Pide a la Generalitat de Cataluña que confirme o desmienta públicamente su intención de aprobar una medida abiertamente ilegal,

El Gobierno catalán es consciente de que su decisión de prohibir en los colegios públicos y concertados la enseñanza de la religión católica es una medida abiertamente ilegal, antiestatutaria, inconstitucional y que viola la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si esta decisión, como apuntan algunas fuentes, hubiera sido adoptada en secreto por el Consejo Ejecutivo de la Generalitat, cuyas decisiones son obligadamente públicas, el Gobierno de Maragall estaría cometiendo otra irregularidad más al no hacer pública esta medida. Pide a la Generalitat que dé explicaciones a los ciudadanos y que confirme o desmienta su implicación en una propuesta abiertamente ilegal y totalitaria.

Tal como adelantó ForumLibertas, la decisión de prohibir la enseñanza de la religión católica en las escuelas públicas y concertadas fue tomada por el Consejo Ejecutivo de la Generalitat en una reciente reunión ordinaria, pero esa decisión no se ha hecho pública, incumpliendo así el Artículo 37.4 de la Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía de Cataluña, que afirma expresamente que "Todas las normas, disposiciones y actos emanados del Consejo Ejecutivo o Gobierno y de la Administración de la Generalidad que lo requieran serán publicados en el Diari Oficial de la Generalitat."

De ser cierta, esta decisión de la Generalitat sería abiertamente ilegal al suponer un claro incumplimiento de los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979, que afirman en su Artículo II que todos los niveles de enseñanza "incluirán la enseñanza de la religión católica en todos los Centros de educación, en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales." Estos Acuerdos forman parte de nuestro Ordenamiento Jurídico, al que, por mandato constitucional, se encuentra sujeta la Administración Pública. Tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional, a través de numerosas resoluciones sobre esta materia, han sentado una jurisprudencia que declara, sin dejar lugar a dudas de ningún tipo, la obligatoriedad de ofertar la asignatura de Religión para todos los centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, así como la obligación de que los alumnos que no cursen esa materia hayan de asistir a una materia alternativa.Si se confirma la ya mencionada medida, por otra parte, la Generalitat habría adoptado una decisión abiertamente inconstitucional, pues el Artículo 27.3 de la Constitución Española afirma que "Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones." La Generalitat también estaría apropiándose de una competencia que no tiene asignada, pues el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña en su Artículo 15 precisa que la Generalitat dispone de competencia plena en la regulación y administración de la enseñanza "sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución".

Hay que recordar, además, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma, en su Artículo 18, que "Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia." El Artículo 26.3 de la Declaración añade que "Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos." ¿Habrá leído esto la Generalitat?

El secretario general del Ministerio de Educación, Alejandro Tiana, ya ha pedido a los responsables educativos de la Generalitat que cumplan «con la estricta legalidad» en materia de enseñanza religiosa. Según el propio Tiana, la Generalitat habría desmentido dicha medida. Sin embargo, ese desmentido no se ha hecho público. Por el contrario, la directora general de Asuntos Religiosos de la Generalitat, Montserrat Coll, ha admitido que el Gobierno catalán trabaja en línea con las medidas denunciadas por ForumLibertas.

Pide al Gobierno de la Generalitat que confirme o desmienta la adopción de esta medida abiertamente ilegal, antiestatutaria e inconstitucional. Te proponemos la siguiente carta modelo que será enviada a:

Pascual Maragall, President de la Generalitat de Catalunya
Marta Cid i Pañella, Consellera de Educació
Artur Mas, CDC
Josep Antoni Durán i Lleida, UDC
Alberto Fernández, PPC

Carta en català

Nom*
E-mail*
D.N.I.
Assumpte*
Missatge	A l'atenció del Molt Honorable Sr. Pasqual Maragall, President de la Generalitat de Catalunya c/c Honorable Sra.Marta Cid i Pañella, Consellera d' Ensenyament; Sr. Artur Mas, CDC; Sr. Josep Antoni Duran i Lleida, UDC; Sr. Alberto Fernández Díaz, PPC He tingut coneixement mitjançant el diari digital ForumLibertas de la decisió de la Generalitat de prohibir l' ensenyament de la religió catòlica a les escoles públiques i concertades. Segons l' esmentada font, aquesta decisió fou presa pel Consell Executiu de la Generalitat en una recent reunió ordinària, tot i que aquesta decisió no s' ha fet pública, incomplint així l' Article 37.4 de la Llei Orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d' Autonomia de Catalunya, que prescriu expressament que "Totes les normes, disposicions i actes emanats del Consell Executiu o Govern i de l'Administració de la Generalitat que ho requeriran seran publicats en el Diari Oficial de la Generalitat." Aquesta decisió de la Generalitat, de ser certa, és obertament il.legal en suposar un clar incompliment dels Acords Església-Estat del 1979, que a l'Acord relatiu a l' Ensenyament disposa al seu Article II que tots els nivells d' ensenyament "inclouran l'ensenyament de la religió catòlica en tots els Centres educatius, en condicions equiparables a la resta de disciplines fonamentals." Aquests Acords formen part del nostre Ordenament Jurídic, al qual, per mandat constitucional, es troba subjecta l'Administració Pública. Tant el Tribunal Suprem com el Tribunal Constitucional, a través de nombroses resolucions sobre aquesta matèria, han sentat una doctrina jurisprudencial que declara, sense cap mena de dubte, l'obligatorietat d' oferir l' assignatura de Religió per a tots els centres d'Educació Infantil, Primària i Secundària, així com l' obligació que els alumnes que no cursin aquesta matèria hagin d' assistir a una matèria alternativa. Ademés, aquesta decisió seria obertament inconstitucional, atès que l' Article 27.3 de la Constitució Espanyola proclama que "Els poders públics garanteixen el dret que assisteix als pares per tal que els seus fills rebin la formació religiosa i moral que estigui d'acord amb les seves pròpies conviccions." La Generalitat estaria apropiant-se, per altra banda, d' una competència que no té assignada, doncs el mateix Estatut d' Autonomia de Catalunya estableix que la Generalitat disposa de competència plena en la regulació i administració de l' ensenyament "sense perjudici del que disposa l'article 27 de la Constitució". Por tot plegat demano com a ciutadà al Consell Executiu de la Generalitat que confirmi o bé desmenteixi l' adopció d' aquesta mesura obertament il.legal, antiestatutària i inconstitucional. Atentament, [nom i cognoms]

*Camps obligatoris

Carta en castellano

Nombre*
E-mail*
D.N.I.
Asunto*
Mensaje	A la atención de Pascual Maragall, President de la Generalitat de Catalunya c/c Marta Cid i Pañella, Consellera de Educació; Artur Mas, CDC; Josep Antoni Durán i Lleida, UDC; Alberto Fernández, PPC He conocido a través del periódico ForumLibertas la decisión de la Generalitat de prohibir la enseñanza de la religión católica en las escuelas públicas y concertadas. Según la mencionada fuente, esa decisión fue tomada por el Consejo Ejecutivo de la Generalitat en una reciente reunión ordinaria, pero esa decisión no se ha hecho pública, incumpliendo así el Artículo 37.4 de la Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía de Cataluña, que afirma expresamente que "Todas las normas, disposiciones y actos emanados del Consejo Ejecutivo o Gobierno y de la Administración de la Generalidad que lo requieran serán publicados en el Diari Oficial de la Generalitat." Esta decisión de la Generalitat, de ser cierta, es abiertamente ilegal al suponer un claro incumplimiento de los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979, que afirma en su Artículo II que todos los niveles de enseñanza "incluirán la enseñanza de la religión católica en todos los Centros de educación, en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales." Estos Acuerdos forman parte de nuestro Ordenamiento Jurídico, al que, por mandato constitucional, se encuentra sujeta la Administración Pública. Tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional, a través de numerosas resoluciones sobre esta materia, han sentado una jurisprudencia que declara, sin dejar lugar a dudas de ningún tipo, la obligatoriedad de ofertar la asignatura de Religión para todos los centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, así como la obligación de que los alumnos que no cursen esa materia hayan de asistir a una materia alternativa. Además, esta decisión sería abiertamente inconstitucional, por cuanto el Artículo 27.3 de la Constitución Española afirma que "Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones." La Generalitat estaría apropiándose, por otra parte, de una competencia que no tiene asignada, pues el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña precisa que la Generalitat dispone de competencia plena en la regulación y administración de la enseñanza "sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución". Por todo ello pido como ciudadano al Consejo Ejecutivo de la Generalitat que confirme o desmienta la adopción de esa medida abiertamente ilegal, antiestatutaria e inconstitucional. Atentamente, [nombre y apellidos]