Ante la tenaz falacia, la Justicia sentencia: no hay presas por aborto en Guanajuato

Ante la tenaz falacia, la Justicia sentencia: no hay presas por aborto en Guanajuato

<a href="http://www.hazteoir.org/node/32129">«Las mentiras proabortistas, al descubierto por el poder político y judicial: "No hay presas por aborto en Guanajuato"»</a>« »
<a href="http://www.hazteoir.org/node/22344">«Guanajuato se suma a los estados mexicanos que blindan la defensa de la Vida»</a>« »

REDACCIÓN HO.- Frente al blindaje del derecho a vivir en las constituciones de los estados mexicanos, el aborto responde con su única arma: la mentira. Las mentiras proabortistas, al descubierto: "No hay presas por aborto en Guanajuato". Tras los desmentidos por parte del Gobernador Juan Manuel Olivia ,y de la presidenta del Poder Judicial y del Supremo del estado mexicano, Raquel Barajas Monjarás, ahora son cuatro magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de Guanajuato los que han avalado que las seis mujeres condenadas a tres décadas de prisión son culpables del delito de homicidio en razón de parentesco y no de aborto, porque sus hijos nacieron vivos, respiraron y sus madres los privaron de la vida.

El nuevo desmentido se produce después de la rapidez con la que se ha propagado a nivel internacional la falaz campaña mediática proabortista, inIciada en torno al Centro Las Libres, consistente en afirmar falsamente que estas mujeres estaban presas por aborto y que se les había configurado el delito de homicidio que agrava la pena sin apego a sus derechos procesales y por cuestiones religiosas.

Frente a la mentira, los magistrados del alto tribunal aseguran que en seis casos quedó probada la culpabilidad, sólo a Alma Yareli Salazar no se le acreditó la autoría criminal y fue liberada, al  resolverse que las pruebas no fueron contundentes para determinar que mató a su bebé. “Esto es muy importante porque para poder condenar a una persona se requiere prueba fehaciente, prueba plena y en este caso consideramos que no la había para poder establecer la conexión entre la conducta de la inculpada y el resultado de muerte”, indicó el magistrado Miguel Valadés Reyes.

El magistrado Alfonso Fragoso Gutiérrez aseguró que en los seis casos se comprobó con dictámenes médicos “que el producto vivió y que hubo una acción de la madre que provocó la muerte”. Uno de los menores, dijo, fue arrojado a una letrina para que falleciera y otros padecieron la obstrucción de las vías respiratorias para que fallecieran por asfixia mecánica.

La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Raquel Barajas Monjarás, ofreció una conferencia acompañada de los magistrados Miguel Valadez Rayes, Imelda Carbajal Cervantes y Alfonso Fragoso Gutiérrez para matizar que los juicios realizados a estas mujeres se basaron en el derecho.

Barajas Monjarás rechazó cualquier posibilidad jurídica de que los expedientes de las seis mujeres sean reabiertos. “Son casos cerrados, son verdad legal (cosa juzgada). Se resolvieron con base en pruebas periciales, pasaron por la primera y segunda instancia y el amparo”.

La presidenta magistrada argumentó que el Poder Judicial de la Federación resolvió que los juzgadores de Guanajuato no violaron las garantías individuales, valoraron correctamente las pruebas y aplicaron las sanciones conforme a derecho.

Los magistrados Valadez Reyes, Fragoso Gutiérrez y Barajas Monjarás admitieron que haya quien piense que las penas impuestas a las mujeres son excesivas, pero son las establecidas en el Código Penal estatal.

Todas las mujeres vivían en condiciones de extrema pobreza, algunas campesinas y de escasa o nula instrucción escolar, que son elementos que los juzgadores valoran al momento de establecer la culpabilidad y de individualizar la pena. Sin embargo, en la entidad la ley penal impone de 25 a 35 años por homicidio en grado de parentesco, explicó el magistrado Valadez.

Ante la exigencia de 'justicia' de organizaciones proabortistas, la presidenta del STJEG dijo estar dispuesta abrir los expedientes al estudio de la ONU. “Si la petición es legal, si se ajusta a la ley nosotros tenemos que atenderla, no tenemos ninguna objeción”.

También la coordinadora del PAN en la Cámara de Diputados recibió una carpeta con información del Poder Judicial en la que se explica que siete mujeres fueron condenadas hasta 30 años por una causa diferente al aborto.