El Consejo de Ministros aprueba el reglamento de la Ley del Aborto

El Consejo de Ministros aprueba el reglamento de la Ley del Aborto

Lo que el Gobierno entiende por "prestación sanitaria" deberá tener carácter universal en todo el territorio nacional, insiste De la Vega.

REDACCIÓN HO.- El Gobierno impone el aborto. Lo que el Gobierno entiende por "prestación sanitaria"  en la nueva Ley, cuyo reglamento ha aprobado hoy el consejo de ministros a través de dos reales decretos, deberá tener carácter universal en todo el territorio nacional, y el centro público que no pueda garantizar la comisión de abortos deberá reenviar a la mujer a un centro autorizado.

Según explicó en rueda de prensa la vicepresidenta Primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, una de las normas aprobadas para desarrollar la ley que entrará en vigor el próximo 5 de julio "regula el deber de las jóvenes de 16 a 17 años que decidan interrumpir su embarazo, de informar a sus padres o representantes legales y acreditar esa información cuando acudan a un centro con el deseo o la intención de solicitar una interrupción de su embarazo".

No obstante, hay que recordar que al mismo tiempo se dan las claves para que tal premisa quede en agua de borrajas, pues como se pactó con el PNV, las menores quedan exentas de este requisto si alegan que ello les plantea 'graves consecuencias'.

Estos reales decretos han regulado asimismo, "la naturaleza, composición y funcionamiento del comité clínico encargado de constatar la existencia o no de enfermedades previamente diagnosticadas" y la información previa al consentimiento de la mujer, "que se realizará en tres fases", conforme adelantó De la Vega.

El desarrollo de la ley señala que los abortos se practicarán en la red sanitaria pública o los centros acreditados y vinculados a la misma y aclara que si un centro público no puede atender "a tiempo" una solicitud de interrupción de embarazo de una mujer, reconocerá el derecho de ésta a acudir "a cualquier centro acreditado".

Desde Navarra, su presidente, Miguel Sanz, ya adelantaba esta mañana una respuesta: sin olvidar que el gobierno foral de UPN (que gobierna en minoría, con apoyos puntuales del PSOE) ha recurrido la ley ante el Constitucional, advertía que Navarra no aplicará la ley del aborto hasta que se desarrolle la objeción sanitaria, para garantizar este derecho constitucional a los profesionales que no quieran perpetrar abortos.

Entrevistada en la COPE, la secretaria nacional de Educación del PP y portavoz en el Congreso del rechazo de su grupo a esta ley durante su tramitación, Sandra Moneo, destacaba que "esta es una ley manifiestamente inconstitucional en su origen. El Gobierno presenta hoy dos decretos de desarrollo de una ley que vulnera ya en su texto original algo tan fundamental como es el derecho a la vida, y el resto, lo que pueda hacer el Gobierno más o menos, simplemente es el desarrollo de esa ley inconstitucional".

"Si que nos preocupa enormemente -añadía la diputada popular- el que disfracen algo tan grave como es el tema del consentimiento de las menores, que sigue sin existir. Y en cuanto a la información que se debe prestar a los padres, dentro de la información que nos ha dado la vicepresidenta, si lo que se pretende desarrollar  en esa información es conforme a esta ley, lo cierto es que sólo excepcionalmente las menores tendrán que informar a los padres, por lo tanto, aborto en menores desde los 16 años sin conocimiento ni consentimiento de los padres y vulneración de un principio fundamental, por lo tanto hay poco más que decir de esta nefasta ley del Gobierno".