Multa a la valentía: el CGPJ sanciona con 305 euros a la juez de Denia (Alicante) que se negó a celebrar bodas entre homosexuale

REDACCIÓN HO, EUROPA PRESS.-  La Comisión Disciplinaria aprobó este miércoles con los votos de los vocales Montserrat Comas, Angeles García y Agustín Azparren la imposición de la sanción propuesta por el instructor del expediente abierto a la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Denia (Alicante). Los vocales de la mayoría Carlos Ríos y Juan Pablo González se opusieron a sancionarla, al entender que sus comentarios "carecían de relevancia disciplinaria alguna".  

Finalmente, la juez Alabau ha sido sancionada con una multa de 305 euros por una falta grave del artículo 418.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (dirigirse a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez, o sirviéndose de esta condición) y una advertencia, por falta leve del artículo 419.2 por desconsideración hacia miembros del Ministerio Fiscal.

El instructor proponía esta sanción al considerar que al tratarse de una persona revestida del poder jurisdiccional sus expresiones "deben ser ponderadas", por lo que no podía "utilizar unos términos de los que pudiera deducirse una desconsideración o falta de mesura". En este sentido, alegaba que "tal moderación no concurrió" así como tampoco "la necesidad de ponderar el contenido de sus escritos".

En su escrito, que se remitió a los medios de comunicación, Laura Alabau pidió el 24 de mayo del año pasado al fiscal jefe del TSJCV que requiriera al teniente fiscal de Alicante, José María López Coig, que se retractara o emprendería acciones legales por sus declaraciones sobre un presunto retraso en la tramitación de los expedientes de matrimonios entre personas del mismo sexo.

Llamativo interés fiscal

Tras la aparición de algunas informaciones, en las que se decía que Alabau tenía paralizados los expedientes de matrimonios entre homosexuales, y las declaraciones de López Coig al respecto, la juez envió a Ricard Cabedo un escrito en el que pedía la retractación del fiscal y mostraba su "preocupación" porque "esa información la ha proporcionado un miembro Ministerio Fiscal". En el escrito, la juez aseguró que "todos los expedientes están resueltos mediante auto" y que "las incidencias de recursos o notificaciones no son de su incumbencia", aunque sí destacó que la situación del registro hace que "el único que conoce" su trámite sea el funcionario titular, de modo que "en los ocho días en los que éste estuvo atendiendo la guardia, el registro estuvo prácticamente paralizado".

A la juez le llamó "la atención" que el teniente fiscal "nunca hasta ahora se haya interesado por el trámite del Registro Civil y lo haga sólo respecto de los expedientes de matrimonios homosexuales, como si sólo ellos y no los demás tuvieran derechos fundamentales". Así mismo, según agregaba el escrito, "cuando insinúa que yo he retenido esos expedientes está afirmando que he dado una orden en tal sentido al funcionario, lo cual es falso y constituye un delito por su parte"

Persecución del Gobierno

"Si hasta ahora he soportado la persecución por parte del aparato propagandístico del Gobierno sin defenderme ha sido por respeto precisamente a los derechos de todos los ciudadanos usuarios de mi juzgado, dando siempre prioridad a la resolución de sus asuntos frente a mis propios intereses", añadía.

Sin embargo, en el escrito la juez mostró su "especial indignación por el proceder de un compañero del Ministerio Fiscal", quien, en su opinión, "se convierte vergonzosamente en un apéndice de ese mismo Gobierno, al perseguir a quienes impartimos justicia no al gusto de quien controla todas las restantes dependencias del Estado".