El Gobierno valenciano aprueba el anteproyecto de ley de autoridad pública del profesorado

El Gobierno valenciano aprueba el anteproyecto de ley de autoridad pública del profesorado

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REDACCIÓN HO y EUROPA PRESS.- El consejero de Educación de la C. Valenciana, Alejandro Font de Mora, ha anunciado hoy la aprobación en el pleno del Gobierno valenciano del Anteproyecto de Ley de Autoridad del Profesorado, cuyo objetivo es "garantizar el ejercicio efectivo de la función docente en los centros públicos y concertados, la promoción de la convivencia y la autonomía del profesorado en el desarrollo educativo del alumnado".

Tras el pleno del Consejo, Font de Mora ha destacado que uno de los más graves problemas que tiene la educación es la "relación" entre las familias, los alumnos y el profesorado. A su juicio, la mejor forma de enfocar los conflictos entre estas partes es a través de la "consideración de esta ley", cuyo núcleo fundamental es la "protección jurídica al profesorado".

El Consejero ha afirmado que la Generalitat ya está aplicando los principios en que se fundamenta la futura ley, que también inspiran el decreto de derechos y deberes de 2008. Ha detallado que, durante el año 2009, esta norma se aplicó en 23 casos para preservar la autoridad del profesorado y en el presente año se han incoado hasta la fecha 8 expedientes de esa índole. En todos ellos, la Administración educativa valenciana "está ya alegando la condición de autoridad pública de los docentes".

Font de Mora ha destacado que el texto aprobado hoy establece que el profesor tendrá la condición de autoridad pública en el ejercicio de sus funciones, gozará de la presunción de veracidad en la aplicación de medidas correctoras o disciplinarias y  tendrán la protección jurídica de la Administración autonómica. De ella gozarán tanto los trabajadores de centros de los que es titular la Generalitat como los que prestan sus servicios en colegios concertados.

El anteproyecto se refiere también a la responsabilidad y reparación de daños. Así, el alumno que cause daños en las instalaciones "quedará obligado" a repararlo y sus tutores legales serán responsables civiles.

En caso de agresión física o moral al profesorado, también deberá repararse dicho daño mediante la petición de excusas y el reconocimiento de la responsabilidad de los actos. Por otra parte, el equipo directivo del centro docente estará obligado a poner en conocimiento de la Fiscalía los presuntos delitos o faltas.

Con esta normativa, la Consejería pretende fomentar la participación del profesorado en la elaboración, control del cumplimiento y evaluación de las normas de convivencia en el centro y el aula, así como asegurar el reconocimiento, respeto, ejercicio correcto y efectiva garantía de los derechos y deberes de todos los miembros de la comunidad educativa.

Para ello, se reconoce a los profesores el derecho a ser respetados, recibir un trato adecuado y ser valorados en el ejercicio de sus funciones. También el de participar y recibir la colaboración necesaria para la mejora de la convivencia escolar y la educación integral del alumnado, así como el de disponer de autonomía para tomar las decisiones necesarias para mantener un clima de convivencia adecuado en las clases y las actividades escolares y a la protección jurídica adecuada.