Liechtenstein dice ¡NO! al aborto

Que sí, que es un país pequeño y conservador, pero esque no se dan cuenta de que la mayor parte de la gente proqbortista que vive allí acabará huyendo a países mejores? Esto sólo es una opinión. La mía.

igor_enchanclad:

Yo opino que un pais abortista como España no es precisamente mejor que Liechtenstein. Más bien es peor por matar a personas. Si la gente se quiere ir es su problema, no el de los ciudadanos de bien. En ninguna parte puede ser bienvenida la intención de matar personas, así que no veo porqué hay que tener esa condescendencia con esas actitudes.

Este es un monarca coherente con el respeto del derecho a vivir de todos sus subditos y la decisión del parlamento la mejor para disminuir las cifras de abortos que tan dramáticos resultan para las mujeres que pasan por ellos.

Nuestro monarca deberia tomar nota, ya es el segundo monarca europeo que deja en evidencia su cobardia y su tración a todos esos ciudadanos españoles que ya son matados antes del parto gracias a su complicidad al sancionar con su firma las leyes abortistas españolas.

No sé lo que permitirán las leyes de Liechtenstein hacer o no a su Rey o Príncipe, ni si su firma sancionadora da validez jurídica a la leyes. Tal como se explica en la noticia, parece que sí.

En España, la firma de las leyes por el Rey es un trámite necesario, al que el Rey está obligado por la Constitución, que juró públicamente en su momento. No se puede negar. Por otra parte, el Rey no tiene responsabilidad jurídica del contenido de las leyes que sanciona. Dicha responsabilidad corresponde a las Cortes Generales, que legislan -y, puesto que las elegimos todos los ciudadanos mayores de edad, nosotros sí tenemos una pequeña responsabilidad individual en las leyes que emanan del Parlamento, que sí nos representa, digan lo que digan los indignecios del 15M-, y al Gobierno, en la persona de su Presidente o del Ministro que firme conjuntamente con el Rey. Esa firma, que refrenda la sanción real, es la que da validez jurídica a la ley, y su autor es quien asume la responsabilidad de su ejecución, mientras la aprobación parlamentaria asume la responsabilidad de su contenido.

Al sancionar una ley, el Rey cumple con una obligación que tiene y que le asigna la Constitución, nada más. Su papel es el de dar testimonio de que esa ley existe, y debe firmar porque la Constitución le obliga, pero esa misma Constitución también le exime de toda responsabilidad jurídica respecto a su contenido y aplicación. Si fuera de otro modo, el Rey sería responsable no sólo de las leyes, sino también de todas las sentencias judiciales -que se encabezan en su nombre-, todos los nombramientos por Real Decreto, todos los títulos académicos...

Y, si por el hecho de dar testimonio con su firma de que una determinada ley existe el Rey contrajera una responsabilidad, jurídica o moral, todos los españoles contraeríamos esa misma responsabilidad sólo por leerla o mencionarla, aunque no la firmáramos, incluso aunque la mencionáramos para criticarla o desobedecerla por motivos de conciencia, pues en esos actos estaríamos reconociendo que esa ley existe, igual que el Rey al sancionarla. De otro modo, no podríamos criticarla o desobedecerla, no se puede criticar o desobedecer una norma sin antes reconocer que existe. Y eso es lo que hace el Rey al sancionar, reconocer públicamente que esa norma existe, nada más.

Es algo parecido a la firma del acta de la vista de un juicio. La responsabilidad del contenido del acta la contrae el Secretario, como depositario de la fe pública judicial, aunque firmen todos los presentes. Pero sólo esa firma da fe. Las firmas de los testigos, peritos, partes, incluso la del Juez o Magistrados presentes son, a estos efectos, testimoniales, aunque sean obligatorias. El único responsable del contenido del acta es el Secretario. En cierto modo, refrenda las firmas de los demás presentes. En realidad, no hace falta pensar en un juicio. La firma por el secretario de una asamblea de propietarios de un edificio basta como ejemplo.

Por otra parte, me llama la atención que, siempre que se menciona el tema de si el Rey debería sancionar o no las leyes con las que estamos o no de acuerdo -y ya he dejado muchas veces clara mi postura contra el aborto como para que nadie que haya leído otros comentarios míos albergue ninguna duda-, nadie menciona la responsabilidad que , según el mismo razonamiento, contraerían también los trabajadores de las Cortes Generales que elaboran las actas parlamentarias y el Diario de Sesiones y los trabajadores del Boletín Oficial del Estado, en el que las leyes deben publicarse como otro trámite imprescindible para su entrada en vigor. Un trámite incluso más necesario que la firma del Rey. Si mañana desapareciera la Monarquía parlamentaria y se proclamara la República, el BOE seguiría existiendo y cumpliendo la misma función que hoy, y, además, el Rey no firma las leyes autonómicas, que también se publican en el BOE por formar parte del ordenamiento jurídico español.

Pero quienes critican al Rey por firmar leyes con las que no están de acuerdo pasan siempre por alto criticar la publicación de esas mismas leyes en el BOE y a los funcionarios y trabajadores de dicho órgano, que -ellos sí- podrían elegir tomarse una baja o un permiso o, en el peor de los casos, buscarse otro trabajo.

Aún más, todo funcionario jura o promete en su toma de posesión de primer destino guardar y hacer guardar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, incluidas las leyes con las que no esté de acuerdo. Y todos los ciudadanos podemos elegir ser funcionarios o no (suponiendo que pasemos el proceso selectivo, por supuesto). El Rey tiene mucho menos margen de elección, pero sólo se le critica a él.

La Iglesia -entiéndase la Iglesia jerárquica, en este caso- ha entendido siempre que el Rey deba firmar las leyes, esté de acuerdo con ellas o no, y jamás se lo ha reprochado, ni en público ni en privado (se habría sabido). Entienden perfectamente que el Rey no contrae ninguna responsabilidad moral por sancionar las leyes, al contrario, la contraería si no lo hiciera. Es más, al no firmar incluso la Ley del Aborto, podría cometer un pecado gravísimo, al poner en peligro la estabilidad del Estado español y, por tanto, las vidas de sus ciudadanos. Es un riesgo remoto, pero existe, y tanto el Rey como la Iglesia, incluido el Papa, son perfectamente conscientes de ello. No podemos arriesgarnos a una guerra civil o un golpe de Estado y una persecución cruenta a los católicos en España, por remoto que sea ese riesgo -que lo es, pero que existe- porque el Rey se niegue a firmar una ley. La estabilidad de la Monarquía parlamentaria y, por lo tanto, de la Nación española dependen mucho de que los miembros de la Familia Real desempeñen sus funciones públicas ateniéndose lo más posible a sus obligaciones legales, aunque ocasionalmente pueda molestarnos.

Otra cosa es que el Rey pronuncie un discurso público o emita una opinión en principio privada pero con proyección pública con la que no estemos de acuerdo, y que puede criticarse como las palabras de cualquier ciudadano, por supuesto. O que con su fortuna privada financie, por ejemplo, investigaciones eugenésicas como las de céloulas madre embrionarias (en una noticia anterior alguien comentó que lo hacía). O incluso que tal vez esté de acuerdo con la Ley del Aborto al firmarla, pero eso no lo sabemos a ciencia cierta, él no lo ha dicho. Lo que sí sabemos es que tuvo problemas de conciencia para sancionar la anterior Ley del Aborto, y consultó con la Iglesia (no recuerdo con cuál de sus representantes, lo siento) la posibilidad de negarse o abdicar, y le dijeron que firmara sin ningún temor.

Demasiadas palabras para justificar lo injustificable. El Rey debe cumplir la Constitución, pero hasta el Rey tiene el derecho constitucional a objetar el acatamiento de leyes que violen su conciencia. Esto es lo que han  hecho ya los monarcas de sendos principados europeos dejando en evidencia al nuestro. Si ellos han podido, nuestro monarca también habria podido hacerlo.

 

En efecto, el Rey es Jefe de Estado y lo que hace al sancionar esta ley es dar fe de que el gobierno de su Estado ha desallorado una ley que permite destruir la vida de una categoria de subditos a los que el parlamento de su Estado ha decicido otorgar la categoria de indeseables por no haber sido planificados o por haberles sido detectada alguna discapacidad por su sistema sanitario, de manera que se los puede matar si los padres alegan algún conflicto de intereses.

Resulta francamente incoherente que un Jefe de Estado admita que en  su Estado otros le obliguen a dar fe de la existencia de tal ley. Una forma de mostrar objeción a que en su Estado se destruya la vida de sus subditos es mostrar su disconformidad con un gesto de la suficiente transcendencia como el de negarse a sancionar una ley que lo permite. Por encima de la obligacion de sancionar leyes un Jefe Estado tiene el deber de proteger la vida de los habitantes de su Estado. De lo contrario, si el Estado se niega a protegernos los ciudadanos ya no necesitamos de un Estado porque nos gobierna un Estado tirano al que hay que deponer.

 

El Rey( como los monarcas de Monaco o de Liechtenstein) tuvo elección, y eligió no hacer nada para defender la vida de sus subditos más indefensos. Su testimonio habria sido muy valioso, más aun cuando esa ley podria no ser constitucional. En mi opinión, al menos debió esperar a que un tribunal deciciera si esa ley en realidad  es ilegal. Por que si el TC termina diciendo que algunos de sus contenidos violan la Constitución, el Rey habria dado fe de que en su Estado se hacen y entran en vigor leyes ilegitimas. Algo que no es para sentirse  demasiado orgulloso ni como Rey católico, ni como jefe de Estado, ni como persona. Le faltó valor, pudieron más otros intereses que defender la vida y la justicia. Un Rey cobarde es la verguenza de sus subditos, una desgracia para su nación.

Al Rey - o al Estado- la hacienda y hasta la vida se le han de dar, pero el honor es patrimonio del alma, y el alma solo es de Dios. ( incluida la del Rey)

 

No debio vender su honor a un precio tan alto como lo es cada una de las  vidas de esas criaturas que el Estado del que es Jefe destruye sin piedad con total impunidad.

Respetuosamente, LONSO, tu argumentación se sostiene moralmente en algunos puntos, pero no jurídicamente. Ese derecho que tú dices que el Rey tiene a no sancionar simplemente en España no existe, y en cambio el Rey tiene la obligación de hacerlo. Por tanto, nunca tuvo esa elección que dices, salvo abdicando en el Príncipe, y entonces el resultado habría sido el mismo.

Tampoco el Rey puede esperar a que se pronuncie el TC, eso es simplemente un disparate. El TC sólo puede pronunciarse sobre la constitucionalidad de las leyes una vez ya han entrado en vigor, y siempre previo recurso de inconstitucionalidad o de amparo o ante una cuestión judicial de constitucionalidad.  Si el PSOE no hubiera eliminado el recurso previo de inconstitucionalidad, el PP habría podido plantearlo antes de la sanción y promulgación de la Ley del Aborto. Incluso entonces el Rey tampoco habría tenido elección. Habría firmado una ley "depurada" por el TC o ninguna, si este órgano la hubiera declarado inconstitucional, y punto.

Tu concepción de la Monarquía parece más propia del siglo XVII  que del XXI, como prueba tu cita de Calderón de la Barca. No te lo discuto, a mí a veces también me gustaría que en la sociedad española recuperásemos algunos de los valores que hicieron grande a esta nación, pero no podemos permitirnos caer en anacronismos que no suscribiría ni un editorial de ABC. Ni el Rey tiene el deber de proteger hoy las vidas de los ciudadanos -que no súbditos-, labor que corresponde al Gobierno (para echarse a temblar, lo sé), a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ni nosotros le debemos vida y hacienda, aunque sí respeto (por lo que no debemos llamarle cobarde. En fin, al menos lo has argumentado).

El Rey, en efecto, no ha tenido más remedio que dar fe de que en España se hacen y entran en vigor leyes ilegítimas (y me atrevo a añadir que anticonstitucionales, en el caso de las dos leyes del aborto, diga el TC lo que diga), pero eso no es culpa suya, sino de los Parlamentarios que las han aprobado y los Gobiernos que las han propuesto. No podemos culparle más que a los trabajadores del Boletín Oficial del Estado que pudieron haberse negado a publicarlas, incluso haciendo huelga (otro trámite necesario que veo que no criticas), o haberse tomado una baja o un permiso en esos días, o, en último extremo, haber renunciado a un trabajo cuyo desempeño, según tus argumentos, no los míos, les hace igualmente cómplices y cobardes, si en conciencia están contra las leyes que deben publicar.

El caso español desde luego parece muy distinto del de otros países. Por lo que he visto en la Gaceta, el Príncipe de Liechtenstein dispone de un poder de veto de las nuevas leyes que nuestra Constitución no reconoce a nuestro Jefe de Estado.

¿Se podría hacer algo? Pues sí, reformar por vía extraordinaria el Título II de la Constitución para permitir al Rey esa objeción de conciencia -prácticamente descartado, exigiría disolver las Cortes, aprobación por mayoría de 2/3 de la reforma propuesta en las nuevas Cámaras, ratificación en referéndum ciudadano-, reformar el Título III en vía ordinaria como se acaba de hacer con el art 135 -factible, sólo supondría introducir unas palabritas en un artículo del Cap II- o desarrollar el citado Título II por Ley Orgánica e introducir en ésta la objeción de conciencia del Rey a sancionar leyes con las que en conciencia no esté de acuerdo. En mi opinión, sería la más aconsejable. Se cumpliría un mandato constitucional, siempre que además la nueva LO abordara los aspectos sucesorios en la Corona, y se podría desarrollar pormenorizadamente todos los aspectos necesarios de la cuestión, evitando las ambigüedades a las que daría lugar una mera reforma constitucional, sin tener que tocar la Constitución.

¿Qué os parecería proponerle esa reforma a Rajoy en la encuesta "yo cambiaría...", que estamos rellenando en estos días? Me parece más constructivo que limitarnos a polemizar. Como, si no das tus datos, puedes rellenar la encuesta tantas veces como quieras...

Acabo de proponerlo. Vamos, LONSO, anímate. Y quien quiera.

Todo esto que me cuentas ¿significa que el artículo 16 de la CE no rige para el Rey? ¿es el Rey un ciudadano  privado de  derechos fundamentales?

Con respecto a los redactores o editores del BOE, igualmente me parece que tienen derecho a objetar en conciencia ante leyes o normas  ilegales que permiten la matanza de seres humanos. es decir que el articulo 16 de la CE también sirve para esos funcionarios. Mucho menos riesgo habia de que un recluta participase en un acto contra la vida humana por hacer la instrucción portando un cetme y sin embargo se les reconoció el derecho permitiendoseles una prestación sustitutoria.Si mucha más gente objetara ante leyes totalitarias elaboradas por parlamentarios y gobiernos totalitarios, otro gallo nos cantaria.

 

Pero en cualquier caso, estás mezclando lo legal con lo moral, y en este sentido sigo pensando que aunque el Rey actuase conforme a la ley positiva al sancionar la ley criminal, no actuó conforme a la ley moral al cooperar con el mal. No se coopera con el mal sólo por la  naturaleza misma de la acción ( matar inocentes),  sino también por el significado que toma la acción ( sancionar una ley que permite matar inocentes) en un contexto concreto cuando se participa para facilitar la intención inmoral de un agente principal. Que el Rey hubiese tenido la valentia ( es decir, que no hubiese hecho gala de cobardia) de defender la vida de los más inocentes e indefensos a los que el gobierno y el parlamento del Estado del que es Jefe deja en indefensión, negandose a sancionar una ley por el hecho de ser criminal, habria sido un testimonio de sumo valor  como lo ha sido el ejemplo de los Principes de Monaco y Liechtenstein, tanto es así que el anuncio de veto previo por parte del segundo, ha conseguido nada más y nada menos que influir en el sentido mayoritario del voto de su parlamento para no legalizar la matanza de una categoria de seres humanos. El Rey pudo haber abdicado ( con lo que el Principe tendria que haber asumido también ejercer su derecho a objetar) o al menos haber forzado una decision derogatoria de la monarquia en el parlamento. Hubiese sido un órdago sin duda,y dudo mucho que parlamento hubiese tenido el valor de afrontarlo con todas sus consecuencias, pero habriamos necesitado un Rey muy valiente para hacerlo.Era el precio de su honor, que es patrimonio del alma y no de ninguna institución, ni siquiera de la monarquia.

Yo lo que propongo es que se recupere el recurso previo de inconstitucionalidad para que ninguna ley que se presuma ilegal, en especial las que atenten contra la vida humana y los derechos de la familia puedan entrar en vigor aunque un parlamento las vote, menos aun cuando son minorias parlamentarias de corte radical y escasamente representativas  las que tienen el poder decisorio final..

Son buenos argumentos, LONSO. A mí también me gustaría que el Rey pudiera objetar a leyes injustas y brutales como las del Aborto. Ayer mismo lo propuse en la encuesta del PP. Bastaría con una modificación del art. 91 de la Constitución que se podría conseguir en proceso de reforma ordinario, como se acaba de hacer con el art. 135, o una Ley Orgánica de desarrollo del Título II.

Tal como están las cosas, el Rey tiene muy poco margen de maniobra. En Liechtenstein habría podido incluso vetar las leyes. Aquí no puede hacer nada. Y, si aun así objetara, y en una Ley tan espinosa como la del Aborto -que desgraciadamente tiene mucho apoyo social, más o menos tanto como detractores-, podrían producirse graves disturbios sociales que nadie "importante" quiere, tal vez con muertos en las calles. Peor aún, si el Rey y el Príncipe abdicaran y se proclamara una República, las leyes de ésta serían aún más inhumanas y crueles. Y eso lo saben los que de verdad mandan o influyen en los que mandan, a los que no les interesa arriesgarse a esa situación.

Fíjate en que la Conferencia Episcopal critica todo el proceso de elaboración de leyes como las del aborto, la eutanasia o las de manipulación educativa -que no educación-, hasta que llega el momento en que el Rey tiene que sancionarlas. Ahí callan. Una vez publicadas en el BOE, las vuelven a criticar.

Es más, recuerdo -pero era un niño, así que no me pidas detalles- que con la anterior ley del aborto el Rey se planteó no sancionarla (y hubiera tenido más apoyo social para eso que ahora). Consultó a alguna autoridad religiosa -no recuerdo si la Conferencia Episcopal, el Nuncio de Su Santidad o el propio Juan Pablo II-, y dicha autoridad le dijo que sancionara la ley. Vale, habría podido interpretarse como una interferencia de la Iglesia en un Estado aconfesional -entonces no se decía esa falacia de "laico"-, pero no lo es más que cuando hoy se recuerda a quienes practican o cooperan en un aborto y a las propias madres que están excomulgados "late sententiae".

Por cierto, ¿por qué esa excomunión no afecta a los Parlamentarios que votan a favor de esas leyes? En el caso del Rey, al menos se han molestado en explicarlo, basándose, como no podía ser menos, en que la sanción real no da ni quita fuerza jurídica a las leyes y en que el Rey no contrae responsabilidad al firmar, sólo el que refrenda (aunque igual también debería estar excomulgado, si contrae una responsabilidad moral). En cualquier caso, ¿no es mucho más grave moralmente y merecedor de excomunión -y con bula que lo decrete, no meramente "late sententiae"- hacer leyes contra la vida que ejercitar individualmente los "derechos" reconocidos en ellas?

La verdad es que cada vez que veo a todo un Obispo o Cardenal o incluso al propio Papa dar la comunión -ante las cámaras de televisión, para mayor escándalo- a José Bono u otro de esos políticos "católicos" que ponen una vela a Dios y miles a Satanás, sin hacer en ningún momento un solo gesto de arrepentimiento -bien al contrario, enorgulleciéndose de sus pecados contra la Humanidad y de sus delitos contra la Constitución-, se me revuelven las tripas. A una chiquilla de 15 años la obligan sus padres a abortar, y no puede comulgar ni confirmarse hasta que haga penitencia pública llorando como una Magdalena o tenga la suerte de que le pille cerca un acontecimiento donde pueda recibir indulgencia especial, como la última JMJ, pero todo un Presidente del Congreso puede pavonearse en periódicos de derechas de que por aprobar con su voto la nueva ley del aborto y apoyarla públicamente en todo tipo de discursos y eventos no va a dejar de comulgar cuando le dé la gana, y Obispos auxiliares amigos suyos dicen que están dispuestos a administrarle el sacramento sin ningún escrúpulo (que no me lo invento, lo leí en ABC y/o La Razón el año pasado).

Y con el divorcio hacen igual. Francisco Álvarez Cascos, siendo Vicepresidente del Gobierno con Aznar, se casó por lo civil estando divorciado de un anterior matrimonio sin tener nulidad eclesiástica (sólo habría faltado que hubiera querido volver a pasar por capilla). Entre los Obispos españoles hubo división de pareceres (no tendría que haberla habido, la excomunión de este sujeto adúltero debió haber sido pública y fulminante), y finalmente este individuo ha podido seguir haciendo ostentación de su catolicismo farisaico con apoyo explícito de Obispos amigos -recepción de la eucaristía ante las cámaras de televisión en la boda del Príncipe incluida, si no recuerdo mal-. Mientras, cualquier católico divorciado del montón -aunque le hayan demandado de divorcio y, por tanto, le haya divorciado el Juez, es decir, que no haya habido acuerdo entre los cónyuges y, por tanto, el Juez te divorcia a petición del otro cónyuge, aunque no quieras-, si quiere recibir ese sacramento tiene que irse a una parroquia donde no le conozcan, y pecando de sacrilegio, claro.

¿No es todo esto mucho más grave que si el Rey debe o no firmar una ley?

Por cierto, LONSO, esa objeción de conciencia que dices, desgraciadamente, no existe en la Constitución. Nuestra Carta Magna sólo recoge la objeción de conciencia al servicio militar, en el art 30.2, no en el 16. Coincido, sin embargo, en que la libertad de pensamiento, conciencia y religión de este último artículo podría interpretarse en el sentido que dices, también para el Rey. Ojalá algún día pueda hacerse así.

Totalmente de acuerdo respecto al recurso previo de inconstitucionalidad. Sólo que yo no soy partidario de que exista un Tribunal Constitucional, y menos tal como se elige ahora. Creo que sería mejor sustituirlo por una Sala Sexta, de lo Constitucional, en el Tribunal Supremo, o que la Sala de Revisión de este órgano (la célebre Sala del 61) asumiera esas competencias. Ahorraríamos gasto público, y sobre todo se acabaría con una situación insostenible y vergonzosa de conflicto de jurisdicciones que tan a menudo arrebata al Tribunal Supremo su carácter de supremo órgano de justicia (y que ha permitido a ETA presentarse a las últimas elecciones autonómicas y locales). Además, incluso aunque el Parlamento siguiera eligiendo al Consejo General del Poder Judicial como ahora -algo que también debería cambiarse, para que a los Vocales del Consejo los elijan directamente los Juristas en activo y eméritos, en sendos colegios electorales de Jueces y Magistrados y otros juristas-, un Tribunal Supremo y Constitucional formado por miembros de la carrera judicial siempre sería más independiente que lo que ahora tenemos. Además, el nombre suena genial. Y sí, ya sé que habría que reformar los Títulos VI y IX de la Constitución, derogar la Ley Orgánica del TC y reformar también la Ley Orgánica del Poder Judicial. Total, esta última la modifican todos los años varias veces. Los opositores de justicia ya estamos acostumbrados.

Pues todas esas reformas las he pedido al PP en la encuesta "Yo cambiaría...". A ver si se anima más gente.

¿Tiene o no tiene el Rey derechos fundamentales?

¿Los derechos fundamentales son o no son de rango superior a otros?

 

Segun varias sentencias el TC el derecho a la objecion de conciencia emana directamente del contenido del articulo 16 de la constitución y no precisa de mayor regulación para su ejercicio.

 

Tus especulaciones sobre las consecuencias son solo especulaciones. has llegado especular con la posibilidad de que se instaurase una republica o de que desencadenese hasta otra guerra. También especulas sobre una supuesta consulta del Rey al Papa, a la conferencia episcopal, a su confesor o a cualquiera. Al margen de ese tipo de especulaciones y sobre las de las incogruencias de la aplicación del derecho canónico, o de las decisiones del TC, me gustaria que con sencillez respodieras sin evasivas las dos simples preguntas que te planteo.