Los hospitales colombianos sí podrían negarse a practicar abortos

Los hospitales colombianos sí podrían negarse a practicar abortos

El juez Petrelt, del Constitucional, justifica el pleno derecho a la objeción que asiste también a las personas jurídicas, aún en los casos excepcionales de despenalización del aborto.



Jorge Petrelt, magistrado del Constitucional colombianoREDACCIÓN HO.- La práctica del aborto sí podría ser limitada por decisión de las instituciones médicas colombianas, aún frente a los tres casos excepcionales amparados por la Corte Constitucional, defiende el magistrado de este alto tribunal, Jorge Ignacio Pretelt.


El destacado jurista destacó públicamente que se trata de un derecho fundamental que, como la objeción de conciencia, también cobija a las personas jurídicas, que están facultadas para establecer ese tipo de condiciones dentro de un marco operacional. Así, expresó:


Que tengan un convencimiento de respeto, por ejemplo, sobre la vida humana; no se le puede obligar a una persona jurídica que tenga un convencimiento, un respeto hacia la dignidad del hombre y que esté establecido en sus estatutos, en su diario, obligar a practicar interrupciones”.


Precisó que la misma jurisprudencia constitucional marca excepciones en torno a la práctica del aborto, aunque se den casos de riesgo de muerte o de daños severos en la salud de la madre, malformaciones del feto o embarazos producto de la violación, que marcan la despenalización de este procedimiento quirúrgico.


Añadió que el derecho a la conciencia es un derecho fundamental, y que en ese sentido se deben seguir buscando mecanismos para encontrar salidas al tema del aborto.


En el mismo acto, la directora del Programa Género y Justicia de Women´s Link, la abogada Mónica Roa -conocida por su constante peregrinar por Iberoamérica defendiendo sus tesis feministas y proabortistas bajo el eufemismo de "derechos reproductivos"- , discutió esta postura y señaló que la objeción de conciencia es un derecho de naturaleza personal, que no puede extenderse a las instituciones, al tiempo que consideró lo expuesto por el magistrado "peligroso para el respeto de los derechos reproductivos de las mujeres, protegidos por la sentencias de la Corte Constitucional".


"El mal uso de la objeción de conciencia ha sido el gran obstáculo parta el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto en tres casos específicos, y esa sería la excusa de los médicos y directores de las instituciones para violar los derechos de las mujeres”, insistía la proabortista, quien además rechazó la propuesta del Procurador General, Alejandro Ordóñez, que también pretende regular la objeción de conciencia.


Por su parte, el Director del hospital San Ignacio, Julio Cesar Castellanos, señaló que para evitar controversias es necesario que exista una reglamentación clara al respecto: “Necesitamos que se regule el tema sin tener que congestionar los Tribunales con tutelas, cuando el tema es menos complejo de lo que parece. El Congreso debe tomar cartas en el asunto y legislar al respecto”, puntualizó Julio César Castellanos.


Tutela y adoctrinamiento ideológico


La mayoría de la Sala Plena de la Corte también había abordado un postura distinta a la expresada por el magistrado Pretelt a través de la acción de tutela, en la cual ordenó a varias instituciones a implementar la agresiva campaña para fomentar el adoctrinamiento de adolescentes en materia de derechos sexuales, especialmente en lo que tiene que ver con el aborto.  Atacando la objeción y pese a la cruzada del procurador general, Alejandro Ordóñez, contra este exceso de la Corte Suprema, tres magistrados -y no el pleno- avalaron a mediados de agosto, como ya informara HO, la imposición de la ideología proabortista en los centros educativos del país; colegios, universidades y otros centros de formación, con apoyo de las autoridades estatales, deberán dar cumplimento a la sentencia de la Corte Constitucional, que pretende que la ciudadanía "tenga plena conciencia de los derechos que le asisten en materia sexual y reproductiva, especialmente frente a la interrupción voluntaria del embarazo".


El Procurador consideró que la orden de la Corte excedía sus competencias y podía, incluso, generar un problema mayor al exponer a los menores a un tema tan complejo como el 'derecho' al aborto.  El Ministerio Público también pidió que fuera la Corte en pleno y no una sala de tres magistrados la que tomara la decisión, como finalmente ocurrió.


Hace cuatro años la Corte despenalizó el aborto en tres casos específicos: cuando la madre corre grave riesgo de morir, cuando el embarazo es producto de una violación o cuando el niño presenta malformaciones genéticas. La nulidad contra el fallo de tutela fue interpuesta por el Procurador General, Alejandro Ordóñez, quien argumentó que la Corte había cambiado su jurisprudencia y el sentido de la sentencia que despenalizaba el aborto en tres casos especiales, agregando nuevas disposiciones. En concreto, alegaba las contradicciones entre la  la sentencia 388, que  ordena las campañas masivas en los centros educativos, respecto a la C-355 del 2009, que el aborto en tres casos excepcionales.