El PP apoyó la ley andaluza de “muerte digna”

El PP apoyó la ley andaluza de “muerte digna”

«<a href="../../../../../../../../np/dav-gobierno-quiere-colar-eutanasia-puerta-atras-ley-innecesaria">DAV: “El Gobierno quiere colar la eutanasia por la puerta de atrás con una ley innecesaria”</a>»
«<a href="../../../../../../../../noticia/34364-imponer-aborto-gobierno-abre-camino-eutanasia">Tras imponer al aborto, el Gobierno abre el camino a la eutanasia</a>»

REDACCIÓN HO.- ¿Qué hará el PP ante el intento de Zapatero de aprobar una ley coladero de la eutanasia y el suicidio asistido?

En el caso del globo sonda, la ley andaluza de “muerte digna”, los populares de Javier Arenas prestaron su apoyo a la aprobación del ingenio jurídico que quiere marcar el inicio del camino hacia otro hito en la cultura de la muerte.

El periódico El País analiza la ley andaluza y reconoce abiertamente que sirve para acelerar la muerte y para proteger as quienes, como Luis Montes, se entregan a las sedaciones paliativas.

El periódico recoge, junto a la cháchara buenista con que habitualmente se promocionan estas iniciativas, algunas de las cosas que suceden cuando el proyecto Zapatero empieza a hablar de “muerte digna”:

“El caso de la granadina Inmaculada Echevarría, la mujer que pidió públicamente que le desconectaran del respirador que la mantenía con vida, marcó para el Gobierno andaluz un antes y un después. La secuencia de trabas que tuvo que superar Echevarría, y que le obligaron a exponer en público su agonía durante cuatro meses, hizo ver a la Junta que era necesario aclarar en un único texto legal conceptos y procedimientos que a menudo se confunden. Los fundamentales: muerte digna, eutanasia y suicidio asistido.

La norma incluyó algunas novedades. Por ejemplo, el derecho a recibir sedaciones paliativas, aunque puedan acortar la vida, una práctica recomendada en textos europeos y estatales pero que se elevó por primera vez en España a la categoría de derecho en esta norma, que incluso establece el derecho a recibir estos cuidados a domicilio. La norma garantiza también la cobertura jurídica a los profesionales que atienden a los enfermos terminales, lo que supuestamente debe evitar que se repitan situaciones como las vividas en el hospital de Leganés (Madrid) por la actuación del Gobierno regional de Esperanza Aguirre.”