"Como poner a los zorros a cuidar del gallinero"

"Como poner a los zorros a cuidar del gallinero"

Derecho a Vivir (DAV) denuncia que quienes se lucran con el aborto sean los que decidan en los casos de menores que alegan “conflicto familiar”.

MADRID, 25 DE MAYO DE 2010.- “Que los médicos abortistas, cuyo lucro personal depende del número de seres humanos que logran eliminar cada día, sean los encargados de dirimir si una menor está en una situación de conflictividad familiar y por tanto, no deba informar a sus padres de que ha decidido matar al niño que lleva en su seno, supone una aberración y una subversión del principio de  la patria potestad”. 

Esta es la contundente conclusión a la que llega la plataforma Derecho a Vivir (DAV) por boca de su portavoz, la doctora Gádor Joya, al conocer esta mañana los primeros detalles del reglamento que desarrolla la nueva ley del aborto, que entrará en vigor el próximo día 5 de julio.

Según la filtración que hoy publica El País, será el médico que atienda a las menores de 16 y 17 años que quieran abortar sin consentimiento paterno alegando “conflictividad familiar”, el que decida sobre la veracidad de esa situación. Es decir, el médico se convertirá en “policía” y “juez”, al tiempo que es “parte” en el asunto, ya que cada cada aborto supone un importante lucro personal. “Este extremo del borrador del reglamento, de llevarse a cabo, es como poner a los zorros a cuidar el gallinero”, subraya Gádor Joya.

Por otra parte, la portavoz de Derecho a Vivir también considera que el requisito de una sola firma, en el caso de menores que no aleguen conflictividad, no garantiza los derechos de los dos padres. “En una sociedad con un número de rupturas matrimoniales cada vez mayor, que sólo sea necesaria la firma de uno de los padres podría dejar ‘fuera de juego’ a los que no sean informados y que tienen igual derecho a conocer si su hija está viviendo un drama como es el de plantearse un aborto tras un embarazo inesperado.

En último lugar, DAV reitera su denuncia de que esta ley ha sido realizada por un Gobierno entregado a la patronal del aborto, que ha presionado al Ejecutivo antes y después de su aprobación para blindar su negocio, su único interés real, aunque hayan tratado de vender la idea de que se trata de una legislación de protección y ayuda a la mujer. La consideración sobre estas presiones queda patente cuando hace tan solo quince días los propios empresarios del aborto pidieron que se clarificara lo referente a las menores en situación de “conflictividad familiar”. Además, según las informaciones publicadas, este reglamento será sometido a las alegaciones de los “involucrados” en la práctica de abortos.

Todas estas consideraciones de Derecho a Vivir se enmarcan en su rechazo total a esta ley del aborto y a cualquier legislación pasada o futura que lo ampare.