El PSOE justifica su laicismo instrumentalizando la Constitución

El PSOE justifica su laicismo instrumentalizando la Constitución

Apenas acaba de proclamar el ministro de Justicia el victimismo del Ejecutivo, acusando el pasado viernes a parte del clero de sembrar la discordia, ignorando los múltiples ataques laicistas al catolicismo impulsados desde el Gobierno,  el PSOE ha decidido proclamar el laicismo de la Constitución, sin el que  cual, dicen los socialistas en un manifiesto con ocasión del XXVIII aniversario de la Carta Magna, se permitiría el maltrato a la mujer o y se perseguiría a homosexuales.

REDACCIÓN HO, AGENCIAS.- El PSOE invoca un inexistente "principio de laicidad" como uno de los valores fundamentales de la Constitución de 1978, que los socialistas vinculan directamente a la republicana de 1931. En el manifiesto, el PSOE sostiene que sin la "laicidad constitucional", en España se toleraría "el maltrato a las mujeres, la ablación o la discriminación por razón de sexo", mientras que se prohibiría "la interrupción voluntaria del embarazo [aborto] y el matrimonio homosexual".

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, defendía este viernes la doctrina de que la "aconfesionalidad" del Estado equivale a que España es "laica" por mandato constitucional. Mientras, colegios públicos de Aragón y de Murcia han suprimido el Belén y los villancicos -de la quema se ha salvado, no se sabe por que bula especial, Papa Noel-.  como gesto de ?tolerancia religiosa?.

Instrumentalización de la Carta Magna

El último ataque laicista es el manifiesto del PSOE con motivo del XXVIII aniversario de la promulgación constitucional, que destaca que la Carta Magna de 1978, junto a la Constitución de 1931, representa "la más alta plasmación en la historia del pueblo español de su voluntad de vivir en un régimen democrático". En él se afirma: "se trata, como cada año, de un acontecimiento que debe llenar de orgullo y satisfacción a los españoles pues, no en vano, tras la quiebra del régimen republicano y con él, de la legitimidad democrática, el vivido desde la promulgación de la Constitución del 78, ha sido el único período constitucional de normalidad democrática y estabilidad política".
 
Para el PSOE, como "pone de manifiesto el actual proceso de renovación" del Estado autonómico, en este marco de convivencia diseñado por la Norma Fundamental "tiene cabida la articulación de la diversidad territorial que caracteriza a la España plural". "Pero -ha enfatizado-, además de dicha diversidad territorial, nuestra Norma básica sienta las bases para el desarrollo de otro tipo de diversidad: el que deriva del libre y plural ejercicio del derecho de libertad de conciencia de todos sus ciudadanos".

Laicidad e inmigración 
 
A juicio de los socialistas, en un momento "como el actual", en el que "el fenómeno migratorio está convirtiendo a la sociedad española en una sociedad multicultural, es preciso recordar y reafirmar" el valor del "principio constitucional" de la "laicidad", cuya vigencia "es esencial" para que se esté "en grado de revalidar los ya 28 años de convivencia en libertad que han conducido a España a un estatus de progreso y estabilidad sin precedentes".
 
Asimismo, el texto enfatiza que desde la laicidad "se garantiza la convivencia de culturas, ideas y religiones sin subordinaciones ni preeminencia de creencias, sin imposiciones, sin mediatizar la voluntad ciudadana, sin subordinar la acción política de las Instituciones del Estado Social y Democrático de Derecho a ningún credo o jerarquía religiosa". A su juicio, "garantía para desarrollar los derechos de ciudadanía" ya que "el Estado Democrático y la Ley, así como la soberanía, no obedecen a ningún orden preestablecido de rango superior, pues la única voluntad y soberanía es la de la ciudadanía".
 
Por otro lado, para el PSOE, en una sociedad "cada vez más plural" en la que están en "circulación pluralidad de códigos éticos" fruto, entre otros factores, de la "generalización de los movimientos migratorios", uno de los desafíos "más importantes que se plantean" a los poderes públicos es contribuir "a la formación de conciencias libres, activas y comprometidas con el mínimo común ético constitucional, esto es, con el patrimonio común de valores constitucionalmente consagrado".