El CGPJ denuncia la liberalización encubierta de etarras por la reforma penal

La reforma del Código Penal que prepara el Gobierno podría suponer la revisión de las penas de los dirigentes de ETA, según un informe del CGPJ que revela El Mundo. Ante la posibilidad de que jefes terroristas puedan beneficiarse de las nuevas reglas de prescripción, el órgano de Gobierno de los jueces se plantea exigir la irretroactividad de la reforma, que podría tener como consecuencia "inadmisibles situaciones de impunidad". Después de la sangrante reducción de pena al sanguinario De Juana Chaos o la liberalización de terroristas callejeros ?hoy mismo el juez Garzón ha dictado un auto en tal sentido-, el Gobierno debe explicar de una vez sus negociaciones y las concesiones que a todas luces parece estar haciendo ETA, sin que haya habido contrapartida previa alguna por parte de los terroristas.   Por el contrario, Batasuna-ETA vuelve hoy exigir que cesen las actuaciones judiciales.  Y la respuesta del ejecutivo no es sino seguir dando voz a los terroristas: después de queayer Zapatero hablara del sitio político que "sin duda" debe tener Batasuna y tras el fracaso que supuso en la lucha antiterrorista el debate europeo del pasado día 25, Moratinos no descarta que  también se hable de ETA en la Cumbre Iberoamericana.

REDACCIÓN HO- El Mundo sugiere en el editorial que la reforma del Ejecutivo podría proporcionar a los presos de ETA una "salida encubierta" que el CGPJ ha puesto ahora sobre la mesa. Según informa el diario, la reforma reduce la manera de impedir la prescripción de los delitos de manera "drástica". Basándose en una sentencia del Constitucional, establece que es necesaria "una actuación material sustancial" del juez "contra persona determinada" para interrumpir la prescripción. De esta forma, en los delitos complejos como la dirección de una banda terrorista, si no queda suficientemente comprobada "la perfecta determinación" de los responsables, se interrumpirán los procesos contra ellos.

 

En el informe del CGPJ, elaborado por su Comisión de Estudios, el órgano de Gobierno de los jueces advierte de que esta modificación en el criterio para la prescripción de los delitos podría suponer la "revisión generalizada" de procesos contra los dirigentes de ETA. Según el CGPJ, la reforma podría provocar "inadmisibles situaciones de impunidad difícilmente asimilables por la sociedad".

 

La medida podría afectar a procesos de ETA y los GAL
 

Por ello, el documento del órgano de Gobierno de los jueces considera "de todo punto necesario" que la reforma no tenga carácter retroactivo, para que no afecte a los dirigentes de ETA en prisión. Indica que su aplicación debería limitarse "estrictamente" a los casos que se produzcan tras su aprobación y nunca a los anteriores, ante el "riesgo, probablemente no querido por el prelegislador", de que afecte a los procesos relacionados con ETA, GRAPO o los GAL. El informe será debatido el próximo viernes en el pleno del CGPJ.

 

El Mundo, en un editorial, enmarca la reforma del Código Penal en la situación actual de negociación con los terroristas. "Hay que ser malpensados para creer que el Ejecutivo pretendía dejar en el Código Penal una puerta falsa para proporcionar a los presos etarras una salida encubierta", indica. Pero se felicita de que con la "advertencia" del CGPJ, ahora el Ejecutivo debe "despejar la intranquilidad de los jueces".

Desprecio judicial a las víctimas

Sólo una de las tres imputadas por participar el pasado 30 de septiembre en manifestaciones de Batasuna-ETA ha salido de la Audiencia con medidas cautelares. Pese a que en el auto Garzón considera que su presencia "podría ser constitutiva de un delito de integración en ETA", no ha decretado ninguna contra Ainara Armendariz y Maite Díaz de Heredia, mientras que Marije Fullaondo tendrá que comparecer cada 15 días en el juzgado.  El fiscal no había solicitado medidas por unas protestas que fueron autorizadas en su momento por el propio juez Garzón. 

Una nueva humillación a las víctimas, después de que la asociación Dignidad y Justicia y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) hubieran solicitado prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros para Marije Fullaondo, que al final tendrá sólo la obligación de comparecer cada quince días en el Juzgado y la prohibición de abandonar el territorio nacional. En la resolución, Garzón afirma que Fullaondo forma parte de la Mesa Nacional de Batasuna y que, "en tal concepto, ha desarrollado una actividad visible y en nombre y representación de la organización suspendida judicialmente por su integración en la estructura terrorista liderada por ETA".

El Foro de Ermua denuncia la inoperancia fiscal

También la inoperancia fiscal ha motivado que el colectivo que preside Mikel Buesa se haya querellado contra Iker Gallastegi, tío de la etarra Irantxu Gallastegi, condenada en junio pasado por el asesinato de Miguel Ángel Blanco. En un documental emitido en televisión coincidiendo con la celebración del juicio a su sobrina, Iker Galalstegui dijo que los asesinos cumplían "un deber patriótico" cuando mataron al concejal de Ermua, al que calificó de "invasor" y "enemigo de su pueblo". En un comunicado, el Foro de Ermua explica que ha acudido a los tribunales para suplir "en lo posible la ya habitual inactividad del Ministerio Fiscal, que ha decidido trabajar para apoyar el proceso de negociación con ETA del PSOE y Zapatero".

El Foro de Ermua ha denunciado la inacción de la Fiscalía, que a día de hoy no ha tomado medidas contra las declaraciones del tío de la etarra Gallastegi en televisión. Unas palabras, sostiene la plataforma cívica, que no sólo producen una "repugnancia moral indescriptible", sino que "entran de lleno en el delito de apología del terrorismo y menosprecio hacia las víctimas".  Explica en su comunicado que trata así de "suplir en lo posible la ya habitual inactividad del Ministerio Fiscal, que ha decidido trabajar para apoyar el proceso de negociación con ETA del PSOE y Zapatero en lugar de defender activamente la legalidad vigente, guiándose más por consideraciones políticas que jurídicas".

La AVT celebra la imputación del hermano de López Aguilar

Por su parte, la AVT ha celebrado la imputación del hermano del ministro de Justicia por un delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas, del que informaba ayer HazteOir.org.  La Asociación de Víctimas del Terrorismo presentó a finales del pasado mes de mayo una querella contra Carlos López Aguilar, alias Sorrocloco, hermano caricaturista del todavía ministro de Justicia, en base al artículo 578 del Código Penal, que tiene previsto perseguir el delito de enaltecimiento del terrorismo. Era la reacción de la AVT a lo que previamente había desvelado el diario Libertad Digital: que el hermano de Juan Fernando López Aguilar había tachado a la asociación mayoritaria de víctimas del terrorismo de "Asociación de Venganza Talibán". En sus viñetas se podía leer que a Francisco José Alcaraz "le tocó la lotería" cuando ETA asesinó a hermano y dos sobrinas en el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza en 1987.

Ahora, la Asociación de Víctimas del Terrorismo ha expresado su satisacción al conocer que la condición de "hermano de ministro" de Carlos López Aguilar no ha impedido que la Justicia aplique la ley "sin miramientos" y respetando la dignidad de las víctimas. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha admitido a trámite la querella presentada por la AVT contra el hermano del ministro de Justicia por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo en su variante de menosprecio a las víctimas.