Vicente Conde, el magistrado en cuyas manos estuvo paralizar la muerte de inocentes

Vicente Conde, el magistrado en cuyas manos estuvo paralizar la muerte de inocentes

El sorpresivo voto en contra de la suspensión de la Ley del Aborto por parte de este magistrado del TC nombrado a propuesta del PP, por pura formalidad legal, fue decisivo en el fallo.

REDACCIÓN HO.- Como hemos informado en HO,  por un  solo voto se permitirá la eliminación en España de los más inocentes e indefensos. Por seis votos contra cinco -y anunciados cuatro votos particulares entre estos últimos-, el Tribunal Constitucional (TC)C rechazaba suspender la Ley del Aborto, como se le solicitaba, mientras resuelve sobre los recursos de inconstitucionalidad presentados. En este sentido, ha sido decisivo y muy llamativo el voto en contra de la suspensión del magistrado nombrado a propuesta del PP Vicente Conde.  Más cuando ha habido un magistrado a propuesta del PSOE, Eugeni Gay, que sí ha sabido valorar lo que está en juego y ha votado a favor de la suspensión cautelar.

Una interpretración puramente formal de la ley señala que no cabe ante un recurso de inconstitucionalidad la suspensión de una ley emanada por el Estado, pero estamos ante un caso excepcional que el alto Tribunal podría y debería haber tomado perfectamente en consideración de cara a hacer Justicia, estableciendo un precedente plenamente justificado ante el deber de proteger al nasciturus, según su misma jurisprudencia y como establece nuestra Carta Magna, a tenor de que la entrada en vigor de la nueva ley provocará daños irreparables por la eliminación de los no nacidos y el daño físico y psicológico que de por vida causará a las mujeres que pasen por un aborto ante el que, lejos de ofrecerle alternativas, se consagra como un derecho en la nueva norma. En roman paladino, por un puro formalismo legal, se evita entrar en el fondo de la cuestión planteada, que no es otro que la conculcación irreversible de un derecho fundamental constitucionalmente garantizado: el derecho a la vida.

Asimismo, cabe recordar que históricamente se ha suspendido cautelarmente la aplicación de numerosas normas estatales. Por ejemplo, entre 1979 y 1985, hasta que se lo cargó el gobierno de Felipe González, existía el recurso previo de inconstitucionalidad, que permitía suspender automáticamente la aplicación de leyes orgánicas y estatutos de autonomía. Al final, va a concluirse que los derechos humanos que consagrada nuestra Constitución son variables según defina el antojo del Gobierno de turno... 

 Además, el más simple sentido común dice que el Tribunal Constitucional debe suspender cautelarmente la aplicación de determinadas leyes; basta, como señala en un brillante artículo Luis del Pino, con poner un par de ejemplos de reducción al absurdo. Si una ley estatal aprobada por las Cortes autorizara el apalear a los negros (o a cualquier otra minoría en razón de sus razas o creencias), ¿qué defensa le quedaría a éstos si el Tribunal Constitucional no suspendiera la aplicación de esa ley? ¿Defenderse a tiros?¿O qué pasaría si el Gobierno aprobara una ley estatal disolviendo el Tribunal Constitucional? Según la doctrina ayer aplicada, al Constitucional no le quedaría otra salida que aceptar disciplinadamente su propia disolución.

Desconocemos si el magistrado Conde tiene uno o varios problemas con el PP y si está molesto con el grupo que le propuso. En  todo caso, eso no debe llevar a que vote lo contrario de lo que se supone que son sus convicciones y lo que debe ser su deber como salvaguarda de los derechos constitucionales, mucho más si quienes padecen su violación no sólo son inocentes, sino que no pueden defenderse. Si esta ley nos se paraliza, los efectos son nefastos y no hay vuelta atrás, Su conciencia será capaz de soportarlo y de asimilar esas muertes.