El Ministerio de Educación deberá implementar la 'Cátedra del aborto' en Colombia

El Ministerio de Educación deberá implementar la 'Cátedra del aborto' en Colombia

Atacando la objeción y pese a la cruzada del procurador general contra este exceso de la Corte Suprema, tres magistrados -y no el pleno- avalan la imposición de la ideología proabortista en los centros educativos del país.

REDACCIÓN HO.- El Ministerio de Educación de Colombia tendrá que implementar las prolijas campañas masivas que, bajo el eufemismo de "promoción de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres", impondrá la ideología proabortista y antivida en colegios y demás centros educativos del país a través de lo que se denominó como "Cátedra del aborto".

Así lo ratificó la Corte Constitucional al negar la nulidad de la sentencia que le ordenaba también al Ministerio de Protección Social diseñar y ejecutar programas "educativos" para explicarle a las adolescentes sus derechos en materia de reproducción y lo que contempla la ley en cuanto al aborto.

Hace cuatro años la Corte despenalizó el aborto en tres casos específicos: cuando la madre corre grave riesgo de morir, cuando el embarazo es producto de una violación o cuando el niño presenta malformaciones genéticas.  La nulidad contra el fallo de tutela fue interpuesta por el Procurador General, Alejandro Ordóñez, quien argumentó que la Corte había cambiado su jurisprudencia y el sentido de la sentencia que despenalizaba el aborto en tres casos especiales, agregando nuevas disposiciones. En concreto, alegaba las contradicciones entre la  la sentencia 388, que  ordena las campañas masivas en los centros educativos, respecto a la C-355 del 2009, que el aborto en tres casos excepcionales, . 

Sin embargo, la Corte ratificó la sentencia explicándole al jefe del Ministerio Público que sus argumentos no son válidos porque no se está modificando la sentencia inicial, sino que se están ampliando conceptos de la misma.

La cruzada del procurador

El procurador general pretendía impedir que en los colegios y escuelas colombianos se dictara una cátedra sobre el 'derecho al aborto' en los casos que fueron despenalizados por orden de la Corte Constitucional, presentando  solicitud de nulidad econtra la sentencia T-388 del 2009.

El Procurador consideró que la orden de la Corte excedía sus competencias y podía, incluso, generar un problema mayor al exponer a los menores a un tema tan complejo como el 'derecho' al aborto.  El Ministerio Público también pidió que fuera la Corte en pleno y no una sala de tres magistrados la que tomara la decisión, como finalmente ocurrió.

"Las instituciones deben cumplir un plan pedagógico en materia de derechos sexuales y reproductivos. La Corte no se extralimitó en sus funciones y no hay ningún otro recurso", manifestaba por contra ayer miércoles el magistrado Mauricio González, presidente del alto tribunal.

Objeción. Imposición

En esa sentencia también se aclara que la objeción de conciencia es un derecho, pero que debe ser invocada de manera individual y no colectiva. Aún así, insiste en quelas instituciones de salud deben contar con médicos dispuestos a realizarlos siempre y cuando se ajusten a la ley. Además, cuando la ojeción de conciencia es en virtud de su carácter de derecho constitucional fundamental un ejercicio que en todo caso se notificam pero no tieen que ser consecido, la sentencia señala por contra que quien reciba una objeción de conciencia por respuesta deberá ser guiada para conocer dónde le pueden realizar el procedimiento reclamado. De esta decisión se apartaron los magistrados Nilson Pinilla y José Ignacio Pretell.

El fallo también recuerda que contra las sentencias de la Corte Constitucional no cabe recurso alguno y que las nulidades sólo pueden ser invocadas por violación al debido proceso -que deben ser presentadas antes de la dimisión de cada proceso-, y de ahí su otro argumento para la improcedencia de la solicitud presentada por Ordóñez Maldonado, quien buscó la declaratoria de nulidad tras el fallo.

En consecuencia, colegios, universidades y otros centros de formación, con apoyo de las autoridades estatales, deberán seguir dando cumplimento a la sentencia de la Corte Constitucional, que pretende que la ciudadanía "tenga plena conciencia de los derechos que le asisten en materia sexual y reproductiva, especialmente frente a la interrupción voluntaria del embarazo".