Seis detenidos en la operación contra el aborto ilegal de Barcelona, entre ellos Carlos Morín

Seis detenidos en la operación contra el aborto ilegal de Barcelona, entre ellos Carlos Morín

La Guardia Civil llevaba más de una semana esperando la orden de la juez para poner en marcha una operación contra clínicas abortistas de Barcelona. Finalmente ayer, los miembros del Instituto Armado detuvieron a seis personas, entre las que se encuentra el director de las clínicas del grupo Ginemedex-TCB y cirujano peruano, Carlos Morín, además de directivos y empleados de estos centros. Durante casi todo el día se llevaron a cabo entradas y registros en las clínicas TBC, Emece, Ginemedex y Fundación Morín, situadas en el barrio Tres Torres de la parte alta de la capital catalana, y en domicilios particulares.

ELMUNDO.ES.- Según informaron ayer fuentes judiciales, el motivo de las detenciones es ?una supuesta práctica reiterada de interrupciones voluntarias de embarazo radicalmente fuera de los supuestos permitidos por la legislación?. Entre otras irregularidades se habrían practicado abortos fuera de los plazos establecidos por la Ley. Las citadas fuentes señalaron que el juzgado de instrucción número 33 de Barcelona tiene decretado el secreto de las actuaciones, entre otras razones, para preservar la identidad de las pacientes. La operación, ejecutada por la Guardia Civil, ha sido coordinada por el citado juzgado y la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

Sobre las 9.30 horas y coincidiendo con los horarios de apertura de las clínicas, se inició el operativo, que se prolongó hasta la tarde. Los efectivos policiales llevaron a cabo seis arrestos y entradas y registros en cuatro clínicas -TBC, Emece, Ginemedex y Fundación Morin-, además de en diversos domicilios particulares de los sospechosos, entre los que se encuentra el del director de los centros, situado en Sant Cugat del Vallès.

Los guardias civiles retiraron cuantiosa documentación en soporte papel e informático en busca de las fichas de las pacientes que han sido intervenidas y cuya operación no haya sido notificada a la Administración sanitaria, tal y como obliga la legislación.Fuentes policiales señalaron ayer que la operación no está cerrada, por lo que no se descartan nuevos arrestos.

Querella de E-Cristians

La actuación judicial se inició en octubre de 2006 después de que la entidad E-Cristians presentara una querella -admitida a trámite en julio por el juzgado de instrucción número 33 de Barcelona- a raíz de reportajes del Daily Telegraph y el Sunday Times, y sobre todo tras la emisión de un programa de la televisión pública danesa DR realizado con cámara oculta. En este reportaje se podía ver al cirujano Carlos Morín dispuesto a practicar un aborto a una embarazada de casi siete meses. Este cirujano ya fue investigado hace meses por los mismos hechos, aunque no llegó a ser acusado formalmente.  E-Cristians sostiene que en estos centros ejercían ?de médicos personas que no lo eran?.

Las penas para los facultativos que provoquen abortos ilegales son de hasta tres años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de cualquier profesión sanitaria por un tiempo de uno a seis años. Por su parte, la mujer que consiente que se provoquen un aborto ilegal puede ser condenada a una pena de hasta un año de cárcel.

Asociaciones Pro-Vida exigen menos impunidad

Asociaciones Pro-Vida señalaron ayer que las clínicas que practican abortos han estado hasta la fecha ?amparadas? y no se han investigado sus posibles irregularidades a la hora de llevar a cabo estas prácticas. El director de la Fundación Vida, Manuel Cruz, aseguró que los médicos que realizan abortos ?han estado hiperamparados hasta ahora, ya que ?nunca ha habido investigaciones? desde que se despenalizó esta práctica en España. ?Llevamos 20 años viendo cómo las denuncias se archivaban, afirmó Cruz, que añadió que ?existían indicios claros de que se estaban cometiendo irregularidades?.

La portavoz de la Fundación Red Madre, Esperanza Puente, coincidió en señalar las pruebas de que existen indicios de actividades ilegales en estos centros investigados. ?Cualquier tipo de legislación que permita de alguna forma el aborto hace daño a las mujeres y a la salud reproductiva de la mujer?, añadió.

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