El TSJ de Asturias fortalece a los objetores de Ciudadanía

ABC.ES, MILAGROS ASENJO, Madrid /EUROPA PRESS.- El TSJA ha suspendido cautelarmente la obligatoriedad de asistir a clase de Ciudadanía ante un recurso de un grupo de padres contra la resolución de la Consejería de Educación que rechaza la objeción de conciencia como medio para que sus hijos no cursen la disciplina frente a la asignatura.

Sólo para los recurrentes

La suspensión cautelar afecta "exclusivamente" a los hijos de los padres que han recurrido a los tribunales. La resolución del tribunal autonómico advierte que su decisión "en nada perjudica a terceros, toda vez que a éstos no se les priva de la asistencia" a las clases. Justifica la suspensión cautelar de la obligatoriedad de asistir a clase de EpC en que, de ser favorable a los intereses de los recurrentes la sentencia que se dicte en su día, hasta entonces, "el alumno recibiría unas enseñanzas no queridas que soslayarían la finalidad del recurso interpuesto, haciendo perder efectividad a la sentencia".

Benigno Blanco declaró que la resolución judicial tiene "especial importancia sociológica en este momento porque es una reacción en nombre de la Constitución y la libertad frente a la postura inadmisible de algunas consejerías de Educación y de la propia Administración de amenazar continuamente a los padres de los objetores".

El presidente del FEF reiteró que ésta es la primera resolución de un Tribunal Superior de Justicia de España sobre este asunto lo que les produce "una gran satisfacción" y manifestó que hay recursos similares presentados en diferentes comunidades de España. Recordó que en Asturias han sido "al menos 38 familias las que han presentado el recurso contra las resoluciones de la Consejería" y aseguró que los autos que estos días se están notificando lo que hacen es legitimar la objeción de conciencia y dar carta de naturaleza jurídica a que los estudiantes no tengan que asistir a clase mientras no se produzca una sentencia.

El Foro entiende que el Tribunal autonómico ha apreciado que hay una solvencia en la argumentación de los recurrentes y, por ello, confía en que la futura sentencia final, para la que no se aventuran fechas, les de también la razón. Sobre el anuncio del consejero de Educación del Principado, José Luis Iglesias Riopedre, de recurrir el auto, Benigno Blanco indicó que es algo lógico porque "el que pierde siempre recurre".

Asimismo, criticó al presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, quien dijo que "el problema de fondo sigue siendo el mismo". Y este no es otro que "se trata de una materia que está en el currículum, que ha sido avalada por una ley del Parlamento y que, por tanto, considera que los alumnos tienen que recibir esa educación en las condiciones de igualdad con el resto de alumnos".

El Ministerio no comenta

Blanco afirmó que quizás Areces "no acaba de entender lo que son derechos constitucionales" e insistió que los que objetan no se está negando a cursar una asignatura, sino que ejercen un derecho que está en la Constitución.
La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, declinó comentar la medida cautelar. "Es una sentencia judicial y no hay comentarios", indicó.

Por el contrario, el diputado del PP Emilio Rodríguez valoró positivamente la resolución y comentó que "supone un rechazo frontal a la propuesta partidista y de adoctrinamiento que pretende introducir el Gobierno de Zapatero".

La asociación Profesionales por la Ética, una de las más activas frente a la asignatura, expresó también su satisfacción por la medida y señaló que constituye un "salto cualitativo" que, aunque "no decide sobre el fondo del asunto", supone "la primera decisión de un tribunal en España que implica que los niños no tienen obligación de entrar en clase". Fuentes de Profesionales por la Ética señalaron a Europa Press que la decisión del TSJA "da indicios de que el tribunal opina que se está vulnerando un derecho fundamental" cuando no se permite objetar de Educación para la Ciudadanía.