La Abogacía del Estado argumenta que las menores de edad deben poder abortar porque eso las protege.

REDACCIÓN HO/EUROPA PRESS.- El Gobierno socialista ha legislado el aborto, como el resto de leyes que directa o indirectamente conciernen a la familia, considerando a los padres como el enemigo a batir. Y ahora las alegaciones que el Estado presenta a los recursos de inconstitucionalidad del PP y el Gobierno de Navarra siguen la misma senda.

Las alegaciones de la Abogacía del Estado, el servicio jurídico del Gobierno, defienden que las niñas de 16 y 17 años puedan decidir si se someten o no a un aborto durante las primeras 14 semanas de embarazo argumentando para ello el deber constitucional de protección del menor:

"El legislador ha interpretado ese interés superior de protección del menor en el sentido de que, atendida la edad, la forma más correcta de proteger a la menor, cuando tiene 16 o 17 años, es reconocer como suficiente su voluntad."

Para la abogacía, los padres o representantes de la menor, al imponer la obligación de estar previamente informados excepto en los casos de conflicto, "pueden contribuir a la formación de la voluntad”:

“Desde un punto de vista constitucional no hay fundamento alguno para sostener que sólo a partir de los 18 años debe reconocerse el grado suficiente de consentimiento a la IVE".

La Abogacía del Estado recurre el resto de artículos impugnados por el PP y el Gobierno de Navarra y pide al Alto Tribunal que admita su escrito y, por tanto, dicte sentencia desestimando los recursos de inconstitucionalidad.

El servicio jurídico del Gobierno añade que la ley del aborto se enmarca "en el contexto de un conjunto de medidas legislativas llevadas a cabo en los últimos años en otros estados europeos", y señala:

“La práctica totalidad de los Estados del entorno adoptan un sistema que permite la IVE no sólo cuando concurren determinadas indicaciones sino, también, en una primera fase de la gestación asumiendo los poderes públicos deberes de prevención, asesoramiento y asistencia a la mujer".

Cita en este contexto los casos de Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Finlandia, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Portugal, Dinamarca, Noruega o Suecia.

También defiende que la nueva ley "ofrece una mayor protección" a la vida humana:

"Dado que el modo en que se desarrolla el escrito del recurso no permite contemplar en su conjunto esa protección, es oportuno recordar que se mantiene en nuestro ordenamiento la protección penal del nasciturus y que a ella se une una serie de medidas de protección asistencial y preventivas".