Los médicos, indignados con Sanz por imponer un registro público de objetores al aborto

El presidente navarro sigue la estela del socialista Barreda en Castilla-La Mancha: una imposición que el COM de Navarra rechaza por inconstitucional, entendiendo que sólo tiene un fin disuasorio.

REDACCIÓN HO /  elconfidencialautonomico.com..- Primero fue el gobierno del socialista José María Barreda en Castilla-La Mancha y ahora es el regionalista Miguel Sanz (UPN) quien ha impulsado una ley que obligará a hacer públicos los registros de los médicos que ejercitan su derecho a la objeción de conciencia para negarse a participar en abortos.

El pasado 8 de noviembre, se publicó en el Boletín Oficial de Navarra, la Ley Foral 16/2010  por la que se crea un registro público de profesionales en relación con la interrupción voluntaria del embarazo.

Según informa El Confidencial Autonómico, la decisión del Gobierno de Miguel Sanz ha indignado al Colegio de Médicos de Navarra, que no entienden la necesidad de crear un registro oficial. Este organismo considera que la iniciativa del Ejecutivo regional es anticonstitucional al atentar contra el artículo 16.2 de la Carta Magna, que establece que “nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias”.

La obligatoriedad a realizar esta declaración, y solo por parte de los profesionales del sistema sanitario público navarro que se declaren objetores, como se recoge en el artículo 3 de la Ley Foral 16/2010, “es contraria a la Constitución“, afirma el Colegio de Médicos de Navarra.

Los médicos denuncian que en la nueva norma se ven nombradas, pero poco desarrolladas, las garantías de confidencialidad del mencionado registro, al ser varios y diversos los medios para inscribirse en él así como las personas y entidades con acceso al mismo.

Navarra es la segunda comunidad autónoma en crear un registro oficial de objetores de conciencia de médicos contrarios al aborto. El impulsor de estas listas fue el Gobierno de Castilla-La Mancha, en una maniobra que fue considerada por los profesionales como “un intento de disuadirnos”.

La misma situación en Castilla-La Mancha

El pasado julio saltaba la misma alerta en Castilla-La Mancha, a raíz de que el gobierno de Barreda anunciara que se harían públicos por decreto, a través del Boletín Oficial de la Comunidad, los nombres de todos los profesionales médicos que se declararan objetores al aborto. Una iniciativa que pronto aplaudieron otras comunidades autónomas socialistas, que se mostraron proclives a imitarle. 

“El Ejecutivo pretende disuadir a los profesionales. El decreto es ilegal porque no contempla la confidencialidad de los médicos”, señalaba entonces una voz autorizada de la Organización Médica Colegial de España, consultada por El Confidencial Autonómico, que añadía : “representantes de Derecho y Deontología Médica exigen que los registros sean privados. No deberían trascender a la opinión pública”.