HO paga la multa de la juez de Denia sancionada por contrariar al lobby gay, y lo relaciona con la lucha a favor de la objeción

La juez de Denia Laura Alabau cuestionó la constitucionalidad de la Ley de equiparación al matrimonio de las parejas homosexuales. Osó rebelarse contra las presiones del lobby gay. Se ha ganado tras ello dos sanciones por decisión de la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): advertencia y multa de 305 euros, por una falta grave y otra leve. HO contactará con ella para pagar la multa y trasladarle el apoyo que le están expresando los ciudadanos a través de una alerta en nuestra página web. HO relaciona el apoyo a la juez con las lucha a favor de la objeción de conciencia en contra de la asignatura de Educación para la Ciudadanía.

REDACCIÓN HO.- Como indica el presidente de HazteOir.org, Ignacio Arsuaga, "nuestra plataforma de participación ciudadana quiere destacar la valentía de la juez Alabau quien, por una decisión adoptada por tres votos contra dos, afronta estas medidas disciplinarias. La juez Alabau no ha hecho más que actuar en conciencia y en congruencia respecto a una ley sobre la que había formulado cuestión de inconstitucionalidad, argumentando la interpretación contra Derecho que observaba con respecto a las bodas entre homosexuales. En este tiempo, ha sido víctima además de constantes descalificaciones procedentes del colectivo gay y sus plataformas mediáticas, y ha sufrido la persecución del aparato propagandístico del Gobierno, como ella misma ha denunciado".

"Ante una decisión que consideramos injusta ?prosigue Arsuaga- HazteOir.org contactará con esta juez valiente para abonarle el importe de la multa. Además, invitamos a los ciudadanos a apoyar a Laura Alabau firmando la carta que proponemos en nuestra web.

Con esta actuación, continúa Arsuaga, "queremos destacar la importancia de defender el derecho a la objeción de conciencia contra el adoctrinamiento de la asignatura Educación para la ciudadanía, que estos días se está poniendo en entredicho por el poder". "Creemos que la Administración, en un Estado de Derecho, no puede violentar la conciencia de la jueza Alabau, de la misma forma que tampoco puede despreciar las objeciones contra Educación para la ciudadanía presentadas por cientos de padres en toda España".

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