Ningún hospital público de Castilla y León perpetrará abortos

Ningún hospital público de Castilla y León perpetrará abortos

<span style="font-size: small;">«BLOGS HO: <span class="feedlink"><a href="http://blogs.hazteoir.org/castillayleon/2010/07/07/los-medicos-de-castilla-y-leon-se-niegan-en-bloque-a-practicar-abortos/">Los médicos de Castilla y León se niegan en bloque a pra

REDACCIÓN HO.- En ni uno solo de los 14 complejos hospitalarios públicos de Castilla y León, que suman 24 centros,  se perpetrarán abortos, porque no se han podido constituir los equipos necesarios para ejecutarlos: médicos, enfermeras y anestesistas se acogen a su derecho constitucional a la objeción de conciencia, frente a la aplicación de la nueva ley del aborto. Así lo han señalado fuentes de la Consejería de Sanidad, concluyendo así la imposibilidad de cumplir  la nueva ley del aborto, que impone la obligación de facilitar el aborto en los centros de la red sanitaria pública como "una prestación sanitaria más"  Lo que sí se ha logrado constituir la Junta son 11 comités para evaluar que las demandas de aborto recibidas se ajusten a la legalidad.

Así, en primer lugar, y como ya ocurría con la ley anterior de 1985, en Castilla y León los abortos seguirán perpetrándose en los negocios privados, que en esta comunidad don tres y se ubican en León (Centro Ginecológico Buenavista), Salamanca (Clínica Multicéntrica Centro) y Valladolid (Ginemédica).

La Junta de Castilla y León, que reprocha las prisas del Gobierno de Zapatero por poner en práctica esta ley -ha dispuesto sólo de cinco días para preparar los procedimientos y la documentación necesaria-, asegura no obstante que cumplirá "obligada por ley" la nueva norma y que a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie, la Consejería de Sanidad ha llevado a cabo las gestiones necesarias previstas en la normativa estatal que entró en vigor este lunes.

Así lo declaraba el martes la directora de Planificación, Calidad, Ordenación y Formación de Sacyl, Ana Hernando, que destacaba también que la Consejería "ha solicitado al Ministerio información sobre la financiación, el coste sobrevenido", de la aplicación de la mal llamada Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, ya que es una "prestación ampliada" de la cartera de servicios.

Publicado en el BOCyL: constituidos 11 comités de evaluación

De hecho, este mismo lunes, fecha de la entrada en vigor de la nueva ley, la Junta ya publicaba en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) la designación de los comités clínicos que deberán evaluar determinado supuestos, que se elevan a 11; reconoce la acreditación -ya existente con anterioridad para responder a la anterior normativa- de tres negocios abortistas privados -los ya citados en esta noticia-- además de la posibilidad de acudir a abortorios de otras comunidades autónomas que pueden consultarse en la página web del Ministerio de Sanidad, y hace pública la documentación sobre la información previa al consentimiento, y las instrucciones internas para la gestión de cada caso.

La Junta afirma que ha elaborado y repartido a centros públicos y abortorios privados la documentación necesaria para informar a las embarazadas sobre ayudas y políticas activas de apoyo, así como a los centros sanitarios sobre los procedimientos para el desarrollo de la norma. También señala que ha establecido  "los sistemas necesarios para codificar y proteger los datos personales de las solicitantes, que podrán recibir esta información general de forma verbal, telefónicamente o bien por medios electrónicos, incluido el Portal de Salud de la Junta, en el que ya está disponible".

Procedimiento

Recibida esta información, en el caso de que la mujer opte finalmente por abortar según  el artículo 14 de la ley (dentro de las primeras 14 semanas y a petición de la embarazada), deberá acudir a su centro de salud, donde se le solicitarán las pruebas necesarias para confirmar la edad gestacional y, si cumple los requisitos, se tramitará la solicitud y se le entregará personalmente un sobre cerrado con resguardo de entrega (artículo 5 del Real Decreto 825) que incluirá una carpeta informativa con las ayudas, derechos y centros. A continuación se remitirá la solicitud a la Gerencia de Salud de Área correspondiente, que emitirá autorización para realizar la intervención en un centro acreditado.

En cuanto a los comités clínicos (artículos 2 y 3 del Real Decreto), que serán órganos colegiados de carácter consultivo, Sanidad ha creado once, uno en cada área de Salud, formados por especialistas que intervendrán en el supuesto por causas médicas en cualquier semana de gestación, "cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico", regula el artículo 15. Médicos especialistas en Ginecología y Obstetricia, en diagnóstico prenatal y pediatras constituyen cada grupo. Con carácter inmediato y previo a la prestación del consentimiento informado y por escrito para proceder a a la intervención, la embarazada recibirá también información, «verbalmente a ser posible, sobre las consecuencias médicas, psicológicas y sociales de la decisión que se tome».

Sacyl también ha establecido unas instrucciones por las que se regula de forma interna el procedimiento en el Sistema Regional de Salud. Los profesionales directamente implicados han sido preguntados formalmente y por escrito antes de entrar en vigor la normativa sobre su derecho a la objeción de conciencia.