Colectivos gays buscan recortar derechos y libertades para 'normalizar' la homosexualidad

derechos humanos

"La igualdad legal contribuye a ampliar derechos pero eso no significa que quede resuelto el problema de la homofobia". Con expresiones como ésta, lanzada por la Coordinadora Gay-Lesbiana de Cataluña, empieza a reclamarse desde los colectivos gays el recorte de derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos para asegurar lo que ellos denominan como "normalización" de la homosexualidad. El plan incluye prohibir toda expresión contraria a las reivindicaciones de los colectivos "rosas", e incluso la inculcación en la escuela de dichas reivindicaciones usurpando el derecho de los padres a decidir la formación moral que desean para sus hijos.

HAZTEOIR.ORG .- Verano de 2004: el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía desestima una denuncia de la Federación Andaluza de Lesbianas, Gays y Transexuales, con el apoyo del PSOE contra el Arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Julián Barrio, por afirmar en una homilía que la naturaleza del matrimonio es "esencialmente heterosexual". En sus palabras no mencionó siquiera la homosexualidad ni a los homosexuales. Unos días después, el sacerdote Carlos Moreda es denunciado ante el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja por la Asociación local de Gays y Lesbianas. El sacerdote había escrito en un diario riojano un artículo en el que discrepaba, con sumo respeto, de las reinvindicaciones de los colectivos gays. Los "inquisidores rosas", sin embargo, le acusan de "justificar el racismo y la homofobia" y de "incitar al odio". Nuevamente, la denuncia queda en nada. Enero de 2005: la Fiscalía General del Estado rechaza una denuncia de Los Verdes contra la Conferencia Episcopal por el mero hecho de afirmar que la orientación homosexual es "desordenada".

Con actuaciones como éstas, los colectivos gays han intentado amedrentar a toda voz discrepante durante este último año, adelantando a toda la sociedad cuál es el objetivo que quieren alcanzar después de la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo y de la concexión de adopción a parejas homosexuales.

La 'inquisición rosa' empieza a señalar sus objetivos

El pasado mes de abril, la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) calificaba de "ofensiva homófoba" los pronunciamientos de numerosos ediles que, ejerciendo su derecho fundamental a la objeción de conciencia, no desean participar en la celebración de "bodas gays". En una afirmación sorprendente por su intolerancia, la FELGTB dice de estos ediles que "no tienen cabida en un estado democrático". La "inquisición rosa" ha empezado a señalar de esta forma cuáles serán los próximos objetivos a batir en su particular hoja de ruta para imponer sus reivindicaciones a toda la sociedad.

En medio de esta "cacería del discrepante", la FELGTB ha llegado a calificar de "actitud homofóbica" la decisión del Alcalde de La Coruña, el socialista Francisco Vázquez, de no votar a favor del proyecto del Gobierno que equipara a las parejas del mismo sexo con el matrimonio. Beatriz Gimeno, Presidenta de la FELGTB, ha declarado sin complejos que "el reto ahora es acabar con la homofobia". "Una homofobia -continúa Gimeno- defendida también por sectores religiosos intolerantes, dogmáticos y excluyentes, tanto cristianos como musulmanes y de otras confesiones, que siguen sin aceptar la dignidad y la libertad plenas para gays y lesbianas?.

Dejar fuera de la democracia a más de diez millones de votantes

Carmen Hernández, portavoz del colectivo valenciano Lambda, califica de "horrible cáncer de la libertad" toda actitud discrepante de las reivindicaciones gays, englobándolas bajo el término confuso de "homofobia".

Para Hernández, el reconocimiento jurídico del matrimonio tal como se ha entendido desde la aprobación de la Constitución "no es democrático, no es constitucional". Con afirmaciones como éstas, los colectivos gays quieren dejar fuera del juego democrático a todos los que no acepten las tesis del lobby rosa, aunque la discrepancia sea manifestada por partidos parlamentarios que representan a más de diez millones de votantes, como ocurre con el Partido Popular y Unió Democrática de Catalunya.

Ilegalizar a quien discrepe

Se manifiesta de esta forma cuál es el objetivo a alcanzar por los colectivos gays: acabar -literalmente- con todas aquellas opiniones, planteamientos, creencias o ideas que discrepen de las reivindicaciones de dichos colectivos, por muy discutibles que sean. Se trata, así pues, de conseguir la progresiva institucionalización de la "intolerancia rosa" para lograr en la práctica una dictadura del pensamiento, forzando para ello todo el sistema de derechos y libertades fundamentales recogidas por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por la Constitución Española y por los diversos Tratados Internacionales y cartas de derechos suscritas por España.

Ya en 2002, el grupo gay COLEGAS solicitó la inclusión como motivo para ilegalizar un partido político de la "discriminación por orientación sexual", eufemismo que incluiría, según COLEGAS, la oposición a propuestas como el "matrimonio gay" o la adopción por homosexuales. COLEGAS pedía, además, que fuera delito pronunciarse dentro de los márgenes de lo que los grupos gays califican como "homofobia". Desde COLEGAS no dudaron en mostrar un ejemplo de su demanda señalando un objetivo: el partido Familia y Vida (FyV). La razón de la sorprendente demanda de COLEGAS era que, poco antes, FyV había acusado a la Oficina del Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, promotora de una campaña de fomento de la homosexualidad, de invadir el derecho a decidir la formación religiosa y moral que asiste a los padres según el artículo 27 de la Constitución.

En julio de 2004, con motivo de la campaña anticatólica de varios grupos gays con el apoyo del PSOE, en diversos sectores del movimiento "rosa" se llegaron a lanzar abiertamente peticiones de ilegalización de la Iglesia Católica. La radicalización del Gobierno socialista de Zapatero sólo ha servido para dar alas a las posiciones más extremistas de la "inquisición rosa".

Usurpar los derechos constitucionales de los padres

"La educación va a ser fundamental". De esta forma, Beatriz Gimeno, de la FELGTB, ha señalado otro instrumento del lobby rosa para conseguir su objetivo de imponerse a la sociedad por medio de las instituciones. En este esquema estratégico se enmarcan actuaciones que conduzcan a equiparar en la escuela las relaciones homosexuales con la natural complementariedad sexual del hombre y de la mujer. No sólo se pisotea de esta forma el sentido común, sino también el derecho de los padres a decidir la formación moral que desean para sus hijos.

No puede considerarse una coincidencia, en este sentido, que la FELGTB forme parte de la "Plataforma por una sociedad laica", conglomerado de organizaciones de izquierda y de extrema izquierda que reclaman la expulsión de la religión de la escuela pública, aunque ello suponga violar el derecho constitucional de los padres y conculcar un derecho humano universal como es la libertad religiosa.

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