces es un ámbito que pertenece o corresponde a la vicepresidenta económica, y por lo que esas negociaciones las lleva ella, directamente".

La ministra sólo acertaba a arrojar frases peregrinas para tratar de justificar la norma, como hacía al señalar que "a nadie se le escapa que el Gobierno de Estados Unidos está preocupado por el nivel masivo de descargas en nuestro país. Por eso estamos en la lista negra". Ahora resulta que el Gobierno no legisla en función de sus ciudadanos, sino sirviendo a reclamos que cree apreciar en el exterior.

Protesta cívica en el Senado

Desde las 9:00 horas, ante las puertas de la Cámara Baja, los ciudadanos están concentrados en protesta contra la liberticida ley, convocada por la plataforma Sin Derechos, a la que se han unido otros colectivos cívicos. El presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, en declaraciones a la COPE, explicaba el motivo de la protesta:

"Esta ley es repugnante, porque lo que plantea no es ilegalizar el intercambio de archivos o cerrar páginas, sino crear una comisión de censura para internet. Están argumentando que hay que cerrar determinadas páginas que precisamente la Justicia española ha dicho en todos los casos que son perfectamente legales y que no generan ningún tipo de problema, y ello cuando sus representantes han sido detenidos en algunas ocasiones..."

Domingo incidía también en la inseguridad jurídica que crea la norma, que no permite conocer en qué circunstancias se enfrenta uno al cierre de su página web ante lo abstracta e imprecisa que es la ley que trata de aprobarse a falta de un reglamento desarrollado que lo especifique.

"Para proteger la propiedad intelectual y los legítimos derechos de autor no hace falta una ley restrictiva con los derechos fundamentales, o leyes como la del canon digital, que avisamos hace dos años de lo que iba a suceder, y ahora Europa nos ha dado la razón: el canon es indiscriminado, injusto y se aplica arbitrariamente... Es por ello mejor que este tipo de cosas se halen antes de realizar imposiciones de estas características". 

Tramitación acelerada

El PSOE ha decidido acelerar la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley de Economía Sostenible, que llegó al Congreso en primavera y al que los grupos ya presentaron más de mil enmiendas el pasado mes de septiembre, y ha impuesto su mayoría para que el texto del Gobierno se debata y apruebe este martes en la Comisión de Economía con idea de remitirlo al Senado. La propia vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, ya había anunciado que el proyecto de Ley de Economía Sostenible se aprobaría esta semana con competencia legislativa plena.

Aunque la vicepresidenta ha hablado de que existe consenso acerca de esta tramitación precipitada, los grupos minoritarios ya expresaron sus quejas. Desde IU-ICV aseguraron a Europa Press que no habían sido consultados y manifestaron su sorpresa por las "prisas" de Economía.

Avocación a Pleno 

Para tratar de evitar esta sorpresiva aceleración de los trámites parlamentarios, IU-ICV anunció la presentación de un escrito pidiendo la "avocación a Pleno" del proyecto con el fin de que, tras su paso por la Comisión de Economía, el dictamen se eleve a sesión plenaria para celebrar un nuevo debate.   Esa petición ha de ser aprobada por el Pleno del Congreso y, en caso de prosperar, retrasará la remisión del proyecto al Senado, ya que antes habría que debatirlo en el Pleno previsto para mediados de enero.

También el PP ha expresado su disconformidad por este acelerón urgente y, como informa EP, atribuye a que los socialistas quiere asegurar cuanto antes los pactos que tiene apalabrados con los nacionalistas. "Quieren una tramitación urgente y acelerada que impide pactos salvo los que ya tienen", ha denunciado Álvaro Nadal, uno de los portavoces económicos del Grupo Popular. A su juicio, ha sido el Gobierno el que ha impuesto este cambio de ritmo y todo se ha hecho "deprisa y corriendo y de manera bastante torpe".

Una ley compleja y variada

La Ley de Economía Sostenible (LES) recoge múltiples disposiciones sobre una amplia variedad de asuntos. Entre ellos figura la disposición promovida por el Ministerio de Cultura de Ángeles González Sinde contra las páginas de descargas ilegales (conocida como 'Ley Sinde'), un asunto sobre el que la propia Salgado ha reconocido que aún no hay acuerdo.

Además, CiU y PNV quieren aprovechar la LES para revisar uno de los aspectos incluidos en este decreto, el relativo a la eliminación de la obligatoriedad de las empresas de abonar cuotas a las Cámaras de Comercio, ampliando hasta de dos a tres años el plazo dado por el Gobierno a estas sociedades para adaptarse a una modificación con la que espera que las empresas se ahorren 250 millones al año.  

Lo que se da ya por seguro es que el PSOE, aprovechando el trámite de enmiendas de la Ley de Economía Sostenible, aceptará la propuesta del PNV para elevar a siete el número de consejeros en los organismo reguladores como la Comisión Nacional de la Energía (CNE), la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) o la Comisión Nacional del Sector Postal, según han asegurado a Europa Press en fuentes nacionalistas vascas.

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