Ripoll, en libertad sin fianza tras ser imputado en el 'Caso Brugal'

El PP vuelve a denunciar la detención-telediario: "un montaje con una operación estilo Los Hombres de Harrelson  avisando previamente, por supuesto, a los medios", incide De Cospedal.

REDACCIÓN HO.-El titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela (Alicante) ha acordado mantener la situación de libertad provisional para cinco de las personas que comparecieron este jueves a declarar de forma voluntaria dentro de la denominada operación Brugal, entre ellas el presidente de la Diputación Provincial de Alicante, José Joaquín Ripoll, a quien ha imputado diversos cargos, que ha quedado en libertad sin fianza después de que el magistrado ha desestimado la petición del fiscal de fijar una fianza de 500.000 euros.  

Se da la circunstancia de que a los imputados no se  les ha detallado los hechos imputados como consecuencia del secreto que afecta a las actuaciones, lo que genera una clara indefensión.

En La Mañana de la COPE la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha vuelto a criticar esta mañana el uso partidista de la Policía y de la Fiscalía por parte del Gobierno, en torno a la forma en la que se produjeron las detenciones:

"Se realiza un montaje y una operación estilo 'Los Hombres de Harrelson' con furgonetas y toda una serie de aparataje para que se diera a entender que se había montado una gran operación policial, que luego se salda con la requisación de un expediente en la Diputación y dos en el Ayuntamiento de Orihuela, no más... Por supuesto, se avisa previamente a las televisiones y a los medios de comunicación. A partir de ahí se produce una serie de hechos que no cuentan con todas las garantías legales". 

De Cospedal ha asegurado que el PP se siente "especialmente vigilado y acosado" por parte de lo mandos políticos del Ministerio del Interior tras estos hechos.  En declaraciones a La 10 añadía que son los "mandos políticos", entre los que ha destacado al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, y al propio ministro, Alfredo Pérez Rubalcaba, y no las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FSE), los responsables de la operación.

En esta línea, Cospedal ha denunciado la actitud de la Fiscalía General del Estado, la cual "deja mucho que desear", en relación a la imparcialidad, puesto que el propio Ripoll "no sabe los delitos que se le imputan". De esta forma, ha recordado y reivindicado que el procedimiento, que tienen que cumplir el Ministerio del Interior y la Policía, "tiene que ser legalmente establecido" porque, de lo contrario, los ciudadanos "están viviendo en un Estado policial" y "quien dirige los procedimientos, en vez del juez, es la policía" o el que da "las instrucciones políticas".

Actuación judicial

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en un comunicado, el juez ha ordenado el ingreso en prisión, eludible con una fianza de 100.000 euros, para el empresario Rafael Gregory, al que se le ha concedido un plazo para reunir dicha cantidad.

El juez ha tomado declaración, en calidad de imputadas, a estas seis personas -entre las que también se encuentra el empresario y el máximo accionista Hércules, Enrique Ortiz, un empleado de su empresa Inusa y otro de la firma Sufi y un empresario valenciano- que debían comparecer en el marco de las Diligencias Previas 851/07, abiertas por los posibles delitos de tráfico de influencias, fraude y cohecho, entre otros.

En cada comparecencia se han practicado las diligencias de imputación judicial y se ha explicado a cada uno de los afectados por la investigación que no se les podían detallar los hechos imputados como consecuencia del secreto que afecta a las actuaciones, aunque sí que se les ha expuesto, de forma minuciosa, las figuras penales y los preceptos legales a los cuales se pueden referir sus conductas, ha detallado el TSJCV en un comunicado.

El Juzgado tiene previsto que este viernes comparezcan para diligencia de imputación judicial y posterior declaración en calidad de imputadas, otras cinco personas, tres concejales del Ayuntamiento de Orihuela y dos empresarios de la localidad.

 Contra los autos dictados por el magistrado-juez cabe interponer recurso de reforma en el plazo de tres días, según se les ha notificado a las partes este jueves.

Recursos informativos:

• La Justicia insiste: el Ministerio de Interior ha actuado por su cuenta en Alicante
• El manejo político de la Fiscalía, cada vez más evidente
• El PP exige a Interior y a la Fiscalía transparencia y trato igualitario en sus actuaciones
• ¿Otra “detención-telediario”?
• Detenido el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll