Un juez se enfrenta con valentía a las presiones del lobby gay en defensa de la familia y del menor

REDACCIÓN HO, EL PAÍS.- Adoptar al hijo de un cónyuge suele ser sencillo con la nueva ley de Zapatero: el matrimonio presenta una solicitud ante el juez y el adoptante y la madre o el padre oficial deben consentir. Después, el fiscal tiene que emitir un informe, y, si es favorable, por lo general el juez autoriza la adopción y ésta se inscribe en el registro. Es todo, salvo que haya alguna circunstancia excepcional que exija otras diligencias. Pero son los jueces los que deben aplicar la ley, y hay quienes hacen gala de su compromiso con los derechos y piensan en hacer Justicia y en contemplar quien es realmente el sujeto del derecho por encima de obedecer a presiones.

Vanesa de las Heras y Susana Meseguer, ?cónyuges? desde noviembre de 2005, decidieron juntas que Susana tuviera una hija por inseminación artificial. Hicieron su petición en mayo de 2006, dieron su consentimiento a la adopción de la pequeña Candela, que tiene ahora 15 meses, y el fiscal informó favorablemente. 

Llegados a este punto, el titular del juzgado de primera instancia número 9 de Murcia, Fernando Ferrin Calamita, primero pidió un informe al equipo psicosocial para ver si la adopción iba a perjudicar a la niña. "Nos citó en agosto del año pasado", recuerda Susana. "Fuimos, y la psicóloga y la trabajadora social nos dijeron que no nos iban a entrevistar. Que la ley permitía la adopción a matrimonios homosexuales y que ellas no tenían nada que decir al respecto", añade.

El pasado abril, el juez emitió un auto en el que, entre otras cosas, cuando se refiere al "matrimonio" entre Vanesa y Susana, o a que son "cónyuges", lo hace en letra cursiva. Algo que achacan el lobby gay pero que es de entender en una ley recurrida ante el Constitucional. En esa resolución asigna a la niña, Candela, un defensor judicial. Sostiene que la madre es "parte interesada" en la adopción y que, por lo tanto, no va a velar por sus intereses. Así que nombra defensor a la Dirección General de Familia de la Comunidad de Murcia.  La pareja fye a hablar con ellos  y  una psicóloga de su gabinete entrevistó a Vanesa y elaboró un informe.

La adopción, un derecho del menor

El 18 de junio el juez, cumpliendo escrupulosamente la legalidad y velando como es su deber por el bienestar del menor, requirió a la psicóloga para que respondiera a preguntas como éstas: "¿No es un derecho del menor el de ser insertado en una familia "normal", compuesta por dos personas de distinto sexo y que, por ello, son complementarías entre sí, lo que no ocurre en el caso contrario? ¿No es alta la probabilidad de que sea homosexual, imitando el patrón que ha vivido en casa en sus años fundamentales para la formación de su personalidad?". Indica que, dada la "trascendencia" del caso, quiere que las preguntas sean respondidas no sólo por la persona que elaboró el informe sino por "todos los psicólogos que presten sus servicios en la Entidad Pública", y advierte que, si no es así, se reserva la facultad de citarlos a todos.

Después de una reforma legal del pasado marzo, en casos de reproducción asistida como el de Susana, la esposa de la madre biológica puede ya inscribirse directamente como madre en el registro. Pero la reforma no decía nada sobre la retroactividad de la norma, así que muchas parejas como Susana y Vanesa tienen que pasar por el proceso de adopción. Habitualmente, no plantea problemas. Pero siempre hay jueces valientes.