El Comité de Bioética promueve la vulneración de los derechos fundamentales de los médicos

El Comité de Bioética promueve la vulneración de los derechos fundamentales de los médicos

DAV y la Oficina del Defensor del Sanitario denuncian que el último informe del CBE, en sintonía con el Código Sendín y la Ley Aído, "trata de limitar los derechos fundamentales a un colectivo de ciudadanos por razón de su profesión".

REDACCIÓN HO.- En sintonía con el la Ley Aido y el Código Sendín, el Comité de Bioética de España (CBE) ha presentado un informe, el tercero desde su creación  por el gobierno en 2007 durante la fase de gestación tanto de la ley abortista como del nuevo código deontológico de la OMC, que asume la ideología de los "derechos reproductivos", plasmada en la ley, como obligación ética.

La doctora Gador Joya, portavoz de Derecho a Vivir (DAV), lamenta "que desde la ética y la deontologia se haga política plegándose a la ideología del gobierno", y aprovecha para pedir  al PP que "derogue sin demora la ley del aborto, que tantas vidas está destruyendo y que tanto daño está haciendo a las mujeres y a las familias". La Dra. Joya añade que "se había vendido que la ley abortista no iba a obligar a nadie, pero ahora vemos como se pretende obligar a los médicos destruyendo también la esencia de la profesión"

En este informe, presentado la semana pasada  con un único voto en contra emitido por el catedrático de microbiología Cesar Nombela, " se asume la ideología de la necesidad de regular la conciencia de los profesionales de la salud para garantizar que la destrucción de la vida sea una nueva función de la Medicina. Para ello se muestra partidario de violar los derechos fundamentales de una categoría de ciudadanos que tienen en común ejercer una profesión sanitaria", aclara Esteban Rodríguez portavoz de Ginecólogos DAV.

Juan Molina, portavoz de la Oficina del Defensor del Sanitario, destaca que "ahora todos nos encaja, el Comité de Bioética del gobierno, es el que ha estado detrás del nuevo Código Deontologico de la OMC vigente desde el julio, y sospecha que "la intención del gobierno al crearlo era la de controlar a los colegios de médicos para conseguir imponer su ideología en la profesión".  

Lo que señala el Informe 

Según publica ABC, el comité entiende que «tan inaceptable sería sacrificar la conciencia de los objetores, como desatender los intereses y los bienes protegidos por las normas que son causa de objeción» y que «los profesionales sanitarios deben hacer compatibles sus convicciones morales con la obligación profesional de atender a los ciudadanos que requieren determinadas prestaciones legalmente establecidas». Añaden, además, que defienden la objeción como «consecuencia evidente de la libertad ideológica o religiosa y del principio de tolerancia», pero advierte que los ciudadanos «no son solo objetos de derechos, sino de deberes»

El portavoz  Ginecólogos DAV ha declarado al respecto que "los médicos no objetamos profesionalmente a destruir vidas porque seamos unos remilgados moralistas, llenos de puritanos escrúpulos religiosos, sino fundamentado en evidencias científicas y éticas, porque nuestra obligación profesional nunca es la de destruir  la vida humana, ni la de cooperar en modo alguno para que otros puedan hacerlo"

"Al contrario -añade el Dr. Esteban Rodríguez-: nuestro deber profesional es tratar de salvar vidas y proteger la salud de las mujeres, algo que nos vincula colectiva e institucionalmente".

En este sentido, la reciente sentencia del TEDH a favor de la demanda de Greenpeace que declara ilícito patentar técnicas que conlleven la destrucción de embriones humanos por haber considerado al embrión humano como "un organismo que dará lugar a un ser humano" avala la tesis que desde siempre había demostrado la evidencia científica, no cerrándose a la verdad y aceptando sus exigencias. 

"Los dislates de los 'adalides de la tolerancia' pasan por tratar de convertir a los médicos en ciudadanos de segunda, privándoles de sus derechos fundamentales", declara Juan Molina desde la Oficina del Defensor del Sanitario, al conocer que proclaman que la objeción es "un derecho del individuo y no un derecho colectivo".

En este sentido el Código de la OMC, en seguimiento de la ley Aído, en su artículo 32.2 imponía que “No es admisible una objeción de conciencia colectiva o institucional”. Juan Molina aclara que "esto es un dogma  ideológico porque lo cierto es que de  la misma manera que los médicos tienen obligaciones colectivas también tienen derechos colectivos, faltaría más". 

Deontología prostituida

Los tres portavoces coinciden en que, "la primera institución sanitaria que debía cumplir con sus obligaciones colectivas y plantar objeciones a que los médicos cooperen necesariamente en la destrucción de vidas humanas es  la que preside Sendín, si no hubiesen prostituido  la deontología al no excluir el aborto de la definición de acto médico expresada en el artículo 7.1 de su Código , y en el 52" que dice que 'el  médico, que legítimamente opte por la objeción de conciencia, a la que tiene derecho, no queda eximido de informar a la mujer sobre los derechos que el Estado le otorga en esta materia', convirtiendo al médico en un engranaje más de la maquinaria ideológica como facilitador del aborto".

Precisamente por este último artículo, el Colegio de Médicos de Toledo ha iniciado acciones legales contra la Organización Médica Colegial apoyándose en el fundamento jurídico nº5 del Auto de Suspensión Cautelar 392/10  TSJ Castilla la Mancha  en relación a la información a la usuaria del aborto: “En efecto, a este respecto cabe señalar, en primer término, que no es tan evidente como la Administración pretende que la obligación de realizar un trámite de información que, de acuerdo con el art. 14 de la LO 2/2010, constituye un supuesto legal para la posibilidad de practicar el aborto, no sea una intervención directa en el mismo, dado el carácter de conditio sine qua non de dicho trámite”. 

Igualmente, cabe recordar  los términos rotundos de la reciente resolución del Consejo de Europa sobre la objeción de conciencia sanitaria que señala que “ninguna persona, hospital o institución será coaccionada, considerada civilmente responsable o discriminada debido a su rechazo a realizar, autorizar, participar o asistir en la práctica de un aborto, eutanasia o cualquier otro acto que pueda causar la muerte de un feto humano o un embrión, por cualquier razón”, en claro contraste con la postura del CBE.

Desde la Oficina del Defensor del Sanitario abundan diciendo: "de esta manera, pretenden que un derecho como el de la objeción de conciencia que tiene rango de fundamental,  y que ,según ha reconocido en sucesivas sentencias el Tribunal Constitucional, emana directamente de artículo 16 de la Constitución, quede supeditado al de un delito, cuando queda sin penalizar en algunos casos en una ley de inferior rango que la carta magna y que legaliza el poder  para destruir vidas humanas discriminándolas por razones de edad ( si tienen menos de 14 semanas) o de salud ( cuando sean seleccionados mediante el diagnóstico prenatal y este arroje un resultado desfavorable o inconveniente)".