Cinco de los once votos del TC sí avalan el precedente de suspender la ley Aído

Trasciende el contenido de los votos particulares de la votación en la que por un solo voto no prosperó la suspensión de la Ley del Aborto: inciden estos magistrados en que existe una laguna legal y que la excepcional suspensión se justifica en los graves daños irreparables.

REDACCIÓN HO.-  Se ha dado a conocer el contenido de los votos particulares frente a la decisión por la mínima -por un solo voto, seis votos frente a cinco- de no paralizar la Ley del Aborto, entrada en vigor el pasado día 5. El vicepresidente del TC, Ramón Rodríguez Arribas,  Guillermo Jiménez -quien se adhirió al voto particular de Arribas-, Javier Delgado, Jorge Rodríguez Zapata y Eugeni Gay -nombrado a propuesta conjunta del PSOE y CiU- eran partidarios de estimar la suspensión solicitada por el Partido Popular en su recurso de inconstitucionalidad contra la citada norma y por la que clamaba la mayoría social. Para inclinar la balanza fue fundamental el voto del magistrado nombrado a propuesta de PP Vicente Conde, quien prefirió un formalismo jurídico a la defensa de vidas humanas que representa el costo de esta ley y votó en contra de la suspensión. Por contra los cinco magistrados que sí supieron verlo señalan que la aplicación de la nueva Ley del Aborto puede provocar daños y perjuicios "irreparables", que, además, pueden derivar en la  "extinción de vidas que podrían resultar inconstitucionales".

Y es que en el auto donde se desestima por un solo voto suspender la aplicación de la ley se olvida este carácter de excepcionalidad para acogerse al puro formalismo, fundamentando este mirar para otro lado simplemente en que la Ley Orgánica del TC y la doctrina constitucional impide al tribunal "la posibilidad de suspender la aplicabilidad de la ley estatal". Por este motivo, seis magistrados evitan analizar el fondo del tema, como son los daños irreversibles y las vidas de nasciturus -bien  jurídico que se debe proteger, según la propia doctrina del TC y la Constitución-. Por un puro formalismo legal, se evita entrar en el fondo de la cuestión planteada, que no es otro que la conculcación irreversible de un derecho fundamental constitucionalmente garantizado: el derecho a la vida.

Frente al formalismo, tener en cuenta la excepcionalidad ante el daño irreparable

Los votos particulares, frent al fallo mayoritario que postula que el alto tribunal  "tiene vedada la posibilidad de suspender la aplicabilidad de una ley estatal", enfatizan que no es así dado el carácter excepcional del caso, que justifuca el precedente de establecer la paralización de la ley estatal.

En su voto particular, Javier Delgado Barrio parte de la posibilidad de que el recurso del PP prospere, lo que unido al tiempo que tardará en resolverse, puede originar que durante ese tiempo "podrán producirse interrupciones voluntarias del embarazo que resultarían inconstitucionales, caso de estimación del recurso, lo que es un supuesto de daño absolutamente irreparable". Al igual que otros magistrados, pone de relieve la "excepcionalidad" del supuesto que debía resolver el TC, al afectar al derecho fundamental a la vida: "Nunca había ocurrido que durante la pendencia de un proceso pudiera producirse una extinción de vidas, daño terminantemente irreparable, que podría resultar inconstitucional".

Y su conclusión es rotunda igualmente: "Una protección eficaz de este valor constitucionalmente fundamental –la vida– debe prevalecer cautelarmente sobre las consecuencias de la presunción de constitucionalidad de la ley".

Delgado Barrio manifiesta su discrepancia con la conclusión del Auto del TC porque no admite que "la viabilidad de una suspensión exija una previsión que ha de ser expresa" pues, a su parecer, "basta con que no exista un principio que lo impida". "Creo que la falta de regulación expresa de una potestad para acordar cautelarmente la suspensión de la ley estatal impugnada (...) es una laguna normativa generada como consecuencia de la reforma a la que se sometió la redacción original de la LOTC", explica.

Ablación del clítoris, tortura

Por su parte, Rodríguez Arribas -a quien se adhirió Guillermo Jiménez- alude también a el "evidente perjuicio irreparable" que puede suponer no suspender la ley, al estar afectado el derecho a la vida. Ante esta situación, se pregunta si el TC hubiese mantenido el mismo criterio con una ley que despenalizara o regulara como prestación sanitaria la ablación del clítoris u otra que autorizara la tortura para prevenir atentados terroristas.

"No es aventurado pensar que se buscarían, y con toda seguridad se encontrarían" interpretaciones conforme a la Constitución que permitieran al TC, "con carácter excepcional", la suspensión de esas leyes. Por ello, en este supuesto y dada la "extrema excepcionalidad del caso", se debería haber acordado la suspensión de los preceptos de la ley que pueden producir "efectos irreversibles para el primero y más fundamental de los derechos humanos: el derecho a la vida".

Destaca  Arribas en su voto particular que "si resultara inconstitucional alguno de los preceptos impugnados", la ley ya habría producido "la extinción de la vida de los nasciturus abortados".  Asimismo, considera que "no puede afirmarse que del texto del artículo 30 de la LOTC nazca una prohibición absoluta de suspensión" ya que, según apunta, "cuando se redactó ese precepto había otra excepción, la del recurso previo de inconstitucionalidad frente a leyes orgánicas".

Jorge Rodríguez-Zapata apunta que el Constitucional "nunca se había enfrentado ante la solicitud de suspensión de una ley cuyo contenido afecta de modo tan intenso a los fundamentos mismos del sistema de derechos fundamentales" y argumenta que "el derecho a la vida es la proyección de un valor superior del ordenamiento jurídico constitucional".  En su opinión, "es necesario un matizado" de la regla general por la que el Constitucional no puede suspender las leyes estatales admitiendo "un nuevo criterio" de modo que la medida cautelar "pueda ser acordada en atención a la irreversibilidad de los daños que la aplicación de la ley pueda generar sobre el derecho fundamental a la vida o la integridad física de las personas", como a su juicio, es el caso.

Prioridad ineludible para el legislador

También se pronuncia claramente en su voto particular Eugeni Gay Montalvo, aunque coincide con el Auto del TC en que la Constitución Española (CE) no prevé la suspensión cautelar de una norma estatal, asegura en su voto particular que la alegación del PP sobre el "evidente perjuicio irreparable" de la norma "debió no sólo considerarse sino también atenderse pues, al afectar al derecho a la vida, éste se convierte en un prius ineludible para el legislador".

Para el juez, la nueva norma crea "un caso límite en el ámbito del Derecho" y que es esta circunstancia la que "excepcionalmente enerva la imposibilidad de suspender la vigencia de los preceptos impugnados, establecida en la CE y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)". Además, afirma que se trata de una ley que afecta "al derecho fundamental por antonomasia sobre el que se funda el Ordenamiento Jurídico", el derecho a la vida y critica que, a diferencia de lo que ocurría con la ley anterior --que permitía el aborto en determinados supuestos--, ahora "es la decisión unilateral de la mujer la que puede dar lugar a la interrupción de la gestación de la vida".