El Procurador General de Colombia planta cara a la imposición del aborto

El Procurador General de Colombia planta cara a la imposición del aborto

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REDACCIÓN HO.-  Colombia, como el resto de países iberoamericanos que consagran en sus legislaciones la defensa del derecho a la vida, está siendo centro de los ataques proabortistas para hacer del aborto un 'derecho', idea que se esconde en políticas que aluden eufemísticamente a la "salud sexual y reproductiva" y a la salud materna, impulsadas y financiadas desde la ONU y auspiciadas por los lobbies feministas y defensores de la ideología de género apoyados, muy principalmente, por la administración estadounidense de Barack Obama  y su embajadora en este tema,Hillary Clinton. Ahora, el mismo  Procurador General de la Nación de Colombia, Alejandro Ordóñez Maldonado,  ha salido al paso de la imposición del aborto, que niega el derecho a la objeción de conciencia a los profesionales sanitarios.

En declaraciones recogidas por ACIPRENSA, Ordóñez señaló que "nadie puede ser obligado a aceptar  aborto" al referirse al derecho a la objeción de conciencia ante esta práctica por parte de jueces y del personal sanitario que se ve violentado por una decisión de la Corte Constitucional que obliga a estas personas a ir contra sus convicciones morales.

En un foro en la Universidad Nueva Granada, Ordóñez, quien promueve esta semana en el Congreso una ley para que nadie sea obligado a cumplir una orden que atente contra sus convicciones ante el aborto, dijo que de no respetarse la objeción de conciencia "un funcionario, con convicciones respecto de la vida o del matrimonio, no podría acceder a la función pública porque tendría que actuar contra su ideas".

Según señala el diario El Tiempo, el Procurador señaló que "un juez, por poderoso que sea, no puede cambiar la naturaleza de las cosas. Nos cambiaron la naturaleza del delito: el aborto pasó de delito a derecho y, por tanto, las consecuencias jurídicas frente a la conciencia de quienes tengan que decidir dentro de sus funciones públicas son gigantescas".

En su última sentencia, la Corte Constitucional –que en 2006 despenalizó el aborto en los casos de violación, malformación congénita y peligro de muerte del niño o la madre– dejó claro que los médicos pueden negarse a practicar abortos legales, pero no las instituciones. Este tribunal señala que la objeción de conciencia tiene límites ya que los funcionarios están obligado a cumplir con la ley por encima de cualquier convicción moral política o religiosa.

Para Ordóñez esta posición es "totalitaria" y plantea que en un plazo de ocho días los funcionarios podrán negarse a decidir sobre el tema.

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