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¿Dónde está la ley de comercio de armas? Zapatero incumple otra de sus promesas

España vendió 37 millones de cartuchos a Ghana en 2004, una muestra de la Alianza de Civilizaciones que propone  Rodríguez Zapatero, quien  suele presentar su proyecto como garante de la paz entre los pueblos.  ?No sólo se venden armas a quien no debe tenerlas? sino que, además, ?la información que da el Gobierno no es lo suficientemente transparente?, constata Intermón Oxfam al referirse al incumplimiento del Ejecutivo de Zapatero de presentar, en el plazo de un año, un proyecto de ley de comercio de armas. No muy lejos queda en la memoria, tampoco, la polémica venta de armas al gobierno de Chávez en Venezuela, un régimen que se vanagloria de justificar la nómina del etarra José Arturo Cubillas y a su mujer.

REDACCIÓN HO, FORUM LIBERTAS.- El compromiso del presidente del Gobierno ante la decisión del Congreso de los Diputados venció el pasado día 13 y fue establecido por unanimidad de todos los Grupos Parlamentarios en una Proposición No de Ley (PNdL) aprobada el 13 de diciembre de 2005. Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermón Oxfam denuncian este incumplimiento y piden al Gobierno que acelere la presentación del proyecto de ley para su aprobación lo antes posible.
 
¿Alianza de Civilizaciones?
 
La crítica de las tres ONGs viene a coincidir en el tiempo con el viaje de José Luis Rodríguez Zapatero a Nueva York para promocionar su ?Alianza de Civilizaciones? en la sede de la ONU. No deja de ser paradójico que el principal garante de esa alianza, conjuntamente con el primer ministro Recep Tayyip Erdogan, sea el presidente de un Gobierno que, por ejemplo, vendió 37 millones de cartuchos a Ghana en 2004.

Facturados como munición de caza, estos suministros bélicos en realidad acaban cruzando la frontera para ir a parar a los bandos armados de países en conflicto como Sierra Leona y Liberia.
 
?El año en que se batirá el récord mundial de gasto en armamento ha sido también el año en el que Naciones Unidas ha sentado las bases de un futuro Tratado Internacional sobre Comercio de Armas, y podría haber sido el año en el que el Parlamento español hubiera debatido y aprobado una ley para el control y la transparencia de las exportaciones de armas?, considera Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional. ?Sin embargo, el Gobierno, que ha tenido doce meses para preparar el proyecto de ley, ha desoído al Parlamento y a los ciudadanos, que piden más control para este comercio letal?, añade Beltrán.
 
Falta de transparencia
 
Las tres ONGs han denunciado en reiteradas ocasiones la falta de transparencia en las ventas españolas de armas y material de defensa, y el incumplimiento del Código de Conducta de la Unión Europea con la venta de armamento a países como Colombia, Haití, EEUU, Indonesia e Israel.
 
En total, cerca del 30% de los destinos de las armas españolas no superarían la aplicación estricta del Código de Conducta, por el que los países europeos se han comprometido a no vender armas a países en conflicto, en los que se violen los derechos humanos o en los que impere la pobreza.
 
?Necesitamos una ley que incluya medidas concretas para el control del comercio de armas, desde los criterios para evitar que lleguen a ciertos países hasta cómo deben ser las licencias del Gobierno en todo el proceso de comercialización de armas, incluidas la producción, la intermediación y la exportación?, explica Juan López de Uralde, director de Greenpeace. ?Además, el Gobierno debería incorporar en la ley las mejores prácticas de países vecinos y los acuerdos internacionales suscritos por España, para que esta ley sea la más avanzada?, agrega el director de la organización ecologista.
 
?No sólo se venden armas a quien no debe tenerlas. Tampoco sabemos cuánto material de defensa se está prestando o regalando, y no sabemos si se están vendiendo botes de humo o mísiles a un país como Colombia, porque la información que da el Gobierno no es lo suficientemente transparente. La ley tiene que servir para subsanar todo esto?, critica Ariane Arpa, directora general de Intermón Oxfam.
 
Algunas cifras
 
Según los últimos datos oficiales, en 2005 España vendió armas y material de defensa por valor de 419 millones de euros a 48 países, entre ellos países en conflicto o en los que se violan sistemáticamente los derechos humanos.
 
También vendió tecnologías y productos de doble uso a 56 países por valor de 58 millones de euros. Entre estas últimas ventas destacan las transferencias a China de material nuclear, que podría incluir reactores y uranio empobrecido.
 
En cuanto a las ventas conocidas, pero que no aparecen en los datos oficiales, Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermón Oxfam han mostrado su preocupación en especial por la venta de 6 aviones C-212MP Aviocar a Indonesia. Estos aviones han sido enviados por piezas y ensamblados en el lugar de destino.
 
También preocupa el hecho de que España sea el primer exportador mundial de municiones a África Subsahariana, y esas ventas no tengan control alguno. Por ejemplo, se vendieron 37 millones de cartuchos a Ghana en 2004, pero esas ventas ni siquiera precisan autorización por parte del Gobierno porque se considera munición para caza.  Las ONG piden al Gobierno que siga el ejemplo de países como Francia e incluya en la ley la necesidad de mecanismos de control sobre esas transferencias.
 
Lo imprescindible
 
Según las tres ONGs, la ley debería contemplar como imprescindibles, al menos, los siguientes elementos:
 
1) Un procedimiento transparente para la autorización de transferencias que incorpore un mecanismo de control periódico por el Congreso de los Diputados.
 
2) Garantías para que ese procedimiento se base en la aplicación estricta y la interpretación escrupulosa de los criterios del Código de Conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas.
 
3) Indicaciones detalladas sobre la información mínima que debe contener el informe oficial sobre las estadísticas españolas de transferencias de material de defensa y doble uso, y que debe estar en consonancia con las mejores prácticas en materia de transparencia de otros países de la Unión Europea.

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