La factura por los abortos en Aragón superará el millón de euros

La factura por los abortos en Aragón superará el millón de euros

Ante la objeción de los sanitarios en la red pública, los abortos se perpetran en negocios privados: concretado el coste, comunidades y el Ministerio revisarán el modelo de financiación.

REDACCIÓN HO.-  Según publica hoy domingo El Periódico de Aragón, la factura que tendrá que desembolsar el gobierno autonómico del socialista Marcelino Iglesias -a cuenta, claro está, del bolsillo de los ciudadanos-  por la concertación con los abortorios privados podría rondar el millón de euros. Esta cifra es estimativa, puesto que apenas hace un mes que entró en vigor la norma que despenaliza el aborto y establece su financiación íntegra por el sistema público. Todavía se desconoce cuántas mujeres realizarán esta práctica a través de los hospitales o acudirán directamente a los negocios privados como venía sucediendo hasta ahora, pero las cifras preliminares apuntan a que serán muchas las que apuesten por que sea el Estado el que pague la intervención.

Según explican fuentes del abortorio Actur, el centro privado concertado por Salud, el porcentaje de mujeres que acuden derivadas de hospitales públicos para ser sometidas a esta intervención ronda ahora entre el 70% y el 80%. Antes de que entrase en vigor la norma, casi el 100% de las atendidas acudía directamente al sector privado. El precio que esta clínica cobra al Salud por perpetrar el aborto más habitual es de 470 euros. Es decir, realizando una estimación preliminar de que se concertarán aproximadamente ocho de cada diez abortos -se realizan unas 3.000 cada año en la comunidad-, la aplicación de la nueva ley costará a las arcas aragonesas alrededor de un millón de euros.

Desde el Salud, como es obvio, prefieren no adelantar estas previsiones. "Debemos ver cómo evolucionan las cifras y, aunque sí contemplamos que habrá un mayor número de mujeres que acudan al sistema público, todavía desconocemos hasta qué punto", explica el director general de Planificación, Manuel García Encabo, en declaraciones `publicadas en El Periódico de Aragón.

La realidad es que la asunción de los abortos por parte del sistema público está suponiendo un lastre más en la ya asfixiada financiación sanitaria. De hecho, las autonomías y el Ministerio de Sanidad podrían llegar a replantear al alza la aportación de Madrid a la financiación sanitaria si el coste por los abortos se dispara. Un debate más abierto que nunca, sobre todo por las voces que incluso plantean el copago en otros servicios médicos.

Objeción de conciencia

Como añade el diario, el trasfondo de por qué se dispara la factura de la aplicación de la ley se encuentra también en los propios hospitales públicos y en la objeción que mantienen los profesionales sanitarios. Según las cifras oficiales, el pasado año no se hizo ningún aborto en los hospitales públicos y el anterior se practicaron cuatro, todos ellos porque peligraba la vida de la madre o por malformaciones fetales.

Aunque es difícil encontrar especialistas que se definan claramente como objetores -no es de extrañar ante las represalias que podría acarrear desde un ejecutivo que propugna precisamente las listas negras de objetores-, lo cierto es que en el sistema público es complicado dar con un facultativo que quiera realizar estas intervenciones, a no ser que las causas sean las citadas anteriormente.

El Departamento de Salud, sin embargo, no vincula las concertaciones con la objeción de los profesionales. "Concertamos estas intervenciones por su simplicidad, como se hace en otros muchos procesos. No tenemos en cuenta el criterio de la supuesta objeción de conciencia para hacerlo. Las más complejas se realizan en los hospitales públicos", indica García Encabo. Estas intervenciones más complicadas que se hacen en el sector público son, ¿casualmente?, las que se corresponden con el riesgo vital para la madre o con malformaciones del feto, es decir, las que no son materia de objeción. Las más simples -los abortos voluntarios- son precisamente las que los sanitarios son reacios a practicar.

La situación ya era conocida por el Ministerio de Sanidad antes de aprobar la ley. Solo el 2% de todos los abortos realizados en España se realizaron en centros públicos y las comunidades autónomas han decidido seguir una política de concertación que evita problemas.

Aunque ya se han dado casos de sanitarios que han acudido a sus respectivos colegios profesionales para indicar su decisión de objetar, se ha intentado poner trabas complicando el procedimiento para comunicar lo que es el ejercicio voluntario de un derecho constitucional. En principio, las entidades colegiales no tienen obligación de disponer de estos registros. El Colegio de Médicos de Zaragoza protocolizará el sistema para canalizar las objeciones de conciencia, sobre todo como un servicio para sus asociados.

Mientras, la derivación al sector privado en el caso de los abortos voluntarios es automática. Y eso evita conflictos e incluso que los profesionales objeten públicamente.